En días normales, los ruidos de las motos y de los autos viejos no cesan en el puente internacional que une a Venezuela y Colombia. Las calles alrededor son ruidosas, sucias y están repletas de comerciantes que ofrecen sus mercancías y de contrabandistas que llevan sus productos ocultos en equipajes.
Sin embargo, San Antonio del Táchira, en la frontera de Venezuela con Colombia, se ha convertido esta semana en una ciudad fantasma. Soldados armados están apostados en las esquinas, muchos comercios cerraron y las calles están casi vacías.
La dependencia de Colombia de la ciudad fronteriza se sintió crudamente después que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera hace una semana y la deportación de cientos de colombianos.
Según el Gobierno, con la medida se busca controlar el contrabando y la actividad paramilitar en el área.
Opositores venezolanos dicen que el mandatario venezolano busca crear una disputa con el vecino país para distraer a los venezolanos de la agobiante crisis económica meses antes de unas importantes elecciones parlamentarias.
"Tengo una semana que no utilizo la caja registradora", dijo a Reuters Carolina León, de 28 años, cuya familia ha sido propietaria de una tienda de bolsos y ropa durante 15 años.
"No hay comercio aquí, no hay nada", agregó, tras explicar que sus productos a menudo eran comprados por los colombianos en lugar de los lugareños que no tienen suficiente dinero.
León, una venezolana casada con un colombiano al que no ha visto desde que cerraron la frontera, dijo que sólo estaba abriendo por la amenaza del gobernador del estado Táchira.
"Vamos a romper las cadenas y candados de las tiendas que no estén abiertas", dijo el martes el gobernador oficialista del Táchira, José Vielma.
La Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol) ha dicho a medios locales que el cierre fronterizo profundizará la caída del comercio binacional.
El intercambio de productos entre Colombia y Venezuela retrocedió un 40 por ciento en los primeros siete meses de 2015, reseñó.
"Desde la Cámara hacemos un llamado al entendimiento, al trabajo en conjunto en pro de la resolución pacífica de cualquier desavenencia que se presente", dijo Cavecol en un comunicado disponible en su página web.
RÍO DEL ÉXODO
Venezuela ha ofrecido durante décadas un refugio a colombianos que huyen de un conflicto armado y que alguna vez se sintieron abandonados por su Gobierno. Se estima que más de 5 millones de colombianos viven en Venezuela.
Maduro ha rechazado las acusaciones de que su Gobierno está cometiendo excesos contra los deportados, tras afirmar que sólo tiene en la mira a los criminales.
Periodistas de Reuters han visto esta semana cientos de colombianos que huyen, llevando todo lo que pueden en sus espaldas a través del río que separa a ambos países. Muchos dijeron que eran residentes legales y que fueron injustamente agredidos.
Críticos del Gobierno dicen que el cierre es una cortina de humo para tapar la alta inflación, la escasez de productos básicos y un crimen desenfrenado.
"Maduro ha desatado una persecución contra los colombianos porque él quiere desviar la atención de la profunda crisis que tiene el país", dijo el diputado opositor Walter Márquez, en uno de los pocos cafés abiertos en San Antonio del Táchira.
Los contrabandistas compraban productos venezolanos a precios controlados, especialmente la gasolina que cuesta unos pocos centavos de dólar, y los revendían en la frontera colombiana a precios elevados, agravando la escasez en el territorio venezolano.
Con el cierre de la frontera, el Gobierno dijo el lunes que la venta en las estaciones de servicio se redujo en un millón de litros de gasolina.