A 24 horas de la "Toma de Caracas"

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A 24 horas de la "Toma de Caracas" el oficialismo aumenta la represión

Militares y policías empezaron a ubicarse hoy en puntos estratégicos del país.

La oposición venezolana anunció que marchará por tres de las principales avenidas del este de Caracas.

La marcha convocada para el jueves se produce en medio de una creciente incertidumbre sobre los señalamientos de persecución de los opositores por parte del régimen socialista de Nicolás Maduro.

El oficialismo también convocó para el jueves a una movilización en la céntrica avenida Bolívar.

"Esta no es una marcha cualquiera", afirmó el secretario ejecutivo de la alianza opositora Jesús Torrealba.

En diálogo con The Associated Press sostuvo que la manifestación marcará el "principio de un proceso de lucha persistente, escalonado" que tiene como objetivo la realización en el corto plazo de la consulta popular para revocar a Maduro.

Al ser consultado sobre las proyecciones de asistencia a la llamada "Toma de Caracas" el dirigente indicó que "no estamos en las condiciones de país para decir cuántos asistirán" pero planteó que esperan lograr una de las "mayores concentraciones" de la historia política.

La oposición, que consolidó una mayoría contundente en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 al derrotar al oficialismo y lograr el control de la Asamblea Nacional, no ha tenido en los últimos años manifestaciones de las dimensiones de 2002 previas al fallido levantamiento cívico-militar contra el entonces presidente Hugo Chávez, cuando se movilizaron más de un millón de personas en Caracas.

"Me atrevería a proyectar que ésta va a ser una manifestación muy grande", afirmó Luis Vicente León, presidente de la encuestadora local Datanálisis al señalar que la larga planificación de la movilización, la unificación de los diferentes partidos que integran la coalición opositora y la convocatoria pacífica hacen prever que habrá una multitudinaria participación.

León dijo que las denuncias de las autoridades sobre posibles hechos violentos pueden generar algún impacto entre los seguidores de la oposición pero sostuvo que esos intentos para atemorizar no evitarán una gran marcha.

Al ser consultado sobre lo que ocurrirá después del 1 de septiembre el analista admitió que no está claro cómo la oposición podrá lograr la presión suficiente para que las autoridades electorales permitan la realización este año del referendo y si el gobierno estará dispuesto a entregar el poder por la vía de una consulta.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro hizo la víspera un llamado al gobierno venezolano a que permita las manifestaciones y pidió en un comunicado a las autoridades que evite "medidas que puedan alentar la violencia y generar climas de confrontación, tales como la programación en el mismo día de marchas y manifestaciones pro gubernamentales".

Almagro indicó que el gobierno rechazó una propuesta de la Secretaría General de la OEA de trabajar para asegurar las mayores garantías para las marchas y manifestaciones previstas.

La oposición apuesta a realizar este año el referendo pero el cronograma que planteó recientemente el Consejo Nacional Electoral ha generado dudas de que la consulta pueda darse antes del 10 de enero de 2017, cuando se completa más de la mitad del mandato de seis años de Maduro.

La constitución establece que de realizarse el referendo luego de superarse más de la mitad del período presidencial los dos últimos años del gobierno deben ser completados por el vicepresidente de turno.

Militares y policías empezaron a ubicarse hoy en puntos estratégicos del país, ante lo que se prevé será la mayor pulseada callejera que hará la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para exigir al Consejo Nacional Electoral (CNE) acelerar el referendo: la denominada

"Toda Venezuela se está movilizando por el derecho a votar (...) por encima de la estrategia del miedo, el chantaje y el amedrentamiento, para hacer la más importante movilización política de nuestra historia reciente", aseguró el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.

Los chavistas se manifestaron el martes, lo harán también este miércoles, y convocaron para el jueves en Caracas una gigantesca movilización que llamaron la "Toma de Venezuela" para, según sus dirigentes, "defender la revolución".

Maduro acusó a la oposición de planear un "golpe de Estado" y amenazó con mandar a prisión a dirigentes opositores si se desatan hechos de violencia el jueves. "Chillen, lloren o griten, ¡presos van!", sentenció.

"La oposición se está jugando el todo por el todo, busca demostrar que es una gran mayoría en el país que quiere cambio. El gobierno está centrando su estrategia en desmoralizar, desmovilizar y meter miedo", afirmó a la AFP Diego Montoya-Ocampo, analista del IHS Markit Country Risk, con sede en Londres.


Delegados de la MUD viajaron a Estados Unidos para pedir a las Naciones Unidas en Nueva York y a la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington que vigilen la "Toma de Caracas" y denunciar lo que consideran un "aumento de la represión".

En vísperas de la marcha, las autoridades detuvieron a dos dirigentes opositores, y envió a prisión al exalcalde Daniel Ceballos, tras un año en arresto domiciliario, por supuestamente tener un plan de fuga y planear actos violentos en la manifestación.

"El gobierno está haciendo todo esto por miedo", manifestó Torrealba. Capriles llamó a no dejarse "intimidar" y estimó que un millón de personas participará en la marcha.
Maduro asegura que todo está planeado por la "derecha fascista" como parte de una conspiración que "viene directamente del imperialismo norteamericano".

El gobernante socialista vinculó los planes que denuncia en el país petrolero con el juicio por corrupción contra su laida ideológica, y aliada del régimen comunista de Cuba, Dilma Rousseff en Brasil y el asesinato de un viceministro de Evo Morales en Bolivia.

En medio de la crispación política, llegaron a Caracas los exgobernantes José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Martín Torrijos (Panamá), miembros de una misión de mediación para un diálogo entre gobierno y oposición.