Donald Trump y 18 de sus aliados fueron acusados formalmente el lunes en Georgia de intentar anular de manera ilegal su derrota en las elecciones de 2020 en el estado. Este es el cuarto caso penal que se abre contra el expresidente y el segundo en el que se alega que intentó subvertir los resultados de la votación.
La acusación detalla docenas de actos por parte de Trump y sus aliados para revertir su derrota en el estado, incluido el hostigar al secretario de Estado de Georgia para que hallara suficientes votos con el fin de que Trump pudiese conservar el poder; importunar a funcionarios con alegatos falsos de que se había cometido un fraude electoral, e intentar persuadir a los legisladores de Georgia a ignorar la voluntad popular y nombrar a una nueva serie de compromisarios del Colegio Electoral favorables a Trump.
"Trump y otros de los acusados en esta imputación se negaron a aceptar que Trump perdió y, a sabiendas y voluntariamente, se unieron a una conspiración para modificar ilegalmente el desenlace de las elecciones en favor de Trump", señala el acta acusatoria emitida el lunes por la noche por la oficina de Fani Willis, la fiscal de distrito del condado Fulton.
Otros indiciados son el ex jefe de despacho de la Casa Blanca Mark Meadows; el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani; y Jeffrey Clark, un funcionario del Departamento de Justicia del gobierno de Trump que impulsó su plan para revertir su derrota electoral en Georgia.
La imputación es el cuarto caso penal contra Trump en cinco meses, cada uno en una ciudad distinta, que serían intimidantes para cualquiera, más aún para un acusado que al mismo tiempo está postulándose a la presidencia.
Se anuncia apenas dos semanas después de que el fiscal especial del Departamento de Justicia lo acusara de conspirar para revocar los resultados de las elecciones, lo que pone de relieve cómo los fiscales, tras largas investigaciones que siguieron a los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio federal, han tomado medidas para hacer que Trump rinda cuentas por un asalto a los fundamentos de la democracia estadounidense.
Aunque la acusación formal en Georgia está enfocada en los intentos de Trump por revertir los resultados electorales en sólo un estado, su amplia red de imputados sobresale en comparación con el caso más selectivo interpuesto por el fiscal especial Jack Smith, que hasta ahora sólo nombra a Trump como acusado. El caso de Georgia también se destaca porque, a diferencia de los dos procesos federales que enfrenta, Trump no tendría la oportunidad de intentar indultarse a sí mismo si llega a ganar la presidencia.
A medida que se suman las imputaciones, Trump —el favorito para conseguir la nominación republicana a la presidencia— suele referirse al hecho de que es el único presidente de Estados Unidos que ha enfrentado cargos penales. Sigue haciendo campaña y recaudando fondos en torno a dichos temas, presentándose a sí mismo como una víctima de fiscales demócratas que están tras de él.
En un mensaje en su red social Truth Social, el expresidente Trump calificó los cargos en Georgia de acusación "amañada".
"¿Por qué no acusaron hace dos años y medio? Porque querían hacerlo justo en medio de mi campaña política. ¡Cazería de brujas!", señaló.
La imputación acusa a Trump de hacer declaraciones y escritos falsos por una serie de afirmaciones que le hizo al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, y a otros funcionarios electorales del estado el 2 de enero de 2021, incluyendo que hasta 300.000 boletas "fueron agregadas misteriosamente al escrutinio" en las elecciones de 2020, que más de 4.500 personas que no estaban empadronadas sufragaron, y que un trabajador electoral del condado Fulton, Ruby Freeman, era un "falsificador profesional de votos".
A continuación, un vistazo a algunos de otros casos destacados contra Trump mientras el exmandatario busca la candidatura republicana para las elecciones de 2024:
EL CASO DE LOS DOCUMENTOS CLASIFICADOS
El fiscal especial Jack Smith ha liderado dos pesquisas federales relacionadas con Trump, que han supuesto cargos contra el expresidente.
Los primeros cargos de esas investigaciones se conocieron en junio, cuando Trump fue acusado de haber gestionado de forma inapropiada documentos de alto secreto en su finca de Florida. El documento legal alegaba que Trump hizo que empleados y abogados le ayudaran de forma reiterada a ocultar documentos reclamados por investigados y exhibió de forma descuidada un mapa clasificado y un "plan de ataque" del Pentágono.
Un procesamiento adicional en julio añadió cargos de que Trump había pedido que se borraran imágenes de las cámaras de seguridad de su propiedad en Mar-a-Lago después de que el FBI e investigadores del Departamento de Justicia visitaran el lugar en junio de 2022 para retirar documentos clasificados que se había llevado al abandonar la Casa Blanca. El nuevo documento también le acusaba de conservar de forma ilegal un documento que se cree exhibió ante visitantes en Nueva Jersey.
En total, Trump enfrenta 40 acusaciones en el caso de los documentos clasificados. El cargo más grave puede conllevar hasta 20 años de prisión.
Walt Nauta, un mayordomo de Trump, y Carlos De Oliveira, gerente en la finca de Trump en Florida, han sido acusados en ese caso por conspirar para ocultar imágenes de seguridad a investigadores federales y mentir sobre ello.
Trump y Nauta se han declarado no culpables. Estaba previsto que De Oliveira fuera procesado el martes.
La juez federal de distrito Aileen Cannon fijó una fecha de juicio para el 20 de mayo de 2024. Si se mantiene la fecha, el posible juicio no comenzaría hasta bien entrado el proceso de nombrar candidatos para las elecciones presidenciales y probablemente cuando el candidato republicano ya estaría claro, aunque esa persona sea nombrada oficialmente en la Convención Nacional Republicana.
INTERFERENCIA ELECTORAL
El segundo caso de Smith contra Trump se presentó en agosto, cuando el expresidente fue acusado de delitos por intentar revocar los resultados las elecciones de 2020 antes de la violenta insurrección de sus partidarios en el Capitolio de Estados Unidos.
La acusación por cuatro cargos incluye conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos y conspiración para obstruir un proceso oficial: la certificación en el Congreso de la victoria de Biden. El texto describe cómo Trump repitió a sus seguidores y a otras personas que había ganado las elecciones, pese a saber que eso era falso, y cómo intentó persuadir a funcionarios del estado, al vicepresidente, Mike Pence, y finalmente al Congreso de que revocaran los resultados legítimos.
Tras una semana difundiendo mentiras sobre los resultados electorales, los fiscales alegan que Trump intentó aprovechar la violencia en el Capitolio para presentarla como un motivo para aplazar más el conteo de votos que selló su derrota.
En sus escritos de acusación, los fiscales enumeraron media docena de coconspiradores no acusados, como abogados de dentro y fuera del gobierno que según dijeron habían trabajado con Trump para anular los resultados de las elecciones planteado planes de legalidad cuestionable para conseguir electores falsos en estados disputados donde había ganado Biden.
La campaña de Trump tachó esos cargos como "falsos" y preguntó por qué se habían tardado dos años y medio en presentarlos.
PAGOS DE SILENCIO
Trump se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en la historia que enfrentaba cargos penales cuando fue acusado en Nueva York el pasado marzo de cargos derivados de unos pagos para silenciar a mujeres durante la campaña presidencial de 2016 y mantener en secreto las acusaciones de relaciones extramaritales.
Él se declaró culpable de 34 delitos de falsificar registros empresariales. Cada cargo era punible con hasta cuatro años de prisión, aunque no estaba claro que un juez fuera a ordenar penas de prisión si Trump era condenado.
Los cargos están relacionados con una serie de cheques escritos a nombre de su abogado Michael Cohen para reembolsarle sus pagos a la actriz porno Stormy Daniels, que dijo haber tenido una relación sexual con Trump en 2006, poco después de que Melania Trump diera a luz al hijo de la pareja, Barron. Esos pagos quedaron registrados en varios documentos corporativos internos como coste legal que según la fiscalía no existía.
La próxima comparecencia del presidente en la corte estatal está fijada para el 4 de enero, antes de que los republicanos empiecen el proceso formal de nominación de su candidato.
CASOS CIVILES EN NUEVA YORK
La fiscal de Nueva York Letitia James ha demandado a Trump y la Organización Trump, a los que acusa de engañar a bancos y autoridades fiscales sobre el valor de activos como campos de golf y rascacielos para conseguir préstamos y beneficios fiscales.
Esa demanda podría suponer multas civiles contra la compañía si James, que es demócrata, gana el juicio. Ella ha pedido una multa de 250 millones de dólares y que se inhabilite a Trump para hacer negocios en Nueva York. La fiscalía de Manhattan investigó las mismas acusaciones pero no presentó cargos penales.
Hay un juicio civil programado para octubre en la corte estatal.
En otro caso separado en la corte federal de Nueva York, Trump fue declarado culpable en mayo de agresión sexual y difamación contra la excolumnista E. Jean Carroll a mediados de la década de 1990. El jurado rechazó la acusación de Carroll de que Trump la había violado en un probador.
Trump recibió orden de pagar 5 millones de dólares a Carroll. Ha apelado y negado las acusaciones con firmeza. En julio, un juez federal respaldó el veredicto del jurado contra Trump y rechazó las afirmaciones del expresidente de que la indemnización era excesiva.