La violencia del Estado contra los periodistas independientes cubanos quedó expuesta en el Foro Latinoamericano de Periodismo, que se celebra este fin de semana en Bogotá, en el marco del Festival Gabo.
En una alocución durante el evento, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Jonathan Bock, aseguró que el 2022 ha sido el más violento de los últimos 30 años contra la prensa en América Latina.
Un informe de la FLIP denunció que “45 periodistas permanecen bajo arresto domiciliario en Cuba, donde también se han producido 14 detenciones arbitrarias durante los 6 primeros meses de este año”.
En ese sentido, el periodista cubano exiliado José Raúl Gallego precisó que “la represión en Cuba contra el periodismo es prácticamente generalizada y constante, dependiendo mucho del nivel de lo incómodo que usted, como periodista, le resulte al Gobierno”.
El comunicador citó el encarcelamiento de periodistas en la isla, como es el caso de Roberto de Jesús Quiñones Haces, ya liberado, y Lázaro Yuri Valle Roca.
Quiñones Haces cumplió un año de privación de libertad, de 2019 al 2020, cuando intentó cubrir el juicio a una pareja de religiosos en Guantánamo. Valle Roca fue sentenciado a seis años de prisión en 2022, luego de que grabara un lanzamiento de octavillas con mensajes antigubernamentales en la vía pública.
Gallego se refirió, además, a las condenas, en 2003, de 25 periodistas y otros miembros de la sociedad civil independiente, durante la llamada Primavera Negra de Cuba.
Todo esto “hasta el acoso puntual, constante hacia tu familia; exiliarte, botarte de los centros de trabajo y dar golpizas, como le ha pasado a algunos activistas del ICLEP [Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa]”, recalcó Gallego.
Normando Hernández, director general del ICLEP, señaló que “en Cuba la represión contra la prensa ciudadana es diaria y está sustentada a través de un marco jurídico liberticida, con decretos leyes como el 370 y el 35 [que impone un marco legal para regular las transmisiones radioeléctricas y el ciberespacio] y, para diciembre, entrará en vigor el nuevo Código Penal, que puede sancionar a un periodista hasta diez años de privación de libertad por recibir una remuneración por el trabajo comunicacional que realice”.
“La fuga de periodistas de Cuba es alarmante. ICLEP ha verificado más de 20 personas y cerca de 30 que, por ejercer su libertad de expresión y de prensa, han sido “regulados”, es decir, que tienen prohibición de viajar al extranjero”, subrayó Hernández, una de las víctimas de la represión contra periodistas en 2003.
“Y estoy incluyendo a la prensa oficialista, recordemos que, recientemente, cuatro comentaristas deportivos no fueron invitados a una conferencia de prensa. Posteriormente rectificaron y los invitaron”.
El periodista oficialista José Antonio Torres, corresponsal del periódico Granma en Santiago de Cuba, fue sancionado en 2011 a 14 años de prisión por un supuesto delito de espionaje.
“El órgano ideológico del Partido Comunista de Cuba dice lo que deben y no deben decir los periodistas oficialistas. Y por esto ha existido en este año una fuga de ellos hacia diferentes partes del mundo”, detalló Hernández.
Recordó, además, que durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en varias localidades de la isla, 50 periodistas recibieron algún tipo de represión, entre ellos el fotógrafo de la AP en Cuba, Ramón Espinosa, que fue agredido físicamente.
"Hubo detenciones arbitrarias dentro de los hogares y en unidades policiales, amenazas, agresiones verbales, mucha censura, el corte de sus comunicaciones para que no reportaran lo que estaba ocurriendo”, detalló.
Al respecto, Gallego concluyó: “Es una represión que es todo el tiempo. Lo que pasa que, en Cuba, al ser un sistema totalitario que controla todo en la sociedad, que tiene bastante disminuida la capacidad de incidencia de los medios, pues no necesitan darte un tiro, como sucede en otros países de la región. Simplemente, te hacen una no persona, te obligan a exiliarte o reducen bastante tu marco de acción”.