Amnistía Internacional (AI) publicó este viernes una carta abierta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel solicitando formalmente acceso al país para observar el próximo juicio de José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
La organización indicó en un boletín difundido en Ciudad de México que Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y, hasta la fecha, ha permanecido incomunicado durante una parte significativa de su detención, de acuerdo con los reportes de su familia.
Señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas expresó recientemente su preocupación respecto a la situación de Ferrer y solicitó al Estado cubano información precisa del caso.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, refirió que "Cuba ha dicho a la ONU que las denuncias de violaciones de derechos humanos en contra de José Daniel Ferrer García son 'falsas'".
"Si es así, Cuba no debería tener inconveniente en permitir que Amnistía Internacional visite el país, como organización independiente de derechos humanos, para observar el próximo juicio de José Daniel", añadió.
AI indicó que recientemente recibió información que sugería que Ferrer pudo haber sido torturado o sufrido malos tratos durante su detención. Asimismo, expuso, su familia informó de que no contó con una constancia oficial de los cargos en contra de José Daniel hasta pasados más de 30 días de su detención.
"Amnistía Internacional ha observado juicios en múltiples países desde hace décadas como una herramienta que permite monitorear la situación de derechos humanos en un caso específico y de manera objetiva e imparcial. En consonancia con esta práctica, solicitamos al presidente Díaz-Canel que permita nuestro acceso a Cuba", dijo Guevara-Rosas.
El 20 de noviembre el Gobierno cubano justificó el encarcelamiento de Ferrer desde hace casi dos meses por un supuesto acto violento y negó que haya sido torturado o privado de alimentos.
Un inusual artículo publicado ese día en el diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista, es la primera reacción pública al caso de las autoridades cubanas, que califican a Ferrer de "agente asalariado al servicio de Estados Unidos, con una larga trayectoria de acciones de provocación".
Ferrer, un disidente de 49 años que ya pasó casi ocho años en prisión la pasada década, fue detenido el 1 de octubre junto a otros activistas opositores y desde entonces permanece encarcelado en la provincia de Santiago de Cuba.
La familia y compañeros del opositor han denunciado falta de información y acceso a Ferrer, así como supuestas torturas físicas durante su aislamiento.
El artículo de Granma asegura que el opositor está pendiente de juicio, ha recibido la visita de su familia y ha contado con atención médica y asistencia religiosa.
"Todas las referencias a su desaparición física, al supuesto maltrato físico, a la tortura o a que recibe insuficientes alimentos son puras mentiras deliberadamente concebidas y orientadas por el Gobierno de Estados Unidos y su Embajada en La Habana", refiere el escrito.
Según el artículo, el disidente fue detenido "en respuesta a la denuncia presentada por un ciudadano cubano, quien acusa a Ferrer y a otros tres individuos de haberlo secuestrado durante toda una noche y propinado una severa golpiza que lo dejó en condiciones de ingreso hospitalario".
Carlos Amel Oliva, portavoz de UNPACU, consideró en declaraciones a EFE que el artículo de Granma es "una gran manipulación y una evidencia de que estamos en medio de un proceso judicial motivado por razones netamente políticas".
Sobre las acusaciones contra la embajada de EEUU, dijo que la misión diplomática "se ha comportado de manera solidaria con las
víctimas de la represión del régimen cubano, que somos no sólo opositores, sino periodistas independientes y artistas".
