Por más de tres años ha estado encarcelado Denis Hernández Ramírez luego de que asistiera, en su natal San Antonio de los Baños, a las protestas del 11 de julio de 2021 iniciadas en esa localidad de la provincia de Artemisa, y que se extendieran como pólvora por decenas de pueblos y ciudades de Cuba.
Como Denis, cientos de personas que acudieron a las demostraciones con la esperanza de cambiar sus vidas, ahora cumplen condenas en las cárceles del régimen sometidos a maltratos y en condiciones inhumanas. Algunos de ellos elevan sus voces desde las mismas prisiones para denunciar la situación de abuso en la que sobreviven.
Denis Hernández Ramírez.
Estar en la cárcel de Guanajay es vivir en una permanente “violación de derechos a la dignidad humana por los tratos crueles, la violencia, las amenazas, el maltrato psicológico, las condiciones higiénico sanitarias horripilantes, la alimentación escasa e inadecuada”, dijo Hernández Ramírez en una llamada telefónica a Martí Noticias desde el penal de Guanajay.
El preso político dijo que la situación que describe debe ser igual en todos los establecimientos penitenciarios cubanos.
“Esto ha sido parte del plan de torturas de la dictadura a todo aquel que piense diferente. Recuerdo el 13 de noviembre del 2021, cuando muchos de mis compañeros y yo, decidimos plantarnos para exigir la libertad y la policía política con escandalosas golpizas, casi detuvo aquella epopeya”, expresó Hernández.
Los condenados por el 11 de julio recluidos en la prisión de Guanajay han protagonizado numerosas acciones y huelgas de hambre en reclamo de la libertad y de que se les otorguen los beneficios carcelarios estipulados en la legislación del país.
El preso político denunció que una queja por la mala alimentación y la deficiente atención médica es catalogada por los mandos militares como indisciplina y conlleva al confinamiento en celda de castigo o a la negación de beneficios.
Agregó que los prisioneros políticos sufren mítines de repudio, organizados por los carceleros con reos comunes, por negarse a participar en las actividades político culturales.
Las cárceles de Cuba tienen el denominado Consejo de Reclusos formado por internos escogidos por los oficiales de orden interior, que son los que, a cambio de prebendas como una visita familiar no reglamentada, hostigan a los presos políticos, los provocan e incluso los agreden verbal y físicamente.
“La Seguridad del Estado envía reclusos a accionar en nuestra contra con fines violentos, difamatorios y separatistas”, apuntó el preso por el 11J.
Hernández Ramírez explicó en su comunicación telefónica que ha aprendido que mantener una “correcta disciplina no es el método real para llegar a un campamento de trabajo o una condicional”
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha alertado que la negación sistemática de beneficios penitenciarios constituye una forma de castigo contra las personas privadas de libertad por motivos políticos en la isla.
“He visto mucho de mis hermanos enviados a prisiones lejanas por el hecho de tratar de unirnos entre todos para pelear por el derecho a la libertad”, indicó Hernández Ramírez.
A principios de julio de 2024, el manifestante del 11 de julio en Artemisa, Víctor Alejandro Painceira Rodríguez, fue trasladado desde la prisión de Guanajay donde cumplía su pena a la cárcel Kilo 5 y ½ de Pinar del Río a unos 115 kilómetros de donde reside su familia.
La transferencia de prisión se llevó a cabo cuando Painceira anunció su propósito de hacer una huelga de hambre en demanda de su libertad.
Por otro lado, el Movimiento Cristiano Liberación (MCL) recordó que este 6 de octubre, el preso político Yandier García Labrada, cumplió cuatro años encarcelado de una sentencia de cinco por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
García Labrada, con domicilio en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad.
Aunque desde el 19 de enero de 2023 se encuentra en el centro de trabajo correccional Guabineyón 8, en la provincia tunera, la jefatura no le ha otorgado visitas a su hogar. También el tribunal de ejecución ha desestimado las peticiones de libertad condicional a favor de García Labrada, a pesar de que cumple con los requisitos reglamentados.
Durante su internamiento, el activista que es miembro del MCL ha sido castigado con aislamiento prolongado en varias ocasiones y se le ha negado el acceso a llamadas telefónicas y visitas familiares.
Recientemente, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas señaló, en declaraciones a este medio, “que el Estado cubano incumple con las Reglas Nelson Mandela para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas y otras normativas”.