En el ocaso de su Gobierno, considerado el más impopular de la historia democrática de Brasil, el presidente Michel Temer vuelve a estar en serios problemas con la justicia, que le pueden llevar directo a los tribunales una vez que deje el poder.
La Policía Federal concluyó este miércoles una investigación que se prolongó durante trece meses y dijo haber comprobado que Temer y algunos miembros de su entorno maniobraron para favorecer, a cambio de comisiones, a una empresa que opera en el puerto de Santos.
En un documento entregado a la Corte Suprema, la Policía pidió que Temer, de 78 años, y otros diez investigados, entre ellos una de las tres hijas del gobernante, sean imputados por los delitos de asociación ilícita, corrupción y lavado de dinero.
Las nuevas sospechas contra el mandatario, cuya gestión tiene una tasa de aprobación de apenas un 4%, han surgido en medio de la dura campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que disputan el ultraderechista Jair Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad y en la que Temer ha estado completamente ausente.
La continuidad del proceso contra el presidente, que entregará el cargo el próximo 1 de enero, quedará en manos de la Fiscalía, que deberá analizar el informe de la Policía Federal y decidir si acoge las acusaciones y presenta una denuncia formal.
Si ese fuera el caso, los cargos serán formulados ante la Corte Suprema, que a su vez los remitiría a la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales debe autorizar el enjuiciamiento de un mandatario en pleno ejercicio del poder.
Desde que está en el poder, que asumió por su entonces condición de vicepresidente en agosto de 2016, tras la destitución de Dilma Rousseff, Temer ha pasado dos veces por ese trance en el Congreso y en ambos casos fue librado de la Justicia por una base parlamentaria fiel que hoy se ha desintegrado al calor de la campaña electoral.
En esas dos ocasiones, había sido acusado formalmente por la Fiscalía, también sobre la base de investigaciones de la Policía Federal, de recibir comisiones ilegales de la empresa cárnica JBS, por "favores políticos" similares a los que lo salpican ahora en relación al puerto de Santos.
Esta vez, a pesar de que ya no cuenta con el apoyo parlamentario que tenía, una posible tercera denuncia contra Temer no parece que pueda ser recibida por la Cámara de Diputados, cuyos miembros están implicados de lleno en las campañas de Bolsonaro o Haddad.
Con el Parlamento virtualmente paralizado hasta fines de este mes, cuando serán celebradas las elecciones, el plazo para analizar el caso parece agotado de antemano, pues el trámite demoraría unos tres meses, cuando a Temer le restan sólo unos 75 días en el cargo.
No obstante, tanto el asunto relativo al puerto de Santos como las dos denuncias anteriores podrían tramitar directamente en los tribunales de primera instancia a partir del 1 de enero, cuando ya no será protegido por los fueros que le amparan como presidente.
Otra consecuencia de la investigación pudiera ser un agravamiento de la parálisis en que ha caído el Gobierno desde el inicio de la campaña electoral, en la que respaldó como candidato al exministro de Hacienda Henrique Meirelles, quien apenas obtuvo un 1% de los votos en la primera vuelta, en parte por la impopularidad de Temer.
En los meses que Brasil lleva sumergido en el clima electoral, el Gobierno ha llegado a ser considerado casi "decorativo", una palabra con la que Temer se calificó a sí mismo como vicepresidente cuando, a inicios de 2016, rompió con Rousseff y pasó a promover el proceso que llevó a su destitución.
(EFE)