Poco después que la Corte Suprema de Justicia autorizara la entrada en vigor de forma temporal de la ley SB4 que permite a las autoridades de Texas arrestar a los migrantes, el Tribunal de Apelaciones impuso un nuevo bloqueo a la medida.
Impulsada por la mayoría republicana y por el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, la normativa permitiría a la policía arrestar e imponer sanciones penales a los migrantes. Además, faculta a los jueces estatales para ordenar la deportación de los detenidos a México.
La polémica ley había sido bloqueada ya por un juez federal luego de que el gobierno de Joe Biden presentara una moción para evitar su entrada en vigor hasta que hubiera una decisión judicial firme, pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dijo que esta podría entrar en vigor el 10 de marzo si la Corte Suprema no intervenía.
Lee también Corte Suprema de EEUU suspende ley que permitiría a Texas detener a migrantesEn medio de la crisis en la frontera sur, Abbott sostiene que el estado tiene derecho a tomar medidas para detener el flujo de migrantes.
"Esta ley perturbará las delicadas relaciones exteriores, frustrará la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizará los esfuerzos federales de aplicación de la ley, socavará la capacidad de las agencias federales para detectar y monitorear amenazas inminentes a la seguridad y disuadirá a los no ciudadanos de denunciar abusos o trata", escribió la jueza Sonia Sotomayor en su opinión de dicenso.
Aprobada por el gobernador de Texas en diciembre pasado, la normativa le da el poder a los agentes para arrestar a cualquier persona sospechosa de entrada ilegal al país en cualquiera de los 254 condados del estado. Una vez detenidos, los migrantes pueden aceptar una orden para dejar Estados Unidos o ser procesados por cargos de delito menor por entrada ilegal. Los migrantes que no cumplan con dicha orden pueden ser arrestados bajo cargos de delito más graves.
No obstante, hay lugares en los que esta no se podría aplicar, incluidas las escuelas públicas y privadas, lugares de oración, y hospitales u otros centros de atención médica.
Nota del editor: Este artículo fue actualizado tras la decisión del Tribunal de Apelaciones.