El Gobierno de Venezuela prorrogó por 60 días el estado de excepción y emergencia económica que rige en el país, permitiendo a Nicolás Maduro gobernar por decreto y sin control parlamentario.
En un intento por combatir la grave escasez de alimentos y medicinas, Maduro colocó el martes a los militares a cargo de la distribución y resguardo de los bienes de primera necesidad.
El mandatario firmó el decreto en mayo por dos meses. Dijo entonces que podría extenderlo hasta el 2017 en caso de que necesitara poderes especiales para luchar contra una "guerra económica" de empresarios y políticos, a quienes culpa de la aguda crisis económica.
"Dadas las circunstancias extraordinarias de orden social,económico, político (...) que afectan gravemente la economía nacional, visto que subsiste la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana", dice el decreto publicado en la Gaceta Oficial que circuló el jueves.
"A fin de que el Poder Ejecutivo pueda seguir brindando protección a los venezolanos contra la guerra económica", agrega el texto.
Entre las prerrogativas que el Ejecutivo se adjudicó con el decreto están el control del presupuesto, la posibilidad de intervenir empresas y bienes privados con el fin de garantizar el abastecimiento y la suspensión de sanciones contra funcionarios de alto rango del Gobierno.
Maduro también podrá dar atribuciones "extraordinarias" a las autoridades para garantizar -incluso mediante la intervención de las Fuerzas Armadas- la distribución de productos de primera necesidad.
Los militares venezolanos ordenan filas en los supermercados, custodian camiones de alimentos y cultivan. Ahora fiscalizarán la carga en los puertos y distribuirán la comida. El presidente Nicolás Maduro se apoya en la Fuerza Armada para mitigar la dura escasez.
La noche del martes, Maduro dejó los cinco principales puertos del país al mando de una autoridad militar, como parte de un gigantesco despliegue de soldados en la recién lanzada "Misión de Abastecimiento Soberano", a cargo del propio ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.
Acompañado del general del Ejército, Maduro aseguró que el lunes, en el primer día de aplicación de un plan de fiscalización en puertos y empresas de productos básicos, se encontró un "caos" que favorece "la corrupción".
Entre decenas de cajas de pollos que circulaban en una banda para ser empaquetados, el general Pedro Álvarez precisa que verifican todo: qué tipo de materia prima llega a las empresas, la capacidad instalada y de almacenamiento, a quién está dirigido el producto terminado y a cuáles comercios llega.
"Si se está desviando, nosotros vamos a tomar medidas bien severas. Son las instrucciones. Estamos haciendo verificación de los inventarios, de la maquinaria", explica a la prensa el comandante de la zona de defensa del estado Miranda (centro).
Maduro, quien enfrenta una baja popularidad, espera que los militares pongan orden a la distribución de mercancías y reduzcan la aguda escasez de más del 80% en alimentos y medicinas que angustia a los venezolanos y provoca largas colas en los supermercados.
"El gobierno debe estar gobernando los puertos: saber qué entra, saber qué sale, saber lo que está ahí y saber a dónde va. Es una guerra. Por eso se ha colocado al comando de las Fuerzas Armadas al frente de la guerra, como debe ser", aseguró el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, en un foro sobre economía.
Sin embargo este miércoles el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la situación institucional de Venezuela "no es normal" ante la decisión de Maduro de recurrir a los militares.
El titular del organismo interamericano dijo desde Paraguay que el anuncio del mandatario venezolano "deja claro que la situación no es la normal que podría ser la situación institucional del país".
Pero analistas y empresarios aseguran que el problema es la producción, como consecuencia del control de precios y de la falta de dólares para importar dado el férreo control de divisas que rige desde 2003.
"Esto es el reparto de la escasez, el reparto de lo que no hay. Es imposible que resuelvan el problema si no aumentan la producción. La Fuerza Armada se arriesga porque se adueñará de los costos del desastre económico que existe", dijo a la AFP el economista Luis Vicente León, de la encuestadora Datanálisis.
Golpeada por el desplome de los precios del petróleo, Venezuela sufre además la inflación más alta del mundo: 180,9% en 2015 y proyectada por el FMI en 720% para 2016.
"Estamos enfrentando una guerra. No tengo duda que por eso el general Padrino está asumiendo nuevas responsabilidades (...) sabrá como batallar", dijo este miércoles el ministro de Agricultura, Wílmar Castro, uno de los diez militares que integran el gabinete de 30 ministros.
Según Maduro, la empresa privada controla 93% de la distribución de productos básicos y -afirmó- está "pulverizando" todo el sistema con el acaparamiento y la especulación.
Con su plan, Maduro, a quien la oposición busca sacar del poder mediante un referendo revocatorio, ha ordenado que todos los ministros se subordinen a Padrino López, convertido ahora en uno de los hombres más poderosos de Venezuela.
"Subordinar toda la estructura del Estado a Vladimir Padrino traza el rumbo de Venezuela: el diálogo para la transición será con los militares", opinó la experta en asuntos de seguridad, Rocío San Miguel.
El presidente del Parlamento -de mayoría opositora-, Henry Ramos Allup, consideró un "requetedisparate entregarle a los militares la última etapa de esta tragedia". "Es una vergüenza", subrayó.
Padrino López, un militar de 53 años con fama de fidelidad al chavismo, asegura que no se trata de militarizar la economía, sino de llevar "orden y disciplina" en medio de la "guerra económica".
Con 165.000 efectivos, 25.000 en reserva y otros miles de la llamada milicia popular, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está actualmente al mando de ministerios clave como el de Hacienda y de Alimentación y Tierras, Pesca y Acuicultura, Energía Eléctrica y Vivienda, entre otros.
En febrero pasado, Maduro creó una compañía militar de minería, petróleo y gas, que se sumó a la lista de empresas que controla la FANB, como un canal de televisión, un banco, una ensambladora de vehículos y una constructora.