La activación este miércoles del título III de la Ley Helms-Burton por parte de la administración Trump desencadenó este miércoles reacciones encontradas entre activistas y organizaciones opositoras en la isla.
Antonio G. Rodiles, director del proyecto independiente Estado de Sats, fue categórico en apoyar la implementación de la ley que “permite a ciudadanos norteamericanos entablar demandas contra personas que trafican bienes que fueron confiscados por el régimen cubano”.
“Hacía mucho rato que era necesario que implementaran este título, y en el contexto en el que se está realizando creo que manda un mensaje muy directo y fuerte al régimen cubano”, acotó Rodiles.
Otras opiniones giraron sobre la afectación que tendrán los cubanos y las posibilidades del régimen de sobrevivir a partir de las presiones generadas por las medidas de la administración Trump.
Manuel Cuesta Morúa, coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática (MUAD), dijo a Radio Martí que siempre se ha opuesto a la Helms-Burton: “A su aplicación en su sentido amplio y su sentido más estrecho; siempre hemos creído que el embargo no es la mejor manera ni una ayuda a los demócratas en Cuba”.
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Manuel Cuesta Morúa sobre Ley Helms-Burton
Morúa, líder también del partido Arco Progresista, apoya el resarcimiento a los propietarios afectados, pero ha visto un cambio en el rumbo de la aplicación del embargo. “Ya no era necesariamente por la indemnización sino para la democratización de Cuba”.
El opositor es de los que creen que la eliminación del embargo afecta al régimen cubano: “Si se elimina el embargo, yo creo que el gobierno cubano no resiste el embate que ya la sociedad cubana está imponiendo para buscar cambios democratizadores al interior del país”, afirmó.
Desde Santiago de Cuba José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) balanceó su opinión entre la aplicación de la ley y el apoyo a la disidencia interna.
"A estos criminales hay que castigarlos. Pero la oposición cubana y el pueblo necesitan de cada vez mayor apoyo en la medida en que se castiga a la tiranía", insistió Ferrer.
En un mensaje emitido este miércoles, la Asamblea de la Resistencia Cubana celebró la medida de la administración Trump como un cumplimiento de su “petición de implementar plenamente los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton”.
En el comunicado, la Asamblea califica el hecho “como un paso firme que combate el financiamiento de las atrocidades del régimen comunista de Cuba dentro y fuera del país”.
La nota recuerda que la Asamblea de la Resistencia Cubana “encabezó una campaña para hacer conciencia sobre las ganancias que el régimen comunista recibe a través del uso de las propiedades confiscadas y que financian la represión. “Don’t Aid Theft” “No Ayudes el Robo” consistió en demostraciones públicas, caravanas, materiales educativos, propaganda en medios comunitarios”.
Por su parte, la periodista independiente Miriam Leyva reconoce el derecho de los demandantes de propiedades confiscadas, pero cuestionó los efectos que puede tener esta medida en el cubano de a pie.
Foto de archivo de la opositora cubana Miriam Leyva.
“Yo me pregunto hasta qué punto esto realmente beneficia en lo inmediato a las personas que están reclamando, que yo creo que tienen derecho a reclamar (…) pero ¿hasta qué punto esto afectaría al pueblo cubano o al gobierno cubano. A las empresas extranjeras se les quita el estímulo para invertir en Cuba; entonces, al no invertir en Cuba, eso va a afectar al pueblo cubano”, dijo Leyva.
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Reportaje Amado Gil | Ley Helms-Burton
Para el economista cubano, Enix Berrio, la entrada en vigor de los capítulos III y IV de la Ley Helms-Burton “va a hacer que las decisiones, el modelo económico, el proyecto de país del partido Comunista de Cuba (PCC) sea sometido a ajuste; también es un espacio que se puede abrir para una presión mayor”.
[Redactado por Luis F. Rojas a partir de reportes de Radio Martí, comunicado de la Asamblea de la resistencia Cubana y las redes sociales]