Las autoridades cubanas incrementaron en el 2016 las detenciones arbitrarias, amenazas y actos de hostigamiento y censura contra periodistas y activistas que difunden ideas críticas al gobierno, denunció este viernes la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Relatoría Especial es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 1997, con el propósito de impulsar la defensa al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio.
En su informe anual sobre el estado de la libertad de expresión en el continente en 2016, la entidad enfatiza en la ausencia de un marco legal en la isla que proteja el ejercicio del periodismo independiente.
En el texto se hace referencia a la “persecución selectiva y deliberada” a medios y organizaciones independientes dedicadas a recolectar y difundir las opiniones de la ciudadanía sobre temas de interés social.
La Relatoría Especial también apunta que recibió denuncias de restricciones al derecho a manifestarse, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y la impunidad a los perpetradores.
Entre las organizaciones víctimas de los abusos menciona a las Damas de Blanco, CubaNet, la Comisión de Atención a los Presos Políticos y Familiares, la agencia Hablemos Press, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, la Unión Patriótica de Cuba, la plataforma #Otro18, el Foro por los Derechos y Libertades, el boletín Voz Santiaguera, el colectivo Periodismo de Barrio y la plataforma Todos Marchamos.
También destaca como método represivo las detenciones temporales y la prisión domiciliaria impuesta a los colaboradores de CubaNet Augusto César San Martín, Manuel Díaz Mons, Osniel Carmona y Elio Delgado.
El informe registra 498 detenciones arbitrarias y otras acciones intimidatorias en los días de la visita del entonces presidente estadounidense Barack Obama a Cuba, uno de los periodos de mayor número de hostigamiento, amenazas, intimidaciones, detenciones y arrestos domiciliarios contra periodistas, activistas y opositores al gobierno.
Entre otros incidentes, las Damas de Blanco reportaron el año pasado agresiones graves contra las activistas Rosa Escalona Gómez y Aliuska Gómez García. La primera sufrió una fractura en el tobillo debido a los golpes propinados y la segunda debió recibir una sutura en la oreja también por una golpiza.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denunció la vigilancia, acoso, detenciones y amenazas de prisión y muerte a las que las autoridades cubanas sometieron a sus periodistas.
Internet en Cuba: Limitada conectividad y bloqueo a medios de noticias
La entidad reconoce que el uso de Internet y los medios digitales han abierto en los últimos tiempos un espacio para el flujo de información al margen del control del Estado en Cuba.
“No obstante, el acceso a los medios digitales se ve obstaculizado por la limitada conectividad de la población cubana y el bloqueo a medios de noticias críticos”, se puntualiza en el informe.
La entidad recibió durante el 2016 información que confirma que el Estado cubano mantiene su política de control y hostigamiento hacia la prensa crítica en Internet y el bloqueo a contenidos.
En sus palabras finales, el informe indica que “el bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocoles de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituyen una medida extrema –análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión”.
El documento cita a la directora del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para Estados Unidos, Josefina Vidal, quien dijo el 25 de agosto que una reunión organizada por la Oficina de Transmisiones a Cuba, en Miami, relacionada con el uso del Internet en la isla, buscaba fomentar “la subversión interna”.
El abuso como medida para acallar ideas
La CIDH y su Relatoría Especial rechazan las normas cubanas sobre desacato por considerarlas incompatibles con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “pues se prestan al abuso, como medida para acallar ideas y opiniones impopulares, con lo cual restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento de las instituciones democráticas”, según consta en el Informe Anual de 1994 de la CIDH sobre el tema.
Lea el informe completo aquí.