La piel prensada con tenazas, golpes de martillo: cuatro días de arresto dejaron en Luis una cicatriz imborrable. Su consuelo, estar en libertad, pero cientos de venezolanos detenidos en protestas contra el presidente Nicolás Maduro afrontan largas condenas.
Luis -nombre ficticio para preservar su identidad- es una de las 4.000 personas que según la Fiscalía han sido capturadas en cuatro meses de manifestaciones que exigen la salida del poder de Maduro.
"Decían que nos iban a matar, picar en trozos y tirar al río Guaire", relató a la AFP el delgado oficinista de 30 años, detenido el 4 de julio por militares en Caracas.
Cuenta que entre puñetazos, jalones de pelo y pisotones, un uniformado le prensó con una tenaza la piel del abdomen y los brazos, mientras lo llamaba "terrorista". Con un martillo también le golpeó las rodillas y los codos.
"Hacía las torturas escondido de algunos (de sus compañeros); otros eran cómplices", aseguró el hombre en su oficina del este de la capital.
Foro Penal: Un millar de personas siguen presas
La ONG Foro Penal, que cifra en 4.500 los arrestos, asegura que un millar de personas siguen presas, unas 300 por orden de tribunales militares.
Entre ellos figuran jóvenes que apenas superan la mayoría de edad, algunos condenados y otros esperando sentencia.
La fiscal general, Luisa Ortega, denuncia abusos de las fuerzas de seguridad, a las que atribuye una veintena de las 104 muertes ocurridas durante las protestas. Hay "terrorismo de Estado", afirma esta chavista que rompió con Maduro.
El presidente y su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, han advertido que no tolerarán abusos, pero denuncian "actos de barbarie" de la oposición para derrocar al gobierno. El defensor del pueblo, el oficialista Tarek William Saab, niega que los tratos crueles sean una práctica generalizada.
OEA certifica lista de presos políticos
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, certificó el miércoles la lista de presos políticos que le presentó Foro Penal Venezolano, que contabiliza un total de 498 hasta el 25 de julio.
"Hoy recibimos la lista de presos políticos encarcelados en Venezuela que permanentemente actualiza la organización el Foro Penal Venezolano, la cual hemos certificado a los efectos del seguimiento de la situación de los mismos", explicó Almagro.
El Secretario General explicó que gobierno de Venezuela ha utilizado de manera sistemática la simultánea y periódica liberación y detención de presos políticos, conocido como el efecto de “puerta giratoria”.
"Se trata de una táctica para sembrar terror, silenciar voces disidentes o para sugerir su disposición a negociar, cuando en realidad lo ha hecho para aliviar la presión internacional, al mismo tiempo que sigue arrollando derechos y violando la constitución", añadió el Secretario General Almagro.
Antes de que comenzaran las protestas el 1 de abril, el régimen en Venezuela contaba con 117 presos políticos. Esa cifra ha aumentado de manera exponencial durante las protestas hasta llegar a 498, el número más alto desde la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
"Los principios democráticos simplemente no permiten el arresto ni la detención de una persona por sus ideas. La criminalización de las protestas, el hostigamiento, encarcelamiento y tortura de los opositores son prácticas típicas de un Estado dictatorial y las personas detenidas por el Gobierno venezolano por estas razones son presos de conciencia", agregó.
"Acordamos con el Foro Penal Venezolano certificar periódicamente la lista, la cual será de referencia absoluta para impulsar el seguimiento de la liberación de todos los presos políticos, así como para el seguimiento de cualquier proceso que lleve adelante el régimen y que afecte la condición de éstos", subrayó el Secretario General Almagro, que reiteró su llamado a la inmediata liberación de todos los presos políticos en Venezuela.
La táctica del terror
Un tribunal civil le concedió a Luis libertad plena. Otros no tienen esa suerte.
A sus 18 años, Abraham Quiroz podría ser condenado por un juez militar a 18 de prisión.
"¡Papá, sácame de aquí! Me siento mal. No puedo respirar", le rogó llorando Abraham a su padre, Nicolás, en una breve llamada telefónica desde un penal de alta seguridad.
Fue detenido el 29 de junio en Maracay (centro) junto con otros 26 jóvenes, y de allí trasladado a una cárcel a 20 horas de distancia por carretera.
"Es una injusticia bárbara", declaró Nicolás con la voz temblorosa de rabia, al denunciar que su único hijo fue golpeado fuertemente en las costillas.
El día de la captura, militares y manifestantes se habían enfrentado cerca de una universidad pública, donde un grupo de muchachos decidió refugiarse y pasar la noche.
Unos 40 hombres encapuchados y armados irrumpieron en la madrugada y se los llevaron, relataron estudiantes y familiares a la AFP.
"Se identificaron como colectivos, amenazaron a los muchachos y se los llevaron. Fue un secuestro", aseguró a la AFP Isva Vera, dirigente estudiantil, aludiendo a grupos civiles del chavismo que la oposición tilda de "paramilitares".
Tras semanas de choques, en las paredes de la universidad se observan agujeros de bala, y en los alrededores cartuchos de perdigones y bombas lacrimógenas.
Andreína Santa Cruz, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, denuncia maniobras para dilatar los procesos.
Sin comprobársele delitos, Luis debió esperar 96 horas para quedar libre en lugar de las 48 establecidas por ley.
Pero los juicios en tribunales militares son más complicados y "opacos", dice Santa Cruz.
A los jóvenes de Maracay se les acusó de "instigación a la rebelión" y "violación de zona de seguridad".
Los hombres (21) fueron enviados a prisiones de alta seguridad, mientras cinco mujeres y un joven con discapacidad están en arresto domiciliario.
"Es muy doloroso pensar en lo que viven allí", se lamenta Naileth, madre de Joneiker Grajirena, de 19 años.
Abraham, Joneiker y otros nueve están en la cárcel de El Dorado (estado Bolívar, sur), junto con delincuentes de alta peligrosidad. Sus familiares hacen el largo viaje para llevarles alimentos y ropa, pero no han podido verlos.
El gobierno justifica estos juicios, al señalar que los manifestantes cometen delitos de naturaleza militar como "ataques" a cuarteles.
Las condiciones de reclusión empeoran las cosas. Luis relata que el pequeño calabozo donde estuvo llegó a albergar a 18 personas y no tenía baño.
La ONG Una Ventana a la Libertad afirma que solo en los centros de detención preventiva el hacinamiento supera 400%.
"Me he vuelto multiplicador del miedo", confiesa Luis, quien ahora pide a familiares y amigos evitar las protestas.
El pánico lo confinó 15 días en casa antes de atreverse a volver al trabajo. "Las heridas han sanado bien", dice mientras muestra la lesión del abdomen. "Pero las cicatrices más difíciles son las psicológicas".
(Con información de Foro Penal, AFP y redes sociales)