El PEN Internacional, agrupación de poetas, escritores y periodistas de más de 100 países, que cumple el año próximo los 100 años de su fundación, se vio obligado a celebrar su 86 Congreso Internacional de forma virtual por la amenaza de la Pandemia del COVID-19.
Este encuentro que se efectúo bajo el lema “Libertad de Expresión en Tiempos de Pandemia” fue diferente a los anteriores, ya que los organizadores solo permitieron la presentación de dos ponencias oficiales, una sobre la violación a los derechos humanos en China y otra por la falta de respuestas de los gobiernos a la Pandemia.
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Congreso Internacional del Pen Club dedicado a la libertad de expresión en tiempos de COVID-19
Por lo regular las delegaciones nacionales que participan en los congresos que se realizan en diferentes ciudades del mundo, presentan ponencias con asuntos que consideran de sumo interés, situación que no pudo ser cumplimentada en esta ocasión por las condiciones especiales en las que se celebró la conferencia.
Una de las representaciones que no pudo hacerlo fue la del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. El documento con el proyecto de resolución fue enviado a nuestra redacción por su presidente, el escritor y poeta Luis de la Paz.
RESOLUCIÓN DEL PEN CLUB DE ESCRITORES CUBANOS EN EL EXILIO AL CONGRESO 86 DEL PEN INTERNACIONAL
CONSTERNADA porque el gobierno totalitario de Cuba tras 61 años en el poder, continúa con la violación de los derechos humanos de todas aquellas personas que disientan de dicho gobierno y traten de ejercer el derecho a la libertad de expresión.
INDIGNADA, por la forma de represión que en la actualidad en Cuba ha puesto en práctica el gobierno, consistente en golpizas brutales por fuerzas policiales y paramilitares, contra los opositores pacíficos. Incluyendo asalto a las viviendas y destrucción de medios de trabajo para poder ejercer el periodismo independiente, en violación de los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
ALARMADA porque para encubrir las antes citadas violaciones de los derechos humanos el régimen califica de delitos comunes actividades como la protesta pacífica e intelectual y la crítica a la administración que figura en el artículo 4 de los Estatutos del PEN Internacional. Entre los métodos represivos que están al alcance de la dictadura cubana se encuentran el hostigamiento, los actos de repudio y el arresto por corto tiempo de escritores y activistas de derechos humanos. Actualmente, Roberto de Jesús Quiñones se encuentra en libertad desde septiembre de este año tras cumplir una injusta condena de un año en prisión por realizar sus labores periodísticas. Al mismo tiempo, el escritor Abraham Jiménez Enoa, quien reside en Cuba y es colaborador del Washington Post, ha recibido amenazas de parte de la policía cubana por sus reportajes. Recientemente, turbas del régimen cubano le hicieron un acto de repudio a la artista Tania Bruguera por expresarse en contra de la dictadura. Estos actos de represión ocurren dentro del marco del Decreto-Ley 370 de 2018 y del Decreto-Ley 349 de 2019, mediante los cual la dictadura cubana ha recrudecido su represión en contra de todo tipo de libertad intelectual y de expresión.
PREOCUPADA porque el gobierno cubano mantiene vigente la Ley 88 de 1999, conocida por ley mordaza que permite a los tribunales imponer sanciones extras y elevadas, por el simple ejercicio ciudadano de practicar la libertad de expresión. Asimismo, la práctica de terrorismo de estado que contempla secuestros policiales de mediana y corta duración, ejercidos sobre aquellos disidentes que mantienen una oposición pacífica. Tal es el caso de algunos escritores, periodistas independientes, blogueros, ensayistas y analistas marginados de la actual de la situación nacional cubana.
URGE, por tanto, al gobierno de Cuba que derogue la Ley 88 de 1999 y los Decretos-Ley 370 y 349. Abstenerse de seguir poniendo en práctica los métodos represivos, antes indicado. Y el cumplimiento de los dispuestos en los artículos 13 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como cumplir el Convenio Internacional de los Derechos Políticos y Civiles que Cuba firmó en febrero del año 2008.