El gobierno cubano “está volviendo a tácticas de línea dura en sus esfuerzos por afirmar el control sobre la sociedad civil independiente, incluidos los grupos religiosos”, alertó este lunes Christian Solidarity Worldwide (CSW) en su más reciente informe sobre la situación de la libertad de religión o de creencias en la isla.
Según la organización, el número de violaciones de la libertad de religión o de creencias documentadas se mantuvo estable, con 622 registradas en 2023, en comparación con 657 en 2022. Sin embargo, señala que al igual que en 2022, “la gravedad persistente de la represión a lo largo de 2023 se relaciona con los esfuerzos del gobierno para llevar a la población bajo su control tras las protestas a nivel nacional del 11 de julio de 2021”.
El informe dice que “los grupos registrados y no registrados sufren regularmente violaciones de la libertad de expresión y grupos religiosos o de creencias de todo tipo se ven afectados, incluidas las comunidades afrocubanas, los testigos de Jehová, judías, protestantes y católicas romanas”.
“Los cristianos protestantes y los líderes de grupos religiosos afrocubanos independientes denuncian acoso y amenazas constantes, así como la interrupción periódica de sus servicios y rituales por parte de funcionarios del gobierno. La mayoría de estos líderes señalan que no eligen operar ilegalmente, pero el gobierno les ha negado repetidas solicitudes para registrarse y designar lugares autorizados para que practiquen su fe”, subraya CSW.
El informe menciona que “los adultos y niños asociados con grupos religiosos registrados y no registrados sufren regularmente discriminación debido a su fe. Varios casos documentados involucraron a adultos despedidos de su lugar de trabajo o degradados debido a su asociación con un grupo religioso o líder religioso que el gobierno ha calificado de "contrarrevolucionario".
"Todos hemos visto varios casos de personas despedidas de su trabajo por ser parte de un grupo religioso no autorizado, no registrado. También en el caso de niños hemos visto casos ambos de protestantes cristianos y de Testigos de Jehová, niños y niñas abusados en clase a manos de adultos, de los profesores, gente de la administración, abuso ambos verbal y físicos", dijo en entrevista con Martí Noticias, la Jefa de Promoción de CSW, Anna Lee Stangl.
La organización subraya que el gobierno ha atacado especialmente a los presos políticos, sus familias y los líderes religiosos cercanos a ellos.
"A los presos políticos se les niega sistemáticamente el derecho a conservar una Biblia u otra literatura religiosa o a recibir visitas de un líder religioso, en violación de las Reglas Mínimas de la ONU para el Trato de los Reclusos", dice el informe.
CWS menciona entre los presos políticos a varios líderes religiosos encarcelados durante las protestas del 11 de julio de 2021, y después de ellas, incluido el pastor protestante Lorenzo Rosales Fajardo y los líderes religiosos afrocubanos Loreto Hernández García y su esposa, Donaida Pérez Paseiro. "Todos denunciaron violaciones constantes de la libertad de creencias y otros derechos humanos en prisión”, explica la organización.
El informe de CSW apunta que, a pesar de la creación en 2022 del nuevo Departamento gubernamental de Atención a Instituciones Religiosas y Grupos Fraternales, líderes religiosos de la isla han dicho a la organización que, en la práctica, todos los asuntos siguen siendo dirigidos por la Oficina de Asuntos Religiosos (ORA), del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
Junto con el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, la ORA sigue siendo el principal responsable de estas violaciones a la libertad religiosa, afirma el reporte.
CSW instó al gobierno cubano a “eliminar la ORA tal como existe actualmente, o reformarla para que funcione de forma transparente dentro de parámetros legales definidos. y con recurso de apelación”.
"Hay una cosa que cambiará todo y es eliminar la Oficina de Asuntos Religiosos, que aunque el gobierno creó otro departamento que supuestamente iba a tratar los asuntos de religión, sigue siendo la Oficina de Asuntos Religiosos la que dirige todo. Todo tiene que pasar por esta oficina y este oficina es del Partido Comunista", dijo Stangl.
Recomendó, además, “modificar la constitución y las leyes civiles, administrativas y códigos penales", para incluir disposiciones reforzadas para la libertad de religión o creencias, y otros derechos humanos en consonancia con las normas internacionales.
También instó al régimen a que, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, defienda “los más altos estándares en la promoción y protección de derechos humanos", y que elimine el requisito para que grupos religiosos se registren en línea, con las mejores prácticas internacionales de registro no discriminatorio.
CSW recomendó además al régimen de la isla que garantize “la libertad de los líderes religiosos para realizar su trabajo sin acoso, amenazas u otra presión gubernamental dirigida a ellos o sus familias”; que salvaguarde la libertad de todos los cubanos de reunirse en un culto, según la religión o creencia profesada; y que ponga fin al "acoso, las amenazas y el encarcelamiento de defensores de los derechos humanos, incluidos defensores de la libertad de religión o creencias”, entre otras recomendaciones.
La ONG también presentó varias recomendaciones para el gobierno estadounidense, entre ellas que la Embajada de Estados Unidos en Cuba mantenga “un diálogo abierto con líderes religiosos de todas las denominaciones, grupos religiosos y regiones del país, teniendo en cuenta las sensibilidades políticas bajo las cuales deben trabajar muchos líderes religiosos”, y que continúe “buscando formas de interactuar con los miembros de sociedad civil independiente cubana, ofreciendo apoyo cuando sea adecuado”.
A la Unión Europa, CSW recomendó que exija una reunión urgente con el gobierno cubano en virtud del artículo 85, apartado 3, del Diálogo Político UE-Cuba y Acuerdo de Cooperación (PDCA), para investigar formalmente y revisar su cumplimiento con sus obligaciones de los derechos humanos, como lo exigen multiples resoluciones del Parlamento Europeo, y que introduzca sanciones Magnitsky a individuos responsables de violaciones de derechos humanos, como pidió el Parlamento Europeo en sus resoluciones del 16 septiembre y 16 de diciembre de 2021.
“Esto debe incluir Oficiales de Seguridad del Estado y altos funcionarios de la Oficina de Asuntos Religiosos responsables de graves violaciones de la la libertad de religión o creencias”, precisó la organización.