La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba pidió siete años de privación de libertad a dos activistas por manifestarse en contra de los dirigentes del gobierno cubano e intentar “aglutinar a toda la oposición dispersa en el territorio nacional”.
El órgano acusador imputó a Daniel Moreno de la Peña y a Yosvani García Rusindo, por el delito de "otros actos contra la Seguridad del Estado".
“Más que un delito, es un capítulo y prevé un grupo de conductas extremadamente amplio. Es sobre todo este artículo 143 que tiene que ver con el financiamiento de acciones que, supuestamente, pretendan desestabilizar o atenten contra el orden constitucional, que son acciones considerablemente amplias y que, por tanto, generan una inseguridad jurídica en las personas y en los ciudadanos, que es extrema”, indicó a Martí Noticias, el abogado Alaín Espinosa, miembro del centro de asesoramiento legal Cubalex.
“Todo lo que tiene que ver con lo previsto con el financiamiento del artículo 143, es una conducta que, realmente, no debería ser ni siquiera tipificada como delito, porque la interpretación que se le da a veces es muy amplia y en la mayoría de los casos es utilizada por el Estado cubano para, de alguna manera, criminalizar acciones que son legítimas o restringir derechos como pueden ser la libertad de expresión, de asociación, etcétera”, puntualizó el jurista cubano.
De acuerdo a las Conclusiones Provisionales de la Fiscalía, Moreno de la Peña “inconforme con el sistema político imperante en el país, se integró al grupúsculo contrarrevolucionario UNPACU en el que ejecutó acciones” con las que expresó su descontento con el régimen como regar octavillas y escribir carteles antigubernamentales.
Según el documento, facilitado a nuestra redacción por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), después de desvincularse de la UNPACU, contactó a cubanos exiliados para coordinar operaciones “contrarrevolucionarias” y reclutar personas para realizar este tipo de actividades contra el sistema.
A ninguno de los dos procesados, los instructores pudieron vincularlos con acciones violentas como la quema de ranchones, explica el texto.
Moreno de la Peña y García Rusindo, quienes aun no tienen fecha de juicio, fueron detenidos el 10 de enero de 2023 por sus presuntas relaciones con un grupo del exilio denominado X Cuba y por incitar, en un video, a los cubanos a alzarse y a unirse por la libertad.
Fueron trasladados al cuartel general de la policía política en La Habana, conocido como Villa Marista. Luego internados en el Combinado del Este y meses más tarde en la Prisión de Boniato en Santiago de Cuba.
En abril pasado, Moreno, visiblemente débil, fue exhibido por la Televisión Cubana como prueba de que "agentes extranjeros" financian a los activistas dentro de la Isla. En el video grabado en un cuarto de interrogatorio de Villa Marista, confiesa su implicación en una supuesta conspiración organizada por el exiliado Manuel Milanés.
En mayo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Moreno de la Peña, luego de que guardias del penal de Boniato lo golpearon cuando se defendió de varios presos que intentaron violarlo.