Venezuela: Tribunal ratifica decreto de emergencia económica

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró el jueves la vigencia del decreto de emergencia económica del presidente Nicolás Maduro, decisión que amenaza con recrudecer las tensiones políticas ante un eventual nuevo choque entre los poderes del estado.

El dictamen se produjo casi tres semanas después que la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, rechazó dicho decreto que fue propuesto por Maduro para hacer frente a la crisis económica.

La Sala Constitucional del máximo tribunal declaró constitucional la vigencia del Decreto, publicado el 14 de enero de 2016 por la presidencia de la República, mediante el cual se declaró "el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico, por un lapso de 60 días" prorrogable.

El Tribunal indicó que el "Decreto atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentran razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado".

Voceros de la oposición no estuvieron disponibles de momento para comentarios.

En un acto de gobierno televisado desde el central estado Carabobo, Maduro elogió la decisión y anunció futuras medidas.

"Ultima hora: el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró que está vigente el decreto de emergencia económica", dijo Maduro durante el evento. "Tengo en vigencia el decreto de emergencia, así que activaré un conjunto de medidas en los próximos días que ya venía trabajando" junto a los ministros.

Hasta ahora, Maduro ha propuesto el incremento de los controles en la economía, el aumento de la recaudación de impuestos y ha asomado la posibilidad de elevar el precio de la gasolina, que se vende en cerca de un centavo de dólar el litro y es la más barata del mundo.

El Tribunal Supremo emitió el comunicado en su página de internet.

"La Sala Constitucional constató que se verifican los extremos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas, y que el decreto resguarda y no implica restricción de aquellos derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas por expreso mandato constitucional, en cumplimiento de lo dispuesto" en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, señaló el dictamen del Tribunal.

El dictamen podría abrirle el camino a Maduro para llevar adelante la nueva regulación que le da facultades por 60 días para disponer recursos especiales para atender los gastos fiscales, establecer límites máximos de ingresos y egresos de moneda venezolana en efectivo y lograr el acceso a los medios de transporte y almacenes privados, entre otras medidas.

El 22 de enero pasado, la Asamblea Nacional rechazó el decreto de emergencia económica propuesto por Maduro para hacer frente a la crisis. La ratificación del decreto amenaza con recrudecer las tensiones políticas en Venezuela ante un inevitable un nuevo choque entre el gobierno y el Congreso.

Venezuela afronta una severa crisis signada por una desbordada inflación, severos problemas de desabastecimiento, un fuerte déficit fiscal y una profunda recesión.

Desde 2006, el país ya padecía escasez, pero la situación se agravó en los últimos dos años en coincidencia con la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos en divisas del gobierno. La falta de diversos productos se ha agudizado debido a que las autoridades redujeron el monto de venta de divisas oficiales, lo que impide a muchas empresas y productores agrícolas comprar en el exterior materias primas, repuestos y equipos.

Venezuela tiene una fuerte dependencia de las importaciones de bienes, entre los que se incluyen más de la mitad de los alimentos procesados y una amplia gama de productos que se consumen en el país.

Según los críticos del gobierno, el control de los precios de productos de primera necesidad, los engorrosos trámites para transportar o almacenar los artículos y las expropiaciones de empresas y tierras agrícolas desalientan las inversiones y constituyen las principales causas de la escasez.

Maduro, por su parte, sostiene que la crisis es consecuencia de una "guerra económica" promovida por sectores empresariales y opositores para desestabilizar su gobierno.

El oficialismo y la oposición ya se enfrentaron en enero por tres diputados del estado sureño de Amazonas que fueron suspendidos por el Tribunal Supremo de Justicia que los procesa por supuestas irregularidades en su elección.

Las tensiones lograron superarse entonces luego que la mayoría opositora decidió acatar una sentencia del máximo tribunal que ordenó la desincorporación de los tres congresistas.