Presos sin comunicación con sus familias, otro derecho violado en Cuba

Vista interior de una prisión en Cuba. (Archivo AP/Franklin Reyes)

Las autoridades de establecimientos carcelarios cubanos no garantizan el derecho de los presos a realizar llamadas telefónicas a familiares y amigos, como lo establece el Reglamento del Sistema Penitenciario del país.

Según estas regulaciones, la autoridad penitenciaria “asegura el ejercicio de los derechos de los internos” entre los cuales está el acceso al teléfono.

Han pasado más de 12 días desde que la prisionera política Brenda Díaz, recluida en la cárcel "Cuba Panamá" para enfermos de VIH, en la provincia Mayabeque, tuviera contacto con su madre, Ana María García:

“Los teléfonos están rotos... y lo que dicen es que ETECSA no los ha arreglado. Pero los de los funcionarios sí funcionan”.

García dijo a Radio Televisión Martí que Díaz, sancionada a 14 años por participar en el levantamiento popular del 11 de julio, estuvo por 15 jornadas en celda de castigo y luego de que la sacaran de allí no ha podido saber de ella, de su salud, porque los dispositivos están descompuestos.

Igual situación se presenta en el penal Agüica de Matanzas: los reos llevan más de catorce días sin llamar a sus familiares porque ETECSA no ha puesto a funcionar los teléfonos.


“Llamé a la prisión y dijeron que hay problemas con la plataforma de la tarjeta ‘Propia’”, explicó Milexis García, la madre adoptiva del manifestante del 11 de julio, Yasmany Porras Pérez, condenado a 17 años de privación de libertad. “Yasmany normalmente llama una vez a la semana. Pero ya llevamos 14 días sin saber de él. Estamos preocupados”.

También en el Combinado del Este, los penados están confrontando dificultad para hablar con su familia:

“Hay problemas con las tarjetas que se usan ahí para hacer las llamadas. Mi hermano pudo llamar ayer pero solo por unos segundos”, lamentó Yesenia Bravo Cruzata, hermana de los hermanos Omar y Oscar Bárbaro, sentenciados a 10 y 13 años respectivamente por asistir a las protestas del 11J.

El modelo de llamadas por tarjeta, usado en la mayoría de los centros de internamiento cubanos, desde hace 20 años, requiere que el familiar del preso le compre una tarjeta recargable con determinada cantidad de dinero. Los teléfonos móviles están prohibidos en prisión.

Las cárceles cubanas no proporcionan la misma frecuencia de llamadas a los reclusos, mientras algunos pueden comunicarse con el exterior a diario, otros solo pueden hacerlo semanalmente y en muchos casos por dos o tres minutos.

Las jefaturas militares de los penales cubanos usan como represalia contra los presos, en especial los políticos, la restricción de las llamadas telefónicas. Así sucedió hace algunos meses a Roberto Pérez Fonseca, quien cumple una sentencia de 10 años por manifestarse el 11J y un poco más atrás a Jorge Bello Domínguez, con 15 años.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, padeció por más de cinco meses la incomunicación con su esposa e hijos, un castigo infligido por los mandos de la cárcel Mar Verde de Santiago de Cuba.