Un grupo influyente de senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos presentó el miércoles una legislación como reacción a la crisis en Venezuela, incluyendo sanciones a individuos responsables de socavar la democracia o estar involucrados en corrupción, dijeron asesores del Senado.
El proyecto de ley proporcionaría 10 millones de dólares en ayuda humanitaria al atribulado país, exigirá al Departamento de Estado coordinar un esfuerzo regional para aliviar la crisis y solicitará a la inteligencia estadounidense que informe sobre la participación de funcionarios venezolanos en corrupción y narcotráfico, según una copia vista por Reuters.
Asimismo, el texto pide al presidente Donald Trump que tome todas las medidas necesarias para impedir que la petrolera estatal rusa Rosneft obtenga el control de cualquier infraestructura energética estadounidense. Rosneft ha estado ganando terreno en Venezuela mientras el país sudamericano busca dinero en efectivo.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) utilizó el año pasado el 49,9 por ciento de sus acciones en su filial estadounidense, Citgo, como garantía colateral para financiamiento por parte de Rosneft. En total, Rosneft ha prestado a PDVSA entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares.
La iniciativa llega en un momento en que la comunidad internacional intenta dar respuesta a la profunda crisis económica y a las protestas callejeras que vive la nación, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Asesores senatoriales dijeron que el proyecto de ley busca reaccionar a la crisis trabajando con países de toda América y organizaciones internacionales, en lugar de actuar de forma unilateral, abordando algunas de las raíces del problema y respaldando el respecto a los derechos humanos.
Funcionarios estadounidenses llevan tiempo resistiéndose a expresar de forma pública sus críticas a Venezuela, cuyos líderes acusan a Washington de estar detrás de la oposición al gobierno izquierdista del país.
Los principales promotores de la legislación son el senador Ben Cardin, el demócrata más destacado en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta; y el senador republicano Marco Rubio, quien preside la Subcomisión sobre el Hemisferio Occidental del panel y es un abierto crítico del Gobierno venezolano.
Las posibilidades de ser aprobada por el Congreso son altas, ya que entre los copatrocinadores se encuentran los senadores John Cornyn -número dos republicano en la Cámara- y Dick Durbin -número dos demócrata-, además del republicano John McCain, el influyente presidente de la Comisión de Servicios Armados.
El proyecto de ley tiene 11 secciones, que buscan afrontar la crisis con un amplio abanico de medidas.
En lo relativo a la corrupción, se requerirá que el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia preparen un reporte no clasificado, con un anexo clasificado, sobre cualquier implicación de funcionarios del Gobierno venezolano en casos de corrupción y narcotráfico.
En el pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a funcionarios o ex funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico o corrupción, designación que permite el congelamiento de sus activos en Estados Unidos y les prohíbe realizar transacciones financieras a través del país norteamericano.
Los funcionarios han negado los cargos y los han calificado como un pretexto incluido en un plan para derrocar al Gobierno de Maduro.
La nueva iniciativa buscará convertir en ley las sanciones impuestas por una orden ejecutiva del ex presidente Barack Obama contra individuos considerados responsables de "socavar el gobierno democrático" o implicados en corrupción.
Fuertes choques en protesta contra Constituyente
Agentes antimotines y manifestantes opositores sostuvieron fuertes choques en la principal autopista de Caracas, durante una protesta contra la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente, según un equipo de la AFP en el lugar.
Las refriegas se desataron cuando una marcha de miles de personas, encabezada por diputados, intentaba llegar a la sede del Parlamento de mayoría opositora, en el centro de Caracas, y fueron contenidos con gases lacrimógenos.
Los manifestantes respondieron con piedras y cócteles molotov a los militares de la Guardia Nacional y policías que se encontraban en el lugar apoyados por carros blindados desde los cuales, además, lanzaron chorros de agua.
Varios manifestantes afectados por los gases debieron ser evacuados por sus compañeros, mientras el vicepresidente de la Asamblea legislativa, Freddy Guevara, denunció haber sido impactado en un pie por una bomba lacrimógena.
"¡Resistencia hacia adelante, no joda!", gritó una joven encapuchada. Sin embargo, los opositores fueron replegados paulatinamente con el avance de los carros, hasta casi dejar despejada la autopista Francisco Fajardo, en el este de la ciudad.
Muchos retrocedieron hacia el sector acomodado de Altamira, de donde partió la marcha, mientras un reducido grupo permaneció enfrentándose a los uniformados en el corredor vial.
Bombas lacrimógenas también fueron arrojadas desde la base militar La Carlota, en el mismo sector, donde el pasado lunes un grupo de manifestantes rompió parte de la valla de seguridad e ingresó a los predios para enfrentar a militares.
Reportan un muerto en protesta de este miércoles
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, informó del fallecimiento de un joven de 28 años, que fue arrollado este martes por un vehículo que esquivaba la manifestación opositora que se desarrollaba en una autopista del este de Caracas.
Ángel Enrique Moreira González, de 28 años, falleció luego de que un vehículo que estaba circulando en sentido contrario a la vía, por esquivar la manifestación que se desarrollaba en la autopista Prados del Este, impactara la motocicleta en la que venía a bordo el joven, explicó Reverol a través del canal estatal VTV.
La Fiscalía indicó mediante un comunicado que se encuentra investigando el suceso y confirmó que el hecho ocurrió cuando el vehículo "esquivaba una manifestación que se desarrollaba en la autopista Prados del Este, municipio Baruta del estado Miranda".
El vehículo involucrado en el suceso se dio a la fuga, según dijo Reverol, que además agregó que esto ocurrió "en virtud del trancazo convocado por esta derecha terrorista encabezada" por el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el opositor Julio Borges.
Asimismo, Reverol responsabilizó a Borges de los hechos violentos ocurridos el martes y, en específico, lo señaló por las heridas causadas a cuatro sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a un oficial de la Policía del municipio Sucre de Caracas, aunque la
Fiscalía ha señalado que fueron cinco los guardias heridos.
El responsable de la cartera de Interior reiteró que durante los escenarios de protestas también fallecieron otras tres personas en el céntrico estado Carabobo, donde ocurrieron saqueos y daños a unos "17 locales comerciales".
Las manifestaciones -que el mandatario denuncia como un "golpe de Estado fascista"- dejan al menos 31 muertos, de los cuales se responsabilizan mutuamente gobierno y oposición.
La oposición realiza marchas desde el pasado 1 de abril para exigir elecciones generales que anticipen la salida del poder de Maduro, elegido hasta enero de 2019, al culparlo de la crisis política y económica en que está hundido el país petrolero.
Maduro entregó este miércoles al Poder Electoral el decreto de convocatoria de la Asamblea. Al menos la mitad de sus integrantes serán elegidos por sectores en los que el chavismo tiene gran influencia.
(Reuters, EFE, AFP)