El 15 de junio de este año, el Departamento de Estado de los EEUU emitió el “Informe de Transparencia Fiscal 2020”, el que descubre que 76 de 141 gobiernos investigados por el Departamento llenaron los requisitos mínimos de transparencia fiscal. Catorce de los 65 gobiernos que no cumplieron con los requisitos, hicieron progresos suficientes durante el período de investigación.
La Transparencia Fiscal es un crítico elemento de una eficiente administración financiera, ayuda a desarrollar la confianza en el mercado privado y apoya la sustentabilidad económica. Promueve una mayor responsabilidad gubernamental, ayudando a que los ciudadanos responsabilicen a sus dirigentes y facilita un debate público más informado.
La Informe de Transparencias Fiscal Anual, investiga la posibilidad de encontrar oportunidades para la involucración del diálogo con los gobiernos, sobre la importancia de la transparencia fiscal.
Sobre Nicaragua en el Informe 2020
En el informe se revela que los documentos presupuestarios disponibles al público no proporcionaron una imagen sustancialmente completa de los gastos planificados y las fuentes de ingresos del Gobierno sandinista en Nicaragua.
el Gobierno de Daniel Ortega no ha contabilizado públicamente el gasto de una importante asistencia extrapresupuestaria a Venezuela ...
Parte de la información sobre las obligaciones de la deuda estaba a disposición del público, pero la información de empresas estatales garantizadas por el Gobierno no estaba disponible, se indica en la sección de Nicaragua del documento.
Agrega el informe que los documentos presupuestarios de Nicaragua no fueron preparados de acuerdo con principios internacionalmente aceptados y que importantes y grandes empresas estatales no tenían sus estados financieros disponibles públicamente.
Se asevera que el Gobierno de Daniel Ortega no ha contabilizado públicamente el gasto de una importante asistencia extrapresupuestaria a Venezuela, y que esta asistencia no ha sido objeto de auditoría ni supervisión legislativa.
Las asignaciones y ganancias de algunas empresas estatales se incluyeron en el presupuesto sobre una base neta, según el informe, pero la mayoría de las empresas estatales, incluida ALBANISA, que es una empresa conjunta de las compañías petroleras estatales nicaragüense y venezolana, no han sido objeto de auditoría.
Nicaragua no auditó el presupuesto ejecutado por el Gobierno. Los criterios y procedimientos mediante los cuales el régimen otorga contratos o licencias para la extracción de recursos naturales fueron descritos en la ley, aunque no está claro si el proceso utilizado en la práctica para otorgar adjudicaciones ha sido consistente con la misma.