La madre pinareña Katia Hernández Torres, quien responsabilizó en una directa en Facebook al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por la crisis alimentaria que enfrentan las familias en la isla, podría ir a prisión por sus publicaciones críticas en redes sociales, le dijeron las autoridades, que califican su video como un "atentado al presidente".
Hernández Torres fue citada este martes, a la cinco de la tarde, a la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del poblado de San Diego de los Baños, en el municipio Los Palacios.
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Durante el interrogatorio, la jueza del Tribunal Municipal de los Palacios le leyó el delito de “desacato”, en contra del presidente de la república, comprendido en el artículo 144, inciso 1 y 2 dentro del Código Penal vigente, y también le impusieron una “carta de advertencia”, señala Hernández Torres.
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“Me dijeron que esta es la segunda advertencia que me hacían, porque el día tal yo había hecho un video ofendiendo al presidente Díaz-Canel. La Jueza del Tribunal me dijo que lo que yo había hecho es como un atentado al presidente, y por eso me pueden sancionar de uno a tres años de privación de libertad. También me preguntó si yo no estaba arrepentida, y le dije que, en lo absoluto", dijo la mujer.
Lee también "Lo estoy poniendo para que lo vea el mundo entero": otra mujer protesta en Cuba contra Díaz-Canel (VIDEO)Según Hernández Torres, dejó claro que no firmaría ningún documento. "Ellos respondieron que, aunque no firmara la carta de advertencia, la próxima vez que yo publique algo en Facebook en contra de la revolución, iría presa completa”, apuntó.
Su esposo, Esteban Ajete Abascal, muestra su indignación y considera que se trata de un chantaje para presionar a su esposa, que solamente hizo uso de un supuesto derecho que otorga la Constitución.
“Esto es parte de todo el paquete, tratar de meterle miedo a mí esposa, intentar ejemplarizar con ella respecto a todo esto”, dijo Ajete Abascal.
El abogado Roberto Jesús Quiñones Haces explica que lo ocurrido con Hernández Torres no está respaldado por la Ley de Procedimiento Penal, y viola la Constitución actual.
“El problema es que las leyes cubanas siempre dejan un hueco para la ambigüedad. Realmente quienes están cometiendo un delito aquí son estas autoridades, que están coaccionando a un ciudadano para coartar su derecho a la libertad de expresión”, afirmó el abogado.