Restringen llamadas a preso político del 11J en prisión de Quivicán

Maikel Puig Bergolla abraza a su esposa, Saily Núñez. (Foto Facebook/Saily Núñez).

Las autoridades del penal de Quivicán, en la provincia Mayabeque, coartan las llamadas que hace a su familia el preso político Maikel Puig Bergolla, quien cumple 12 años de privación de libertad por participar en las protestas antigubernamentales ocurridas en Güira de Melena el 11 de julio de 2021.

Puig Bergolla fue privado, por más de un mes, de su derecho a comunicarse con sus allegados a través de llamadas telefónicas, explicó su esposa, Saily Núñez, en conversación telefónica con Martí Noticias.

Núñez publicó en Facebook los comentarios de su esposo, grabados en una llamada telefónica, sobre el atropello, la represión contra las personas encarceladas por el 11 de julio y que los mandos penitenciarios no los reconocen como presos políticos.

Por esto, a Puig Bergolla le impusieron una medida que restringe sus llamadas. “Podía acceder a llamadas, pero con la condición de tener un guardia al lado, prácticamente ‘respirándole en la nuca’, a lo que Maikel ha dicho, no”, dijo Núñez.

“Pasado un mes y cinco días me llama y las cosas no cambiaron, al contrario, van de mal en peor. Parecía que Michael tenía un guión por el que decía lo que podía. Un guardia lo estaba reprimiendo todo el tiempo: ‘esto no lo puedes decir, aquello no lo puedes decir’. ¿Entonces yo me pregunto, por qué tanta represión cuando en las cárceles se dan a diario sucesos que son mucho más peligrosos como agresiones? Deberían estar pendientes de situaciones como esas y no de lo que hablamos mi esposo y yo, que es bastante poco”, recalcó Núñez, miembro del movimiento Cuba de Luto, que aboga por la libertad de los prisioneros políticos.

“La llamada culminó de repente. Sé que el guardia le colgó el teléfono porque apenas lo dejaba hablar. Yo responsabilizo a Yulieski Montero, que es el guardia que estaba ahí a su lado, y que golpea a los presos también” aseguró Saily Núñez.

A mediados de marzo, la familia del preso político Abel Lázaro Machado Conde denunció al Departamento de Atención a la Población de la Oficina de la Presidencia de la República de Cuba que el reo político fue víctima de maltratos por parte de Yulieski Montero.

Numerosos familiares de manifestantes del 11J y otros presos políticos han entregado quejas a Fiscalía Militar y otras instancias gubernamentales acerca de malos tratos en las prisiones cubanas.

La mayoría han quedado sin contestación o reciben como respuesta la negativa de haber encontrado indicios suficientes sobre el reclamo presentado.

“Igual responsabilizo a todo el resto de los que allí laboran y hacen toda esta represión en contra de los presos políticos, como son el Lolo, que es el jefe de la prisión, el Fino que es el jefe de los reeducadores, como es Inaudi, como es Yuri y el resto”, subrayó la esposa del preso político Maikel Puig Bergolla.