Los presos políticos Aleandry Lechuga Junco, Denis Hernández Ramírez y Liván Hernández Lago, informaron a través de Martí Noticias, el deplorable entorno de 54 presos que conviven en el destacamento 10 de la prisión de Guanajay en la provincia de Artemisa.
En una llamada telefónica desde el penal, los tres participantes de las protestas del 11 de julio de 2021, revelaron el hacinamiento, la falta de atención médica y de una adecuada alimentación, así como las pésimas condiciones higiénico sanitarias en las que transcurre su día a día.
“Nos han puesto en el peor destacamento que tiene esta prisión, que es el 10. Estamos viviendo en medio de una plaga de cucarachas, de chinches, mosquitos, ratones. Somos 54 presos en un espacio reducido de doce metros de largo por ocho de ancho. Dormimos en camas triples con tremendo calor por las noches y no nos dejan ni dormir en el piso”, relató Denis Hernández Ramírez, que cumple una condena de seis años de prisión.
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“Nos están torturando psicológicamente porque nosotros hemos pedido varias veces que limpien el destacamento, que echen veneno, que disminuyan la cantidad de personas en el destacamento, porque chocamos unos con otros”, agregó.
La denuncia de los tres manifestantes encarcelados no solo cuestiona las políticas que tienden a incrementar en progresión geométrica la cantidad de personas recluidas; sino que permite enjuiciar a los órganos del Estado que determinan quiénes van tras las rejas.
“En este destacamento estamos diez presos del 11 de julio que, casualmente, son los presos que han mostrado más rebeldía en esta prisión a lo largo de tres años. A la mayoría de los presos que están aquí, nos han denegado los beneficios”, señaló Hernández.
Decenas de los prisioneros políticos del 11J padecen la negación de los beneficios de cambios de régimen o excarcelación anticipada establecidos por las leyes cubanas.
El expresidente del Tribunal Provincial de Villa Clara y abogado del medio independiente Diario de Cuba, Edel González Jiménez afirma en un artículo del pasado junio que "la subordinación del sistema judicial al poder político de la Isla es la causa fundamental de la negación de derechos” a los presos políticos.
“La comida en muy malas condiciones, no tiene vitaminas ni proteínas. Todos los días comemos una pasta sancochada que es como de masa de croqueta, que no sabemos, realmente, lo que es; hasta gusanos, a veces ha tenido”, subrayó Hernández.
“Los maletines tenemos que tenerlos en el piso, los platos, los pomos para almacenar el agua, los alimentos tenemos que ponerlos en el piso porque no hay donde poner las vasijas”, añadió.
Aleandry Lechuga Junco, sentenciado a siete años de privación de libertad, indicó que no proveen a los reclusos artículos de aseo, ni sábanas, toallas o zapatos. Son las familias quienes deben suministrar cada vez más cosas a los internos para suplir las deficiencias de aprovisionamiento del sistema penal.
“Nosotros hacemos esta denuncia sabiendo las consecuencias que nos pueden suceder. La alimentación cada día va a peor. La insuficiente asistencia médica, no hay medicamentos”, recalcó Lechuga Junco.
De acuerdo a González Jiménez, los encarcelados por el ejercicio de sus libertades políticas individuales son víctimas de arbitrariedades tanto por la criminalización del ejercicio de sus derechos como en los establecimientos penitenciarios”.