Varias organizaciones hicieron un llamado a los 193 Estados participantes de la 44 sesión del Examen Periódico Universal (EPU), al que Cuba será sometido este 15 de noviembre en Ginebra, Suiza, para que hagan recomendaciones firmes y contundentes frente a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la isla.
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), Artists At Risk Connection (ARC) – PEN America, Centro para los Derechos Civiles y Políticos (Centro CCPR), PEN Internacional, CUBALEX, Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas solicitaron a los Estados que emitan las recomendaciones siguientes:
- Eliminar las prácticas que fuerzan a periodistas, artistas, escritores y defensores al exilio así como garantizar se retorno seguro.
- Evitar todo acto de criminalización del ejercicio de la libertad de expresión, manifestación y prensa.
- Derogar normas como el decreto 349/2018, el decreto ley no. 370/2018 y la resolución 105/2021, el decreto ley no. 35/2021 y el decreto no. 42/2021, que inhiben y sancionan la libertad de expresión, protesta, reunión, entre otros.
- Modificar el Código Penal y derogar aquellos delitos que criminalizan el ejercicio efectivo de derechos humanos, en particular los “crímenes de propaganda en contra del orden constitucional, resistencia y desorden público” y otros actos contra la seguridad del Estado, específicamente la financiación contenida en el artículo 143.
- Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos que han sido detenidas en razón del ejercicio de la libertad de expresión y prensa, la defensa de derechos humanos y las personas manifestantes.
- Extender invitaciones a las Relatorías Especiales de Naciones Unidas de libertad de expresión, derechos culturales e independencia judicial para que realicen visitas in loco a Cuba.
- Garantizar la independencia del Poder Judicial a fin de velar por los derechos de los ciudadanos que se reúnen y protestan pacíficamente y así garantizar el debido proceso.
- Asegurar condiciones dignas en prisión para las personas privadas de su libertad.
- Reformar la legislación existente que regula el registro de asociaciones así como el derecho de la sociedad civil independiente para asociarse libremente.
- Hacer un llamado a un plebiscito vinculante que permita a las personas decidir la transición hacia un sistema democrático a través de elecciones libres y justas.
- Transparentar el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial en sus principales medios y asegurar la rendición de cuentas públicas sobre su implementación, trabajo y estrategias.
- Implementar medidas dirigidas a entrenar a los agentes del Estado para eliminar el uso excesivo de la fuerza y prevenir la muerte de personas afrodescendientes.
- Ejecutar un plan real en honor al Decenio Internacional para las personas afrodescendientes que promueva el reconocimiento, justicia y desarrollo de las personas afrocubanas al final de 2024.
- Elaborar una ley que sea comprensible y accesible en materia de violencia de género y tipificar el feminicidio como delito penal autónomo.
- Implementar programas de entrenamiento para autoridades involucradas con la atención de casos de víctimas de violencia de género y así evitar la revictimización que sufren las personas que denuncian.
- Crear centros de cuidado integral y de protección a las víctimas de violencia de género.
- Implementar programas dirigidos a prevenir actos de discriminación basados en la orientación sexual y las diversas identidades de género.
- Ejecutar campañas de sensibilización sobre la violencia de género e identidad sexual para eliminar el machismo y el pensamiento patriarcal de la idiosincrasia nacional.
- Entrenar al personal de los centros de salud para sensibilizar y promover el respeto a la población LGBTIQ+ y de personas que padecen alguna enfermedad de trasmisión sexual.
- Tomar acciones concretas a través del Centro Nacional de Educación Sexual (CENEX) que favorezcan el reconocimiento y respeto de los derechos de la población LGBTIQ+.
Las organizaciones describen el deterioro de condiciones para ejercer la libre expresión, la criminalización de la protesta social, el derecho a la reunión y a la libertad de expresión y el reforzamiento del marco normativo restrictivo del ejercicio de la libertad de expresión con la implementación de 5 normas administrativas y el nuevo Código Penal.
"A la par de estas tendencias se han visto exacerbados problemas estructurales que afectan a los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad en el país por el aumento de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, encontramos el afianzamiento de la discriminación por motivos raciales, de identidad de género y orientación sexual", indican en el comunicado.
"Una de las caras más visibles de la discriminación y violencia de género es la falta de la tipificación del feminicidio como delito penal en un contexto de aumento de feminicidios. Hasta el 13 de noviembre de 2023, organizaciones de la sociedad civil independiente han documentado al menos 76 feminicidios en lo que va de este año", señalan.
El Estado tiene la responsabilidad principal de implementar las recomendaciones incluidas en el resultado final del EPU.