La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba certificó el lunes que el opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), se encuentra extinguiendo sanción en el Centro Penitenciario de Mar Verde, ubicado en esa provincia oriental.
El documento fechado el 4 de julio declaró "no haber lugar al procedimiento de habeas corpus interpuesto por Nelva Ismaray Ortega Tamayo", esposa del opositor cubano el jueves de la semana pasada. La señora denunció que el gobierno cubano lo mantiene incomunicado y que su familia no tiene información de su paradero o condición física.
El documento del tribunal fue divulgado en las últimas horas por la familia de Ferrer y en él se establece que el también presidente de Consejo Para la Transición Democrática en Cuba tiene que cumplir cuatro años y catorce días que le restan de su sanción.
Los firmantes Yoendris Rosabal Jerez, Ana Nacly Suárez García y Daniel Sagarra Goire de Belén aseguran que al líder opositor "se le han otorgado todos los beneficios contemplados en el reglamento del sistema penitenciario, en cuanto a visita familiar, comunicación telefónica y disfrute de pabellón conyugal en el tiempo y período establecido sin que se advierte en tal sentido vulneración de sus derechos".
La familia del opositor, sin embargo, ha denunciado que el 4 de junio fue la última vez que Ferrer habló por teléfono con su esposa y que en esa ocasión continuaba en una celda de aislamiento y en delicado estado de salud en la prisión donde está encarcelado desde el 12 de agosto de 2021.
También dijeron que las autoridades carcelarias no permitieron a la familia ver al opositor en la cárcel de Mar Verde, adonde habían acudido para exigir fe de vida y que las autoridades militares aseguraron a Ortega que Ferrer se había negado a tener contacto con su familia.
Ferrer está preso desde el 11 de julio de 2021 cuando intentó unirse a las protestas populares de ese día en Santiago de Cuba. Tras ser apresado, le fue revocada la medida cautelar de prisión domiciliaria por una sanción previa que cumplía.
Numerosos grupos de derechos humanos y gobiernos como el de Estados Unidos y los países de la Unión Europea han reiterado el reclamo al régimen de La Habana para que libere al preso político, que fue encarcelado también durante la “Primavera Negra de Cuba” en 2003.