El gobierno venezolano defendía este miércoles su tesis de un intento de golpe de Estado, tras denunciar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio del Interior, fueron atacados desde un helicóptero policial, un extraño caso que genera suspicacias entre opositores y analistas.
Tras varios días denunciando un complot para derrocarlo, Maduro aseguró que el martes fueron lanzadas cuatro granadas contra el TSJ, y se hicieron 15 disparos al Ministerio de Interior.
Hasta ahora no se han publicado fotos de los daños que habrían ocasionado la explosión de las granadas, ni de los impactos de bala en ninguno de los dos edificios.
El señalado autor de lo que Maduro calificó de "ataque terrorista" es Óscar Pérez, inspector aeronáutico de la policía científica CICPC, de 36 años, y actor aficionado que protagonizó un thriller en 2015 con el respaldo de la institución. La aeronave pertenece al CICPC y fue "secuestrada" en una base militar de Caracas.
Maduro vincula al complot a su exministro de Interior y general en retiro, Miguel Rodríguez Torres, quien según dijo tuvo a Pérez como piloto. A ambos los acusa de estar al servicio de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA).
"Los militares retirados no dan golpes", se defendió Rodríguez Torres.
La experta en temas de defensa Rocío San Miguel descartó que en Venezuela "esté ocurriendo un alzamiento militar".
"Es posible que el evento del helicóptero sea organizado por el gobierno, ya sea para distraer la atención (...) o provocar una reacción de las filas medias para continuar purgando fuerzas de seguridad", comentó a la AFP Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit, con sede en Londres.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) dijo este miércoles que examinará la denuncia del helicóptero, sin descartar que todo pueda tratarse de un "peine" (montaje) del gobierno.
También "hay gente que dice que son efectivos policiales que realmente están hartos. Sea lo que sea es gravísimo. Todo apunta al mismo lugar: la situación es insostenible", dijo a la prensa Julio Borges, presidente del Parlamento de mayoría opositora.
Borges fue empujado violentamente el martes por el Coronel Vladimir Lugo Armas, jefe de la guarnición militar de la Asamblea Nacional, cuando intentaba conocer el contenido de unas cajas que miembros de la GNB introducían sin permiso de los diputados dentro del edificio del cuerpo legislativo.
"¿Por qué no hay tanques en Caracas?"
Al criticar el "silencio" de muchos países frente al supuesto complot, el canciller Samuel Moncada dijo que ordenó a sus embajadores informar de este "ataque terrorista" a "todas las cancillerías del mundo".
"Están protegiendo a los autores del hecho con su complicidad e ignorancia fingida", señaló Moncada en rueda de prensa, cuestionando a Estados Unidos, México y la Unión Europea. Agradeció en cambio la solidaridad de Bolivia, Cuba, Ecuador y Turquía.
Aunque Maduro activó ayer "toda la Fuerza Armada para defender la tranquilidad" y capturar a los responsables, cuyo paradero se ignora, en la ciudad no se observaba este miércoles una presencia inusual de militares.
"¿Por qué no hay tanques en Caracas? Porque ese psicópata no lo merece", justificó el canciller.
El ministro de Interior y Justicia de, Néstor Reverol, dijo que Venezuela ha emitido una orden de captura internacional roja contra Pérez.
"Ya hemos librado orden de captura contra este individuo y su difusión roja internacional a través de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal)", afirmó Reverol a través de la estatal VTV.
Maduro: si no es con los votos, será con las armas
El martes circularon videos y fotos en redes sociales que muestran el helicóptero sobrevolando edificios de Caracas. A lo lejos se escuchan detonaciones, aunque no se alcanza a ver si desde la aeronave son lanzados artefactos explosivos o si se efectúan disparos.
También fueron difundidas fotos de la nave con un cartel que decía "350 Libertad", en referencia a un artículo constitucional invocado por la oposición para desconocer al gobierno.
Maduro sostiene que el episodio se inscribe en una "escalada golpista" de "factores extremistas de la derecha", como se refiere a la oposición. Horas antes del incidente, el mandatario advirtió que "si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate (...) y lo que no se pudo con los votos, lo tomaríamos con las armas".
El presidente del TSJ, el magistrado Maikel Moreno, leyó un comunicado desde la sede del Poder Judicial en Caracas, en el que afirmó que ese organismo se encuentra "bajo amenaza terrorista" por lo que solicitará "medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad" de la institución, e informó de que designó una comisión de magistrados para que denuncien este ataque que, asegura, tiene como "único fin" alterar el orden constitucional del país.
El TSJ solicitó este miércoles a todos los organismos competentes que "con la urgencia del caso" se inicien las investigaciones para ubicar y detener a "los terroristas", así como a las "posibles células que continúen preparando otros actos de la misma magnitud", e hizo una llamado a la paz en la nación.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció que pedirá al Ministerio de Defensa que declare "zonas de seguridad" los centros de voto de la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la "normalidad" de la votación, prevista para el 30 de julio pese al rechazo opositor.
La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, recomendó además aumentar el perímetro de seguridad el día de la elección de 100 a 500 metros.
Fiscal general denuncia "terrorismo de Estado"
Tras el incidente, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto un "terrorismo de Estado" a través del TSJ y los militares.
"Aquí parece que todo el país es terrorista (...) Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar", afirmó Ortega, durante una conferencia de prensa.
"Estamos frente a acciones de barbarie, promueven la violencia, promueven el odio, incitan a la insurrección armada, están como desesperados de que haya un alzamiento militar o algo así, están desesperados de que haya un golpe de Estado", subrayó Ortega.
El TSJ prohibió hoy a Ortega abandonar el país y le congeló sus cuentas bancarias, como parte de un proceso que le sigue por supuestas irregularidades en su actuación.
Ortega tampoco puede enajenar y gravar sus bienes mientras se decide sobre una solicitud para retirarle la inmunidad y enjuiciarla por presuntas “faltas graves” en el ejercicio de su cargo, dijo un comunicado del TSJ.
El máximo tribunal fijó para el 4 de julio la audiencia en la que se escucharán los alegatos de Ortega y otros funcionarios sobre el caso
La oposición convocó para este miércoles a un Mega Trancazo en todas las ciudades del país, en la continuación de los 89 días de protestas callejeras exigiendo la renuncia de Maduro, que ya han provocado 76 muertos.
(Redactado por Pablo Alfonso, con información de EFE, AFP y redes sociales)