Con un llamado a intensificar protestas, la oposición venezolana redobla esta semana la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, pese a que el máximo tribunal anuló su decisión de asumir las competencias del Parlamento, de mayoría opositora, tras un fuerte rechazo internacional.
"La intención del gobierno es desmovilizar al pueblo en su justo reclamo y parar la presión de la comunidad internacional, pero esto recién comienza", advirtió este domingo el vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara, en una declaración pública.
El diputado se refería a la marcha atrás que dio el sábado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir al gobierno- a sentencias con las cuales se adjudicó las funciones de la Asamblea y retiró la inmunidad de los diputados.
Sin embargo, la oposición no quedó satisfecha con las aclaratorias y denunció que "el golpe de Estado" -como califica los fallos- continúa, por lo que llamó a intensificar las protestas desde esta semana para lograr superar la crisis política con elecciones.
Para el martes fue convocada una movilización hacia el hemiciclo en Caracas.
"Todos activos que la lucha por la libertad no va a parar hasta que se restituya el orden constitucional (...). Lucharemos por las elecciones que nos deben, las de gobernadores, las de alcaldes y las presidenciales para solucionar la crisis", expresó Guevara.
Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras que los de gobernadores, que debieron realizarse a finales del año pasado, fueron pospuestos y aún no tienen fecha.
Las decisiones del TSJ generaron un fuerte rechazo internacional y abrieron una fisura en el oficialismo, pues la fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista, las consideró una "ruptura del orden constitucional".
Ello llevó a Maduro a convocar una reunión de los podres públicos -a la que no acudió Borges-, en la que se pactó modificar las sentencias.
El mandatario, que se reunió el sábado con Ortega en el palacio presidencial de Miraflores, agradeció este domingo a la fiscal por acudir a la cita en la que se acordó, según dijo, "cerrar filas en defensa de la soberanía".
Congresistas buscan remover a magistrados
Legisladores opositores anunciaron que comenzarán el martes un proceso para remover a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que se atribuyeron las competencias de la Asamblea Nacional y avivaron las tensiones políticas en este país sudamericano marcadamente divido.
"El proceso de remoción es necesario y va a comenzar en la sesión del martes de la Asamblea Nacional", dijo el diputado Juan Miguel Matheus a The Associated Press el domingo. Posteriormente, argumentó que pese a que el Tribunal Supremo suprimió parte del contenido de las sentencias y revirtió la decisión que limitaba la inmunidad de los diputados, "eso no los exime de la falta cometida en desmedro de la Constitución".
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y otras instancias del Poder Ciudadano facultadas para obrar al respecto de manera colegiada, son señaladas de estar controladas por el oficialismo, situación que aleja la posibilidad de que los magistrados sean apartados de sus cargos.
Diputado opositor, herido durante protesta
Precisamente este lunes, el diputado opositor venezolano Juan Requesens resultó herido durante una protesta de parlamentarios en la Defensoría del Pueblo, a la que exigen rechazar que el máximo tribunal se adjudicara brevemente las funciones del Parlamento.
Requesens sufrió un corte profundo sobre la ceja izquierda, y fue sometido a una cirugía menor.
Primero Justicia, el partido del legislador que organizó la manifestación, culpó del ataque a "colectivos", grupos afines al gobierno a los que la oposición acusa de estar armados.
"Mi heridas son simplemente la peor cara de un gobierno que no quiere a Venezuela en la calle. Nosotros sin miedo, hoy, mañana y pasado mañana vamos a seguir luchando", dijo Requesens a la prensa recostado en una camilla. Relató que fue impactado con un palo cuando mediaba para evitar que golpearan a un manifestante.
El Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab.
Los diputados opositores exigen al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, apoyar su propuesta de remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la semana pasada emitieron dos sentencias asumiendo las facultades del Parlamento -de mayoría opositora- y eliminaron la inmunidad a los asambleístas.
Magistrados atentaron contra la independencia de poderes
"El gobierno quiere hacerle creer al mundo que ellos dieron marcha atrás y regresaron las competencias a la Asamblea. Esa es una farsa, el hecho es que los magistrados atentaron contra la independencia de poderes, violaron la Constitución y en Venezuela sigue persistiendo el golpe de Estado", manifestó Matheus.
Pese a la "revisión" de las dos sentencias, en la práctica la Asamblea Nacional "sigue privada de sus funciones" por el Tribunal, que ha bloqueado sus competencias desde que el Legislativo fue instalado el 5 de enero de 2016, por primera vez con mayoría opositora en 17 años, resaltó el diputado.
La oposición plantea que para superar la crisis es necesario que sean convocadas elecciones, se designe un Tribunal Supremo "independiente" y se retiren las 56 sentencias emitidas por el máximo Tribunal contra la Asamblea Nacional en los últimos 15 meses.
Los críticos del gobierno sostienen que se mantiene "el desconocimiento" del Congreso puesto que los magistrados insistieron el sábado en que la Asamblea debe someterse a los dictámenes del Tribunal por estar en "desacato" y al parecer siguen vigentes los poderes plenos otorgados al presidente Nicolás Maduro, entre los que destacaba la facultad de crear empresas mixtas petroleras sin el visto bueno de los legisladores.
Maduro llama "histérica al presidente del Parlamento
Durante el programa de televisión "Domingo con Maduro", el mandatario venezolano dijo que el presidente del Parlamento de su país, el opositor Julio Borges, está "histérica" y "necesita un psiquiatra", y lo criticó por supuestamente querer llegar a la Presidencia lo que, aseguró, "nunca" sucederá.
Maduro admitió que se generó un "impasse", pero que se superó en pocas horas.
Nicolás Maduro, durante el programa de televisión "Domingo con Maduro".
El mandatario criticó el "linchamiento político" que pretenden hacer contra Venezuela varios países, entre ellos Uruguay, y comentó que estaba llamando al presidente Tabaré Vázquez, a quien dijo apreciar, para conversar sobre la actitud del canciller uruguayo. "No puedo entender cómo su canciller agrede a Venezuela" en el marco de Mercosur, indicó Maduro, insistiendo en que cada país debe resolver sus problemas sin la injerencia de otras naciones.
Maduro también acusó a sus adversarios de buscar "desesperadamente" generar violencia en las manifestaciones del viernes y sábado contra el máximo Tribunal y el gobierno, según él, para respaldar las denuncias que han presentado ante Estados extranjeros sobre violaciones a los derechos humanos.
Enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial
En una rueda de prensa luego de un encuentro con legisladores, Román Duque Corredor, exmagistrado de máximo Tribunal, explicó que las sentencias aclaratorias de la corte se dieron horas después de que Maduro pidiera a esa instancia revisar sus decisiones -luego que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, denunciara que eran violatorias de la Constitución- y en consecuencia "se evidencia una violación de la Constitución y la sujeción del Tribunal Supremo ante el Ejecutivo".
Los magistrados "corrigieron (las sentencias) por petición de un órgano gubernamental... el mejor reconocimiento público de la responsabilidad penal de los siete magistrados que integran la Sala Constitucional", aseveró Duque. "Si no renuncian estos magistrados, la fiscal general... tiene la obligación, como miembro del Consejo Moral Republicano, de solicitar la calificación de las faltas de los magistrados como causales de remoción de sus cargos".
El Poder Ciudadano, uno de los cinco constituidos en Venezuela, es ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Contraloría General de la República.
El enfrentamiento entre el Legislativo y el Poder Judicial venezolanos inició en diciembre de 2015, luego que la Sala Electoral de la Corte suspendiera por supuestas irregularidades en su elección a cuatro diputados, tres de ellos opositores.
Luego de casi un año de confrontación, los tres diputados aceptaron la sentencia y renunciaron a sus cargos, pero el Tribunal Supremo mantuvo a la Asamblea Nacional en desacato.
(Con información de AFP, EFE y AP)