El preso político de las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Manzanillo, Fernando Michel Bárzaga Monpié, denunció a Martí Noticias que tanto él como su esposa están sujetos a tortura psicológica por parte de sus cárceleros.
Barzaga Mompié, de 41 años y condenado a cinco años de cárcel por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentando, aseguró que la Seguridad del Estado y los oficiales del Penal El Típico, en la provincia Granma, le han impedido la visita familiar y la entrega de alimentos y medicamentos que le lleva su familia.
El prisionero dijo que el pasado día 7 de junio un oficial de la Seguridad del Estado en Manzanillo identificado como "Henry", un Mayor del Ministerio del Interior de apellido Castillo, y la reeducadora nombrada Kenia "se burlaron, sin pizca de conciencia, del sacrificio, de la ansiedad de verme y la preocupación por mi salud de Rosa Amalia Pupo Sánchez, mi esposa".
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Desde una cárcel en Manzanillo preso del 11J denuncia tortura psicológica
"Hasta el último minuto, el oficial de la Seguridad nos hizo creer que tendríamos una visita y al llegar aquí a la prisión mi esposa, el mayor Castillo y la oficial reeducadora Kenia se gozaron restregándole en la cara a mi mujer, que todo era una mentira, alegando un reglamento que ningún recluso nunca ha visto y hay que cumplirlo porque les da la gana y, como si fuera poco, ni siquiera le permitieron hacerme llegar la ropa, los alimentos y los medicamentos que me había traído", declaró en un mensaje de audio desde la prisión.
"Esta clase de tortura psicológica me ha hecho su víctima desde el mismo día 11 de julio del 2021, cuando fui encarcelado bajo ningún argumento lógico y sentenciado a privación de libertad, solo por discrepar de un Partido Comunista hipócrita. Tenemos que decir "basta", ¡Viva Cuba libre!", concluyó el preso político.
Grupos de derechos humanos de la sociedad civil cubana y organismos internacionales han exigido al régimen de La Habana el cumplimiento de las Reglas de Mandela, las recomendaciones que Naciones Unidas hace a los Estados para tratar a los reclusos y administrar las cárceles.
Estas normas internacionales fueron establecidas para garantizar los estándares idóneos en lo que respecta al tratamiento de los reclusos y la administración penitenciaria, resaltando que el sistema penitenciario de ninguna nación debe agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad y el despojo de derechos a los detenidos.
[Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí]