"El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dado un paso fundamental para que haya rendición de cuentas por delitos graves y asegurar el escrutinio internacional de la crisis de derechos humanos de Venezuela", señaló Human Rights Watch, HRW.
El Consejo adoptó una resolución para extender por dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Esta misión "ha publicado cuatro informes lapidarios que recogen evidencias de crímenes de lesa humanidad, complicidad judicial, responsabilidad de la cadena de mando incluyendo abusos por servicios de inteligencia, y violaciones de derechos humanos en áreas mineras", precisó HRW.
La resolución también "prorroga el mandato de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene presencia en Caracas, para dar seguimiento a la situación en el país durante el mismo período".
El gobierno venezolano rechazó la votación de inmediato. Dijo que se renueva el mandato del "hostil" e "injerencista mecanismo de monitoreo" contra el país.
"Esta resolución es el resultado del vergonzoso doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos", reza el comunicado del gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional afirmó que la renovación de esta misión es un respaldo a las "incontables" víctimas de "graves violaciones de derechos humanos que se han cometido y se siguen cometiendo en Venezuela".
El Observatorio Venezolano de Prisiones considera que es un paso más hacia la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de crímenes en el país.
Según la ONG Fundaredes, la medida es en "defensa de las víctimas de crímenes de lesa humanidad reflejados por la ONU".
"Esta resolución muestra que los gobiernos de América Latina pueden unirse en el respaldo a las víctimas de abusos independientemente de las ideologías políticas", señaló Tamara Taraciuk Broner, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. "Es una medida clave, no solo para apoyar a las víctimas en su reclamo de justicia, sino para desempeñar un papel de alerta temprana previo a las elecciones presidenciales previstas para el 2024".
La resolución fue presentada por países de la región de un amplio espectro ideológico, incluyendo a Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay. Fue patrocinada por cerca de 50 países y se aprobó con 19 votos contra 5, y 23 abstenciones. Cuba y Bolivia votaron en contra.
HRW indicó que la resolución "reconoce que continúan las violaciones de derechos humanos en Venezuela" y expresa preocupación por los problemas que "siguen socavando la independencia del sistema de justicia, contribuyen a la impunidad y a la persistencia de las violaciones y transgresiones de los derechos humanos, inciden en el acceso de las víctimas a la justicia y obstaculizan la celebración de elecciones libres y limpias".
Exige además que la misión brinde actualizaciones orales y presente informes escritos durante los próximos dos años.
La misión se estableció en 2019 para investigar "las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014".