El gobierno cubano se vio obligado a comprar un buque cargado de petróleo que se negaba a atracar en el Puerto de La Habana porque su armador quería evitar sanciones del gobierno de Estados Unidos, dijo la noche del martes el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, en la Mesa Redonda de la televisión nacional.
La Habana dejó de recibir dos naves destinadas a la flota de Cubana de Aviación, y una de ellas tenía incluso la inscripción de la aerolínea en el fuselaje cuando la venta fue cancelada, informó también el ministro.
Tres grandes proyectos para la remodelación de aeropuertos cubanos, la compra de esos aviones y la modernización de talleres ferroviarios fueron suspendidos porque al menos dos compañías internacionales cancelaron a última hora sus contratos con La Habana.
Sin embargo, Rodríguez Dávila no mencionó el nombre de ninguna de las compañías.
Al explicar la causa de las cancelaciones, el ministro se refirió a la Ley Libertad por el nombre que más se le conoce: Ley Helms-Burton.
De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, una de las firmas que cancelaron sus contratos es el gigante francés Bouygues Batiment International, que en 2016 ganó una concesión para ampliar el Aeropuerto Internacional Jose Martí, de La Habana.
Al año siguiente, la compañía francesa anunciaba su participación en construcciones de hoteles en Varadero, Santa María, Cayo Coco y como parte del equipo constructor que dejó listo el hotel Gran Manzana Kempinski.
El proyecto aeroportuario preveía “la financiación y ejecución de acciones inmediatas que mejoren la calidad de los servicios, así como las inversiones a mediano y largo plazos en correspondencia con los crecimientos estimados de pasajeros”, según una nota del Ministerio del Transporte emitida entonces en el noticiero nacional.
Pese al anuncio, nunca se volvió a hablar del proyecto, y aparentemente las obras de reforma ni siquiera se iniciaron, o al menos no se ha apreciado ninguna intervención de grandes dimensiones en las instalaciones aeroportuarias, informa EFE.
Según el ministro Rodriguez Dávila, para cancelar su participación, la compañía que iba a trabajar en las obras del aeropuerto envió una carta en la que atribuía su retirada a “nuevas circunstancias desafiantes para la economía”.
A Bouygues Batiment International se sumaba Aeropuertos de París, y además del José Martí trabajarían en la ampliación del aeropuerto de San Antonio de los Baños.
La fiirma europea que canceló el contrato de venta de los dos aviones le dijo al gobierno cubano que reembolsará el monto anticipado y lamentó que la ruptura del contrato sea la “única solución a las circunstancias actuales”, dijo el ministro.
Rodriguez Dávila recordó igualmente que la Administración de Donald Trump disminuyó el por ciento de componentes que debe tener un producto para quedar comprendido en las sanciones contra el gobierno cubano (del 25% al 10%), lo cual amplía la cantidad de esos productos sujetos a prohibiciones de ventas a La Habana.
El ministro tampoco citó el nombre de la firma extranjera que se retiró del proyecto de modernización de talleres ferroviarios, pero, según EFE, parece tratarse de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF), con la que la Unión de Ferrocarriles de Cuba anunció en 2018 un “ambicioso proyecto de colaboración” que incluía inversiones de más de 46 millones de dólares.
Ese convenio debía extenderse hasta el 2028 y contemplaba modernizar dos grandes talleres de locomotoras en La Habana y en Camagüey, recuperar vagones para pasajeros y poner en funcionamiento el conocido en la isla como “tren francés”.
Con información de la Mesa Redonda de la televisión cubana y la agencia EFE
