El Gobierno de Estados Unidos está "estudiando muy de cerca" la posibilidad de imponer más sanciones a individuos en Venezuela y revocar licencias a empresas petroleras que trabajan en el país sudamericano, ante lo que califica de elecciones fraudulentas, dijo el viernes un funcionario de alto nivel.

Brian Nichols, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, hizo estas declaraciones durante una reunión informativa con periodistas transmitida por Internet.

"El uso de sanciones individuales o la revocación de licencias relacionadas con sanciones sectoriales es algo que estamos estudiando muy de cerca", dijo Nichols, cuando se le preguntó por la posibilidad de imponer nuevas restricciones de visado a individuos, así como poner fin a licencias petroleras.

Nichols dijo que el Gobierno de Estados Unidos también trabajará "en consulta con nuestros amigos y aliados que también están preocupados por este tema".

Los comentarios los hizo casi dos meses después de las controvertidas elecciones del 28 de julio en Venezuela.

Las autoridades electorales y el máximo tribunal del país han proclamado al presidente Nicolás Maduro vencedor de la contienda con el 52% de los votos, pero no han revelado los recuentos de votos locales pese a que se comprometieron a hacerlo.

Poco después de los comicios, la oposición subió a un sitio web copias escaneadas de miles de recibos de máquinas de votación que sus observadores obtuvieron y que, según ellos, muestran una victoria aplastante de su candidato, Edmundo González.

Luego de alcanzar cifras récord el año pasado, el paso de migrantes por la peligrosa selva del Darién, que sirve de barrera natural entre Panamá y Colombia, se redujo en un 35% interanual en los primeros nueve meses de 2024, dijo el jueves una autoridad del istmo citando cifras oficiales.

Las autoridades panameñas atribuyen la caída a las medidas de seguridad más estrictas implementadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, que asumió el 1 de julio, y que incluyen, entre otras, el cierre de tramos del Darién con alambre de púas y repatriaciones con apoyo de Estados Unidos.

Entre enero y el 25 de septiembre, 259.712 migrantes llegaron a Panamá a través del Darién, un 35% menos en comparación con el mismo lapso del año pasado, informó el jefe de la Brigada Oriental del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Alexis De Gracia.

El 68% de aquellos migrantes proviene de Venezuela.

Panamá se ha convertido en una ruta de paso para decenas de miles de migrantes que, en su mayoría, buscan llegar a Estados Unidos. El año pasado, un récord de más de 520.000 migrantes -la mayoría de ellos venezolanos- cruzaron el Darién en busca de mejores oportunidades en el norte.

En julio, el primer mes de Mulino en la presidencia, 20.519 migrantes cruzaron el Darién, un 34% menos desde junio y menos de la mitad de los que atravesaron la zona en el mismo mes del año pasado. En agosto hubo 19% menos cruces respecto al mes previo y cinco veces menos en comparación con el mismo mes de 2023.

A pesar de ello, los analistas creen que es poco probable que las medidas implementadas por el gobierno de Mulino tengan éxito en el mediano plazo porque no combaten las causas fundamentales de migración y, por el contrario, podrían hacer que los viajes sean aún más peligrosos.

De Gracia no confirmó si el flujo de migrantes a través del Darién se habría reducido por la activación de otras rutas migratorias desde Colombia a través del Caribe.

"Existe la posibilidad de que usen otras rutas, se habla de la isla de San Andrés", dijo la autoridad. "La migración también es una situación aprovechada por delincuentes que buscan la manera de vulnerar las vías de acceso correcto", agregó.

Unas 53 personas han muerto y otras 51 están desaparecidas en el occidental estado mexicano Sinaloa desde que facciones rivales del Cártel de Sinaloa comenzaron a enfrentarse a principios de septiembre, dijeron el viernes autoridades locales.

El detonante del conflicto entre los dos grupos más poderosos del cártel se remonta a julio, cuando el legendario traficante y líder de una de esas agrupaciones, Ismael "El Mayo" Zambada, fue detenido en Estados Unidos.

El emblemático capo, de 74 años, afirma que un miembro de alto rango de la otra facción, "Los Chapitos", lo obligó a subir a una aeronave en la que lo llevó a Estados Unidos contra su voluntad.

Desde que estallaron los enfrentamientos el 9 de septiembre, los tiroteos han alterado la vida en la capital estatal, Culiacán, donde las escuelas han tenido que cerrar algunos días y restaurantes y tiendas han acortado sus horarios de servicio.

El secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, dijo el viernes que más de 40 personas han sido detenidas en los últimos días.

El Ejército mexicano, que ha luchado por calmar la violencia, arrestó en la víspera a un supuesto jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos" e hijo del excapo de la droga encarcelado, Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Fernando Pérez, conocido como "El Piyi", fue capturado en Culiacán, según una fuente de seguridad federal.

Mientras tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que estaba entregando recursos a las autoridades locales para alimentar a una tigresa atada a un árbol. Poderosos narcotraficantes en México suelen tener tigres y otros animales exóticos como mascotas.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que Estados Unidos era en parte responsable de la inestabilidad, haciendo referencia a supuestas conversaciones de rendición previas entre funcionarios estadounidenses y Joaquín Guzmán López, el traficante señalado de entregar a Zambada.

Funcionarios estadounidenses han confirmado en privado que mantuvieron conversaciones con Guzmán, pero el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo el mes pasado que las autoridades de su país se sorprendieron al descubrir a Zambada en suelo estadounidense.

Acciones diplomáticas de los países que apoyan la democracia es lo que plantea para Venezuela la general Laura J Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en momentos en que se ha agravado la crisis política en la nación sudamericana por la salida al exilio del excandidato opositor Edmundo González Urrutia.

La encargada del Comando Sur, una unidad militar de Estados Unidos para asuntos de seguridad y defensa en Latinoamérica y el Caribe, aseguró que lo que está pasando en Venezuela “tiene un impacto muy severo en la región” debido al flujo masivo de personas que han abandonado el país para “evitar una crisis humanitaria”.

Ante una pregunta de la Voz de América sobre qué tan preparado está Estados Unidos para la eventualidad de que el presidente Nicolás Maduro siga en el poder por seis años más tras proclamarse ganador de las elecciones sin revelar las actas de votación, la general Richardson aseguró: “Seguiremos trabajando, todos nosotros, como parte del equipo pro-democracia en todo el mundo en favor de una solución política y diplomática para Venezuela”.

La oficial estadounidense habló con la prensa durante un homenaje organizado por la embajada de Colombia en Washington en la que destacó el trabajo conjunto histórico entre Estados Unidos y Colombia en asuntos de seguridad, defensa y liderazgo regional.

La general Richardson dijo que consideraba a Colombia como parte del “equipo democracia” en lo que concierne a Venezuela. La cancillería de Colombia, por su parte, ha insistido en un “diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política” en Venezuela, pero no ha reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela, como lo hizo Estados Unidos.

Este jueves la Unión Europea fue más allá y reconoció a González como el presidente legítimo y democráticamente elegido de Venezuela”.

El reconocimiento de la Unión Europea fue rechazado por la Asamblea Nacional de Venezuela que en un documento calificó la postura de la Unión Europea como una "grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela”.

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional asumió el viernes la autoría de un ataque con explosivos contra una unidad militar al este de Colombia en el que murieron tres militares y 26 resultaron heridos, lo que derivó en que el gobierno suspendiera indefinidamente las negociaciones de paz.

El ELN indicó que el fuerte militar “fue atacado con artillería propia” y justificó que se trató de un accionar “legítimo” porque, aseguró, algunos militares tenían presuntas alianzas con paramilitares.

El ataque fue perpetrado el martes en un poblado rural de Arauca, departamento fronterizo con Venezuela. Según el ejército, los explosivos fueron lanzados a los militares desde un vehículo de carga.

El comunicado fue difundido por la delegación de paz del ELN y firmado por el frente que opera en Arauca, donde fue perpetrado el ataque. En el documento el frente asegura que cumplió “orientaciones” de la máxima instancia de la guerrilla sobre una mesa de paz congelada y en crisis desde marzo.

El ELN, fundado en 1964 e inspirado en la revolución cubana, tiene presencia en más de 200 municipios del país, con especial influencia en la frontera con Venezuela, según las autoridades. Tiene una estructura de bloques y responde a un comando central.

El ataque en Arauca sumió en su más honda crisis a la mesa de diálogo que se instaló con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro en noviembre de 2022, luego de que las negociaciones permanecieran suspendidas por más de tres años con el anterior gobierno colombiano a causa de otro ataque con explosivos en Bogotá que causó la muerte de 22 personas e hirió a decenas.

Para Petro, el ataque es prácticamente una “acción que cierra un proceso de paz con sangre”, según dijo el martes dando un ultimátum a la guerrilla.

Sin embargo, un día después la delegación de paz del gobierno informó la suspensión indefinida de los diálogos y no su cierre, advirtiendo que la viabilidad del proceso quedó “severamente lesionada” por el ataque y “su continuidad sólo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del ELN”.