El presidente de la Venezuela, Nicolás Maduro, anunció anoche que podría viajar la semana entrante a Cuba para asistir al Consejo Político de Cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
“El ALBA tiene el Consejo Político de Cancilleres, la próxima semana en La Habana, Cuba, y seguramente yo voy a ir a participar en ese consejo en La Habana”, dijo Maduro desde la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores, en la clausura de la Expo Venezuela Digital 2017.
El viaje a la isla tendría lugar después de que el mandatario solicitara y consiguiera la reversión, en medio de un vendaval de críticas internas e internacionales, de la anulación de los poderes de la Asamblea Nacional dominada por la oposición, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo control de su gobierno.
Pocas horas después de que lo solicitara el Consejo de Defensa de la Nación al final de una reunión presidida por Maduro, el TSJ anunció su reconsideración de las medidas.
"Se aclara de oficio la sentencia N°156 de fecha 9 de marzo de 2017, en lo que respecta" a que el TSJ asume dichas competencias "mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional", señala la decisión publicada en la página web del tribunal.
El Consejo había publicado esta madrugada un comunicado sobre sus decisiones, que incluían "Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano".
"Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia, que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superada esta controversia", afirmó Maduro poco antes de que se leyera el documento.
Con esto quedan demostradas "las capacidades de diálogo y resolución que se pueden activar con nuestra Constitución", enfatizó .
Otro punto del acuerdo al que llegó el Consejo fue ratificar que el máximo tribunal, en su Sala Constitucional, "es la instancia competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del poder público nacional", así como "la resolución de los conflictos entre poderes".
Maduro había convocado a este Consejo con el objetivo de "resolver" lo que calificó de "impasse" derivado de la posición de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, frente a las sentencias que el TSJ atribuyó a la situación de "desacato" del Parlamento,
Ayer, en rueda de prensa, Ortega expresó su "alta preocupación" y alertó sobre el riesgo de "ruptura del orden constitucional". La representante del Ministerio Público estuvo ausente de la reunión del Consejo.
Asimismo, el comunicado reiteró que "los desequilibrios y conflictos entre las distintas ramas del poder público nacional se encauzan mediante los mecanismos de control constitucional y la colaboración entre los poderes", e insistió en la disposición del Gobierno al "diálogo fecundo" con su oposición política.
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Venezolanos condenan "autogolpe de estado" de Nicolás Maduro
Ausentes al Consejo de Defensa
El Consejo de Defensa de la Nación se instaló "oficialmente", a pesar de la ausencia de Ortega Díaz, y del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges.
Según Maduro, durante la reunión del Consejo "hubo conversaciones" con la fiscal.
El comunicado fue dado a conocer horas antes de las convocatorias de protestas organizadas por la oposición para este sábado contra el gobierno.
La situación en Venezuela será analizada hoy por los países del Mercosur, y el lunes por la Organización de Estados Americanos (OEA), que ha convocado una reunión extraordinaria de su consejo permanente.
A continuación el texto del comunicado emitido esta madrugada por el Consejo de Defensa:
El Consejo de Defensa de la Nación, debidamente convocado y presidido el día de hoy por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en su condición de jefe de Estado, conforme al mandato y las atribuciones que le confiere el artículo 323 de la Constitución y la Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, en ocasión de la controversia surgida por la Fiscalía General de la República y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha decidido:
1. Ratificar que el Máximo Tribunal de la República en su Sala Constitucional es la sala competente para el control de la constitucionalidad de los actos emanados de cualquier órgano del Poder Público Nacional que colinden con la Carta Magna, así como la resolución de los conflictos entre poderes.
2. Exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156, con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de Poderes, mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano.
3. Reiterar que los desequilibrios y conflictos entra las distintas ramas del Poder Público Nacional se encauzan mediante los mecanismo de control constitucional y la colaboración entre los poderes, los cuales son expresión del dinamismo y la pluralidad de los estados constitucionales y democráticos.
4. Destacar los loables esfuerzos del Presidente de la República como jefe de Estado, en la búsqueda de soluciones para resolver, dentro del marco constitucional y mediante el diálogo constructivo, los conflictos entre los órganos del Poder Público Nacional en atención a la independencia, la división y la autonomía de sus distintas ramas.
5. Insistir en nuestra disposición al diálogo fecundo y exhortar a la oposición venezolana a incorporarse sin demora al diálogo nacional promovido por el jefe de Estado y acompañado por Unasur, el Papa Francisco y los expresidentes Martín Torrijos, Leonel Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero.
6. Repudiar categóricamente cualquier intervención que atente contra la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación. Los asuntos de los venezolanos deben ser resueltos exclusivamente por nosotros, sin injerencia ni intervención alguna y en respeto estricto a la jurisdicción interna del Estado venezolano.
La fortaleza del sistema democrático en Venezuela y de su robusto estado de derecho, no está en discusión ni entredicho. Es muestra del Estado constitucional de derecho, de justicia social y paz, edificado en un país que ha hecho de la práctica de la democracia participativa y protagónica, el vehículo para la transformación de la sociedad y la búsqueda de la mayor suma de felicidad posible.
En palabras de nuestro Libertador: "Solo la democracia es susceptible de una absoluta libertad, libertad que define como el poder que tiene cada hombre de hacer cuanto no esté prohibido por la ley". Simón Bolívar
Caracas , 1 de abril de 2017
[Con información de EFE, Agencia Venezolana de Noticias]