Este lunes 13 de agosto comenzaron en Cuba las reuniones de los más de 7.600 dúos de ciudadanos, seleccionados por el Gobierno, para trabajar en el proyecto de nueva Constitución. Opositores y periodistas independientes conversaron con Radio Martí, evidenciando una postura crítica y escéptica hacia los cambios a la Carta Magna de 1976, cuya aprobación se ha anunciado, en “consulta popular”, para comienzos del próximo año.
El abogado disidente René Gómez Manzano, presidente de la Corriente Agramontista, señaló que lo que el régimen ha nombrado como una “consulta nacional” no se trata de un debate de carácter popular, sino de meras “comparecencias dirigidas por estos dúos que han estado entrenando durante varias semanas”.
Gómez Manzano advirtió que aunque en las reuniones, los designados por el Estado expongan “alguna objeción, alguna respuesta alternativa”, lo que no puede perderse de vista es que ha sido el régimen quien “nombró esos dúos, que son los que van a dirigir este proceso, en los distintos barrios y distintos centros de trabajo”.
El también periodista subrayó que “son estos mismos dúos los que van a levantar las actas correspondientes. Son ellos mismos los que van a analizar las objeciones que se hagan, y son ellos mismos lo que en definitiva van a determinar qué cosa es lo que se somete a la decisión final de la Asamblea Nacional, que será la que hará, por ley, por la Constitución, la versión final del proyecto constitucional”, explicó el coautor, junto con Martha Beatriz Roque, Vladimiro Roca y Félix Bonne Carcasés, del documento anticastrista La Patria es de todos.
“No se puede hablar de un debate propiamente dicho. Sí, un proceso donde las personas hablarán, y todo lo que se diga ahí y se va a reflejar, es lo que les cuadre a ellos (al régimen), lo que les parezca bien y lo que en definitiva responda a su política y sus intereses”, aseveró el jurista.
El periodista independiente Mario Echevarría Driggs recorrió este lunes algunas calles preguntándoles a los cubanos sobre sus expectativas con el proyecto de nueva Constitución y no pocos, inmersos en las carencias cotidianas impuestas por el bajo nivel de vida, expresaron su desconfianza en el proceso y preocupación por el futuro.
“En estos momentos el país está pasando por una situación bastante terrible. No se construyen casas, no se están arreglando casas, al contrario, todo es hotelería. Todo está como más hundido, más en la miseria. La sociedad está ya preocupada con hacia dónde nos dirigimos en ese aspecto. Hay inquietud. Eso lo puedo garantizar”, relató.
El reportero criticó la incongruencia del proyecto de Constitución al ratificar la existencia de un partido único, el Comunista, y que a la vez expresa que la hegemonía de este partido está sustentada “en su carácter democrático y permanente vinculación con el pueblo”. “No se explica esa parte de democrático”, manifestó.
Para Manuel Cuesta Morúa, la mera existencia de los artículos 5 y 10 es una muestra de que el proyecto constitucional es “contradictorio” y va en contra de la libertad y la democracia.
Según el disidente, las primeras propuestas emanadas de las mesas han redactado el artículo 5 de este modo: “Como Estado democrático, en Cuba se reconocen el pluralismo y el pluripartidismo políticos. Todos los ciudadanos pueden, en ejercicio de su libertad política, auto organizarse en partidos o movimientos políticos”.
Pero este mismo artículo evidencia una contradicción esencial, denominando al Partido Comunista como “único, martiano, fidelista, marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana” y “nada de eso conduce a la democracia con la excepción de Martí”, sentenció Cuesta Morúa.
“Todas las palabras del artículo 5 son antidemocráticas”, denunció el portavoz del Partido Arco Progresista, quien dijo a Radio Martí que hasta el momento hay instaladas unas 42 mesa en el país.
Otro de los artículos más criticados es el 10, que otorga la soberanía del país pueblo. “Esa soberanía, insustituible e inalienable, es ejercida directamente o por medio de representantes electos y se expresa en el ejercicio pleno y autónomo por la ciudadanía, con sus libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y manifestación”, dice el artículo, pero dicha soberanía sólo puede ser ejercida a través de las asambleas del Poder Popular y otros órganos controlados por el Estado.
“¿Quién decide qué? ¿Quién tiene la primera y la última palabra: el pueblo o el Estado?”, pregunta el coordinador de la Plataforma Nuevo País.
Cuesta Morúa aseguró que con este proceso el régimen de La Habana “busca legitimar” tres cuestiones fundamentales:
"Que la gente acepte el dominio absoluto del Partido Comunista" y que al mismo tiempo acepte que "bajo la hegemonía" de este partido único "se puede producir el esquema de la Constitución de 1940. Una combinación contradictoria y totalmente absurda. Pero es un intento de modernizar institucionalmente, garantizando al mismo tiempo la hegemonía del Partido Comunista. Por supuesto sin dar demasiados espacios a los intereses y los derechos de la gente”.
Y finalmente que, "si eso el gobierno lo logra legitimar en esta consulta, pues le enviaría un mensaje al mundo de que aparentemente el país se moderniza, cuando en realidad lo único que hace, en términos políticos, es sobre todo dar un paso atrás”.
Por su parte el doctor y exprisionero de conciencia Oscar Elías Biscet, en su columna de este lunes en Diario las Américas, recalca que “la dictadura castrocomunista ha propagado la idea de estar haciendo una nueva constitución. Esta no es más que una espuria reforma para enmascarar en un lenguaje jurídico y humanista los artículos violatorios de la dignidad humana. Continúa la ausencia de convivencia civilizada: democracia y libertad; y la permanencia de un único partido legal, el comunista, que está por encima de la voluntad del ciudadano, la nación y de la Ley”, concluye Biscet.
El proceso de revisión, a manos de ciudadanos elegidos por el Partido Comunista, de la propuesta de cambios a la Constitución vigente, recientemente confeccionada por la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), se realizará hasta el mes de noviembre. Una vez concluidas estas reuniones, la Asamblea Nacional aprobará un nuevo borrador que será sometido a un referendo anunciado para febrero de 2019.
(Con reportes de Amado Gil y Paul Rodríguez)
