Agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos aberrantes contra la población local durante un operativo de varias semanas contra grupos armados en la frontera con Colombia, señaló hoy Human Rights Watch.
Distintas fuerzas de seguridad venezolanas iniciaron la ofensiva en el estado Apure el 21 de marzo de 2021 con el supuesto propósito de combatir a grupos armados que operan en Venezuela.
El operativo, dijo la entidad, derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares, y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados. Estos casos siguen un patrón similar al de los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad del régimen que han originado investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Las investigaciones internacionales de estos crímenes son fundamentales ante el volumen creciente de evidencias que implican a los agentes que han cometido abusos, así como a los comandantes y altos funcionarios que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría durante estos operativos”.
El 5 de abril, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció la detención de 33 personas que serían procesadas ante la jurisdicción militar. El ministro manifestó que se habían desmantelado seis campamentos de “organizaciones terroristas” y que se había “dado de baja” a nueve “terroristas”. También reportó ocho casos de soldados muertos y 34 heridos.
El 21 de marzo, se produjeron enfrentamientos en varias zonas rurales de Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) conocido como el Frente Décimo Martín Villa. Desde entonces, al menos 5.800 personas han huido del estado Apure hacia Colombia, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Pese al apoyo que prestan organizaciones humanitarias y las autoridades en Arauquita, un municipio colombiano de apenas 50.000 habitantes al que han llegado la mayoría de los desplazados desde Venezuela, los albergues se encuentran hacinados y la asistencia humanitaria es insuficiente.
Además, muchas personas se quedan en casas de amigos y familiares en zonas rurales en el departamento de Arauca, Colombia, donde el acceso a asistencia humanitaria es limitado y muchas veces nulo. Autoridades colombianas también reportaron la llegada de desplazados a los municipios de Arauca y Saravena. Entre 300 y 400 personas se han desplazado forzosamente dentro de Venezuela.
Entre marzo y abril, Human Rights Watch entrevistó a 68 personas en forma presencial en el departamento de Arauca y por teléfono. Entre ellas se incluyen 38 personas que habían huido de Apure, así como abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas locales y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
La mayoría de los testigos de abusos temían sufrir represalias en Venezuela y hablaron bajo la condición de que no se divulgaran sus nombres ni otros datos que permitieran identificarlos.
Human Rights Watch también examinó información proveniente de autoridades colombianas y venezolanas y otras pruebas, así como fotos, videos y grabaciones de audio de ataques, de saqueos y de personas cruzando el río hacia Colombia.
La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no respondieron a los pedidos de información realizados por Human Rights Watch.
Los venezolanos desplazados manifestaron que huyeron debido a los frecuentes ataques aéreos y combates entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los grupos armados, así como también por los aberrantes abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad venezolanas.
Las fuerzas de seguridad que ellos identificaron como responsables de los abusos incluyen a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
Los entrevistados manifestaron que soldados y agentes de las fuerzas de seguridad irrumpieron en viviendas de familias de la localidad de La Victoria y en las zonas rurales de El Ripial, Los Arenales, La Capilla y La Osa.
Testigos indicaron que los agentes no mostraron una orden de allanamiento. Los residentes, en su mayoría campesinos, fueron sacados por la fuerza de sus hogares sin órdenes judiciales para detenerlos. Los agentes ordenaron a los detenidos cubrirse la cabeza con sus camisetas y los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.
No se ha proporcionado una lista oficial de detenidos ni de su paradero, pero familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos indicaron que inicialmente estuvieron detenidos en una base militar en la ciudad de Guasdualito, y, semanas después, fueron trasladados a un área administrada por militares del Centro Penitenciario de Occidente ubicado en Santa Ana, en el estado Táchira.
Dos detenidos que más tarde fueron liberados confirmaron que estuvieron retenidos en instalaciones militares. Múltiples entrevistados manifestaron que los detenidos no eran miembros de grupos armados.
El 25 de marzo, las FAES se llevaron a cuatro miembros de una familia de su vivienda en La Victoria, contó un familiar. Sus cuerpos fueron encontrados a un kilómetro y medio, en El Ripial, con cortes, heridas de bala y presuntas luxaciones óseas. Peritos forenses concluyeron que las fotografías de los cuerpos sugieren que habrían sido movidos y que las armas de fuego y granadas que se ven junto a sus manos pudieron haber sido sembradas.
Las fuerzas de seguridad ingresaron por la fuerza en varias viviendas y saquearon o destruyeron efectos personales, comida y enseres del hogar, según los residentes. Algunas familias se encerraron dentro de sus viviendas por varios días y luego huyeron a Colombia. Quienes tienen doble ciudadanía –venezolana y colombiana– temían que las fuerzas de seguridad venezolanas consideraran que eso era prueba de que tenían nexos con grupos armados.
En 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) hallaron pruebas de que podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sus informes implicaron a las mismas fuerzas de seguridad a las que se les atribuyen los abusos en Apure.
El 26 de marzo, el Fiscal General de Venezuela Tarek Saab designó a dos fiscales “de protección de derechos humanos” para investigar los sucesos en Apure y estableció una comisión conjunta de 12 expertos para investigar los asesinatos en El Ripial. La Fiscalía General de la República no ha respondido a una solicitud de información de Human Rights Watch sobre el estado de las investigaciones.
El poder judicial venezolano normalmente no investiga las evidencias contundentes de violaciones generalizadas de derechos humanos, conforme lo han demostrado las investigaciones de Human Rights Watch. Ello ha permitido que la impunidad de estos delitos sea la regla.
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela deberían analizar la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas en Apure, señaló Human Rights Watch.
También deberían examinar la posible responsabilidad de los comandantes y autoridades del más alto nivel que habrían ordenado los abusos o no habrían adoptado las medidas necesarias para prevenir estos delitos o exigir que los responsables rindan cuentas por sus actos.
Abusos sistemáticos de derechos humanos en Venezuela
Los abusos en Apure son similares a otros que han cometido en forma sistemática las fuerzas de seguridad venezolanas.
Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad de Venezuela, incluyendo fuerzas policiales, mataron a más de 19.000 personas en casos de supuesta “resistencia a la autoridad”, según datos presentados en varios informes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU concluyó que las FAES eran responsables del 59 % de todas las muertes causadas por las fuerzas de seguridad desde 2014.
Human Rights Watch ha documentado casos de supuesta “resistencia a la autoridad” en el pasado, en los cuales no hubo un enfrentamiento y agentes de las FAES estuvieron implicados en ejecuciones extrajudiciales y manipulación de la escena del crimen.
Asimismo, la Oficina de la ACNUDH concluyó que la información analizada “indica que muchas de esas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales” y que agentes de las FAES a menudo alteran la escena del crimen y la evidencia, y plantan armas y drogas para insinuar que hubo un enfrentamiento.
Las fuerzas de seguridad también han torturado a personas bajo su custodia, al menos desde 2014. En 2020, la Oficina de la ACNUDH documentó casos de golpizas violentas con tablas, asfixia con bolsas de plástico y productos químicos, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas en párpados y genitales, exposición a frío extremo o iluminación artificial constante, personas que fueron esposadas por períodos prolongados de tiempo, y amenazas de muerte.
Más de 800 civiles han sido procesados ante tribunales militares venezolanos desde 2014. La Misión de Determinación de los Hechos estableció que en Venezuela existe un “uso cada vez más frecuente de la jurisdicción militar para procesar y juzgar a civiles”.
Es necesario remontarse al período de las dictaduras de los años setenta y ochenta para encontrar casos de un uso tan frecuente de tribunales militares en América Latina, señaló Human Rights Watch. El derecho internacional prohíbe que se procese a civiles ante tribunales militares cuando los tribunales de la justicia penal ordinaria pueden funcionar, concluyó Human Rights Watch.
Contexto de los ataques en Apure
En el departamento oriental colombiano de Arauca y el vecino estado Apure en Venezuela operan grupos armados que emplean la violencia para controlar la vida cotidiana de la población.
Los grupos armados han establecido e imponen brutalmente normas que normalmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos, incluyendo toques de queda, la prohibición de los delitos de violación, robo y homicidio, y la reglamentación de la pesca, el pago de deudas, e incluso los horarios de cierre de los bares.
Los grupos armados ejercen el control mediante amenazas, secuestros, trabajo forzado, reclutamiento de menores, homicidios, y la extorsión de quienes realizan prácticamente cualquier tipo de actividad económica.
Varios grupos armados operan tanto en Arauca como en Apure, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización guerrillera que se formó en Colombia en la década de 1960, y las disidencias conocidas como Frente Décimo Martín Villa y Segunda Marquetalia, ambas formadas a partir de la desmovilización de las FARC después del acuerdo de paz de 2016.
La Segunda Marquetalia fue creada en agosto de 2019, por Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, quien había sido el segundo comandante y jefe negociador de las FARC, así como por otros ex comandantes de esa guerrilla.
Las investigaciones de Human Rights Watch han demostrado que las fuerzas de seguridad venezolanas y otras autoridades han tolerado a grupos armados que operan en Apure y, en ocasiones, han actuado en connivencia con ellos.
En los últimos años, el ELN y los grupos disidentes de las FARC parecen sentirse más seguros y con mayor facilidad para operar abiertamente en Venezuela que en Colombia. Estos grupos han instalado campamentos en Apure.
A principios de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela dio inicio a la Operación Escudo Bolivariano para conmemorar el aniversario del fallecimiento del expresidente venezolano Hugo Chávez y “combatir y expulsar amenazas internas y externas, y grupos armados colombianos”.
Según informaron los medios locales, el 21 de marzo comenzaron los enfrentamientos entre las FANB y el Frente Décimo Martín Villa, que incluyeron ataques aéreos y enfrentamientos armados.
El Ministerio de Defensa venezolano emitió su primer comunicado de prensa el 22 de marzo, en el cual manifestó que los enfrentamientos del día anterior habían causado la muerte de dos soldados y un comandante del Frente Décimo Martín Villa, conocido como “El Nando”.
Diversas autoridades venezolanas emitieron por separado declaraciones en las cuales responsabilizaban a las autoridades colombianas por la presencia de grupos armados en territorio venezolano. El gobierno de Nicolás Maduro pidió la asistencia de las Naciones Unidas para desactivar minas antipersona que, según afirmaron, habían sido colocadas por grupos armados en Venezuela.
Existen distintas versiones con respecto a qué generó las hostilidades. Sin embargo, organizaciones humanitarias y de derechos humanos en Arauca, así como entrevistados de localidades y zonas rurales de Apure donde ocurrieron los ataques, dijeron a Human Rights Watch que la Segunda Marquetalia tiene nexos estrechos con el gobierno de Maduro y que, para consolidar el control del tráfico de drogas, intentan eliminar al Frente Décimo Martín Villa, que sería su competencia. Asimismo, los residentes manifestaron haber presenciado fricciones entre el ELN y grupos disidentes de las FARC por el control del área.
Ejecuciones extrajudiciales
En la tarde del 25 de marzo, de acuerdo con entrevistas y testimonios de audio aportados por familiares y vecinos, así como informes de prensa, miembros de las FAES sacaron por la fuerza a cuatro miembros de una familia de su vivienda en el barrio Cinco de Julio en La Victoria. Las víctimas fueron Luz Dey Remolina, de 42 años, Emilio Ramírez Villamizar, de 44, Ehiner Yanfrán Anzola Villamizar, de 22, y Yefferson Uriel Ramírez, de 20.
Según Emir Remolina, de 26 años, hijo de Luz Dey y Emilio, esa mañana pasó por la vivienda de sus padres mientras se dirigía a trabajar y los vio allí. En la tarde, advirtió que había muchos agentes de las fuerzas de seguridad en las calles y francotiradores en los techos, e intentó varias veces llamar a sus padres por teléfono.
No obtuvo respuesta. Cerca de las 3:30 p.m., se acercó hasta la vivienda de sus padres y no encontró a nadie allí, pero sí encontró varios artículos domésticos destruidos, y que faltaban muebles y una motocicleta. Los vecinos le dijeron que agentes de las FAES se habían llevado vivos a sus padres, con las camisetas cubriéndoles la cabeza, y los habían subido a un tanque blindado.
Varias horas después, Emir vio mensajes y fotografías que circulaban en grupos de WhatsApp informando que las FAES habían matado a una familia en una finca cerca de la zona rural de El Ripial, aproximadamente a 1.5 kilómetros de donde vivían sus padres.
Las imágenes, a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch, mostraban los cuerpos en el suelo, boca arriba y con armas cerca de las manos. Emir los reconoció como los cuerpos de sus padres, su hermano y su tío.
Algunos días después, las autoridades venezolanas informaron que agentes venezolanos habían matado—“neutralizado”— a seis personas en El Ripial. No indicaron los nombres.
Al menos 13 personas de La Victoria dijeron a Human Rights Watch que los familiares de Emir no eran guerrilleros sino campesinos que habían vivido y trabajado allí por más de 15 años. Tres personas de El Ripial confirmaron que la familia no vivía ni tenía una finca en la zona donde se encontraron los cuerpos.
Onder Ozkalipci y James Lin, miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG), que es coordinado por el Centro Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), y Carlos Valdés, exdirector del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, analizaron las fotografías que muestran los cuerpos de los familiares de Emir.
Estos expertos forenses dijeron a Human Rights Watch, sobre la base de su análisis de las fotos, que los cuerpos parecían haber sido movidos, la ubicación de las armas había sido manipulada, y que había evidencias de que una de las víctimas había recibido disparos desde una corta distancia.
Los expertos forenses indicaron que los cuatro cuerpos se ajustaban a un “patrón”: estaban acostados boca arriba, tenían los brazos extendidos hacia los lados, los hombres tenían el torso descubierto, y todos tenían armas o granadas junto a su mano derecha. Los forenses también dijeron lo siguiente:
Ehiner Yanfrán Anzola Villamizar tenía una granada junto a su mano derecha y tenía fracturado el húmero de ese brazo. La herida parecía haber ocurrido antes de su muerte. Su cuerpo presentaba dos heridas de bala en el pecho, donde parecía haber residuo, lo cual indicaría que se le disparó desde una corta distancia (de menos de tres metros). Pareciera que alguien le limpió la sangre de la cara.
Luz Dey Remolina tenía orificios de entrada y salida en el brazo derecho y una granada cerca de esa mano. El patrón general de los cuerpos y la evidencia de que los cuerpos fueron movidos indican que la ubicación de las armas no es auténtica.
El rostro y torso de Emilio Ramírez Villamizar tenían manchas de sangre que parecían haber sido limpiadas. La sangre había escurrido desde una herida en el lado derecho de la cabeza en una dirección que sugiere que el cuerpo fue girado hacia la derecha.
Es probable que sus brazos hayan estado inicialmente junto a su cuerpo, en vez de extendidos junto a la cabeza como se ve en la fotografía. Además, es muy probable que su cuerpo estuviera originalmente boca abajo.
Los cuerpos vestían ropa de civil y no los uniformes de guerrillas. Los familiares negaron que las armas y granadas que se ven cerca de los cuerpos pertenecieran a las víctimas.
El 28 de marzo, Emir recuperó los cuerpos de sus familiares y les dio sepultura en Arauquita. Las autoridades venezolanas no le entregaron certificados de defunción, informes de autopsia, ni ninguna otra documentación que corresponda a un examen forense.
Detenciones arbitrarias y tortura
Desde el 21 de marzo, medios locales y residentes de La Victoria han informado sobre detenciones realizadas por fuerzas de seguridad y militares. Las autoridades no han proporcionado una lista completa de los detenidos ni información sobre su paradero.
Padrino, el ministro de Defensa, señaló que el Tribunal Militar 14 juzgaría a 33 detenidos. La Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo de Venezuela no han respondido a solicitudes de información de Human Rights Watch sobre estos casos.
Human Rights Watch ha recabado información sobre la detención arbitraria de 17 personas, a través del testimonio directo de familiares, organizaciones de derechos humanos, o testimonios en audio y video. La prensa ha informado sobre casos adicionales.
Nueve testigos indicaron que las FAES detuvieron a 10 de sus familiares después de irrumpir en sus viviendas sin órdenes de detención o allanamiento.
Familiares, así como representantes de las organizaciones de derechos humanos Foro Penal y Fundaredes, dijeron que los detenidos se encontraban inicialmente en una base militar en la ciudad de Guasdualito, a 100 kilómetros de La Victoria, pero que por semanas no se les permitió verlos.
El 12 de abril, 26 detenidos – 25 hombres y una mujer – fueron trasladados a una zona militar, conocida como Área de Procesados Militares (Procemil), dentro del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, en el estado Táchira, según algunos familiares y el Foro Penal.
De acuerdo con la información aportada por las personas entrevistadas, los detenidos en El Ripial y la zona rural de Los Arenales eran campesinos que vivían y trabajaban en fincas.
En la zona rural de La Capilla, aproximadamente a 6 kilómetros de La Victoria, agentes de las FAES se llevaron a 17 hombres de sus viviendas o comercios, relató la esposa de uno de los detenidos. Los agentes cubrieron las cabezas de los detenidos con sus camisetas, los golpearon, los arrojaron al suelo y amenazaron con matarlos.
Algunas personas fueron detenidas porque tenían videos o fotos de los ataques o de la presencia militar en la zona en sus teléfonos, según contaron varios testigos y una defensora de derechos humanos.
Por temor a requisas o detenciones, muchas personas entrevistadas en Arauquita dijeron que habían borrado material relacionado con los ataques en La Victoria y zonas cercanas de sus teléfonos.
Agentes de las FAES se llevaron a Alejandro, de 23 años, y Vicente Rojas, de 20 (seudónimos), dos hermanos que trabajaban en una gasolinera, de su vivienda en La Victoria a las 10:30 a.m. del 24 de marzo, dijo su hermana.
Los agentes ingresaron por la fuerza, según contó, y buscaron fotos y videos en sus teléfonos celulares. Los agentes les cubrieron las cabezas a los hermanos con sus camisetas y los golpearon en el estómago y la espalda. Un testigo dijo a la familia que los jóvenes fueron llevados a la base militar.
El 10 de abril, su hermana pudo hablar con ellos durante 10 minutos en la base militar de Guasdualito. Sus hermanos le dijeron que agentes los habían golpeado durante los primeros días de su detención.
El 12 de abril, un teniente que está ejerciendo la defensa legal de Alejandro y Vicente le dijo a su hermana que les habían imputado varios crímenes, incluyendo “ataque al centinela”, ante un tribunal militar, y que serían trasladados a la prisión de Santa Ana.
En la mañana del 21 de marzo, Jessica Vera (seudónimo), de 26 años, vio que había hombres vestidos con un uniforme verde, a quienes identificó como agentes de la Guardia Nacional Bolivariana, cerca de la pequeña vivienda en El Ripial que compartía con su esposo, Javier Cuesta (seudónimo), quien tenía un negocio de reparación de equipos de radio y TV, y sus hijos de 9, 5 y 2 años.
Aproximadamente al mediodía, circularon por las calles tanques blindados y agentes de seguridad entraron a algunas viviendas para requisarlas. Vera contó que los uniformados le hicieron un gesto a Javier desde el otro lado de su patio para que saliera.
Le ordenaron que se levantara la camiseta, se cubriera con ella la cabeza, y levantara los brazos. Le exigieron su cédula de identidad y Javier le pidió a su esposa que la buscara dentro de la casa. Al salir con la cédula, su hija de 9 años le dijo que los hombres se habían llevado esposado a Javier. Un agente le informó que investigarían a su esposo por ser un “guerrillero”.
Junto con sus hijos, Jessica caminó hasta La Victoria para preguntar por su paradero. Al llegar, vio a algunos soldados que le dijeron únicamente que su esposo se encontraba en un batallón militar. Después de tres días de una búsqueda infructuosa, mientras continuaban los ataques en La Victoria, Jessica cruzó a Arauquita con sus hijos.
El 16 de abril, Jessica dijo a Human Rights Watch que su esposo, con quien había podido hablar por teléfono, había sido trasladado de la base militar de Guasdualito a la cárcel de Santa Ana.
Human Rights Watch entrevistó a un menor, de 17 años, y a un adulto que informaron que agentes de las FAES los habían detenido en la base militar en Guasdualito y los habían liberado seis días después.
Pedro Cabrera (seudónimo), un ciudadano colombiano de 43 años que vivía en Apure, contó que el 21 de marzo, agentes de las FAES y de la GNB detuvieron a su esposa, Camila Vélez (seudónimo), embarazada de dos meses, y a sus hijos Marcos (seudónimo), de 17, y Ernesto (seudónimo), de 14, en la zona rural de Los Arenales. Ese día los había despertado el ruido de disparos y explosiones.
Pedro contó que, como no tenía documento de identidad venezolano, se escondió cerca de su casa. Desde allí, vio a los agentes arrojar a su esposa y sus hijos al suelo, darles puntapiés en el estómago, cubrirles el rostro con sus camisetas, y atarles las manos detrás de la espalda.
Marcos, que fue liberado seis días después junto con su hermano, contó que durante las golpizas al momento del arresto los agentes acusaron a su hermano, su madre y a él de pertenecer a la guerrilla. Los llevaron a una vivienda cerca de allí, volvieron a arrojarlos al suelo, y siguieron dándoles golpes hasta el anochecer, cuando los llevaron a una base militar en La Victoria.
Al día siguiente, los agentes transfirieron a los menores de edad y su madre a la base militar de Guasdualito, donde agentes de las FAES y de la GNB los encerraron en una celda hacinada y sin ventilación, junto con aproximadamente otras 30 personas y sin medidas adecuadas para limitar la propagación del Covid-19, contó. Durmieron en el piso y solo les dieron agua y mangos para comer.
Según dijo, un militar les informó que se los acusaba de “rebelión”, “traición a la patria”, “ataque al centinela”, y “sustracción de objetos militares”, pero no fueron llevados ante un juez ni tuvieron acceso a un abogado.
Durante los primeros días de la detención de Marcos, los agentes de seguridad lo golpearon a él y a los demás detenidos en varias oportunidades. Los agentes los golpearon con las culatas de sus fusiles en el estómago y en la cabeza, afirmó.
Al sexto día, Marcos y Ernesto fueron liberados con otras seis personas (dos niños y cuatro adultos). Funcionarios de la Defensoría del Pueblo llevaron a los dos hermanos a un albergue, y al día siguiente los entregaron a un familiar, que los ayudó a llegar a Arauquita. Una investigadora de Human Rights Watch vio algunas de las contusiones que presentaba Marcos, y Jairo Urrutia (seudónimo), de 54 años, que estuvo detenido en la misma celda que Marcos, corroboró su relato.
El 14 de abril, Pedro dijo a Human Rights Watch que su esposa, Camila, había sido trasladada a la prisión de Santa Ana. Aunque no había podido hablar con ella, se enteró a través de un familiar, quien sí la había podido visitar, que Camila había perdido el embarazo.
Jairo Urrutia dijo que el 21 de marzo, agentes de las FAES y de la GNB entraron en su casa en El Ripial, lo arrojaron al piso, le ataron las manos detrás de la espalda y lo subieron a un tanque, donde le dieron golpes en el estómago.
Fue llevado a la base militar de Guasdualito, donde agentes de las FAES y de la GNB lo acusaron de ser un informante de la guerrilla y lo detuvieron en una celda hacinada.
Contó que, al sexto día, fue llevado ante un tribunal militar, donde un juez militar le dijo, durante una audiencia, que se lo acusaba de “rebelión”, “porte de armas”, “ataque al centinela” y “resistencia”, pero la Defensoría del Pueblo pidió su liberación. No recibió asistencia de un abogado. Huyó a Arauquita esa misma noche.
Tres personas entrevistadas manifestaron que fueron víctimas de tratos crueles durante las redadas.
Carlos Pérez (seudónimo), de 28 años, y Diego Ruíz (seudónimo), de 14, contaron que alrededor del mediodía del 25 de marzo, al menos 15 agentes de las FAES derribaron la puerta de la vivienda de Carlos, donde también se encontraba Diego.
Los agentes los arrojaron al suelo y les cubrieron el rostro con sus camisetas. Llevaron a cada uno a una vivienda diferente en las proximidades, donde los obligaron a arrodillarse con las manos detrás de la espalda mientras los interrogaban sobre sus supuestos vínculos con organizaciones guerrilleras.
Carlos y Diego negaron cualquier relación con los grupos armados. Los agentes les hicieron comer tierra y les dieron puntapiés en las costillas.
Carlos dijo que un agente de las FAES le apuntó con un arma en el cuello y amenazó con matarlo. Apretó el gatillo, pero el arma estaba descargada. Diego dijo que los agentes de las FAES que lo retenían hicieron lo mismo, al menos cuatro veces, y que un agente le apretó una parte de la nariz con un alicate para que confesara sus supuestos nexos con grupos guerrilleros.
Después de varias horas, ambos fueron liberados. Huyeron a Arauquita con sus familias esa misma noche.
El 25 de marzo, dos tanques con agentes de las FAES entraron en la finca donde vivían y trabajaban Pablo Ramírez (seudónimo) y su familia, en la zona rural de La Victoria. Pablo contó que los agentes le clavaron una navaja en el meñique derecho mientras lo interrogaban sobre sus presuntos vínculos con grupos guerrilleros.
Como no respondía, los agentes le hundieron más la navaja en el dedo, y luego se lo torcieron con un alicate. “Sentí que iban a quebrarlo”, contó. Pablo mostró a una investigadora de Human Rights Watch el dedo con una cicatriz. Los agentes amenazaron con matarlo, llevarse a su hijo de 5 años, y cortarle el vientre a su mujer, embarazada de 5 meses, para sacarle al bebé que estaba gestando. La familia huyó a Arauquita.
Respuesta humanitaria en Colombia
Al 19 de abril, autoridades colombianas indicaron que más de 5.800 personas, incluidos venezolanos y colombianos que vivían en Venezuela, habían huido de Apure desde el 21 de marzo, principalmente a través de cruces informales y usando canoas para cruzar el río Arauca.
La mayoría se encontraba en 19 albergues en Arauquita. A fines de marzo, cuando las cifras oficiales indicaban que 4.500 personas habían huido, autoridades locales en Arauquita dijeron a Human Rights Watch que aproximadamente 3.000 más estaban quedándose en casas de amigos y familiares en zonas rurales de Arauquita.
Los albergues de Arauquita son gestionados por las autoridades locales con el apoyo de organizaciones humanitarias internacionales, incluidas ACNUR, Save the Children, el Consejo Noruego para Refugiados (CNR), UNICEF y el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP), entre otras.
A pesar del sostenido apoyo proporcionado por organizaciones humanitarias para incrementar la capacidad local de brindar comida, agua potable, insumos sanitarios y atención médica, la asistencia humanitaria existente es insuficiente.
Algunos niños y niñas han seguido asistiendo a la escuela en Colombia, pero la continuidad de su educación es difícil debido a que se vieron obligados a dejar sus materiales en sus hogares, según trabajadores humanitarios.
Las condiciones de hacinamiento en los albergues dificultan el distanciamiento social. Es probable que esas condiciones, así como las dificultades para aislar adecuadamente a personas con Covid-19, haya contribuido a la propagación del virus en los albergues. Al 16 de abril, las autoridades habían confirmado 76 casos positivos.
Las autoridades y los trabajadores humanitarios también expresaron que es sumamente difícil ayudar a quienes se alojan fuera de los albergues urbanos debido a los riesgos para la seguridad generados por los grupos armados en Arauca.
La actividad de las organizaciones internacionales humanitarias en La Victoria, Venezuela, ha sido prácticamente suspendida debido a la situación en la zona.
Algunas de las personas entrevistadas, incluidos trabajadores humanitarios, manifestaron que los desplazados en Arauca temen volver a sus casas en Venezuela y que en las condiciones actuales es muy probable que se queden en Arauca o se muden a otras partes de Colombia, por los riesgos para la seguridad y porque han perdido sus viviendas y pertenencias en los ataques.
Recomendaciones
A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela:
Analizar de forma oportuna las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia de género perpetradas por las fuerzas de seguridad venezolanas en Apure, incluidos los casos que se documentan en este informe.
Analizar la posible responsabilidad de quienes están implicados de manera directa en estos abusos, y de los comandantes y autoridades del más alto nivel que habrían ordenado abusos o podrían tener responsabilidad por no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir delitos o exigir que los responsables rindan cuentas por sus abusos.
A la administración del presidente de Colombia Iván Duque:
Llevar a cabo un censo integral en Arauca de todos los venezolanos y colombianos que se vieron obligados a huir de Apure, incluidos aquellos que en la actualidad no se alojan en albergues, y garantizar a los desplazados la posibilidad de acceder a un estatus legal en Colombia.
Asegurar que quienes llegan a Arauca tengan acceso a asistencia humanitaria básica, incluyendo comida, alojamiento, equipos de protección personal y otros insumos de higiene necesarios para prevenir la propagación del Covid-19, atención médica que incluya acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y acceso a agua potable y sanidad básica.
Implementar efectivamente la declaratoria de “situación de calamidad pública”, decretada el 6 de abril en Arauquita, la cual conforme al derecho colombiano permitiría asignar más recursos del gobierno nacional a los esfuerzos humanitarios para brindar asistencia a los desplazados venezolanos y colombianos en Arauquita.
A los gobiernos donantes y los organismos humanitarios internacionales:
Apoyar las iniciativas para que las autoridades de Arauca que administren albergues creados para alojar a los miles de desplazados que huyeron recientemente de Apure cuenten con ayuda humanitaria suficiente.