El abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios presentó este miércoles al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos una denuncia por el arresto del joven Eddy Gutiérrez Alonso, manifestante del 11 de julio en Artemisa.
“El lleva alrededor de 53 días detenido en máxima seguridad en un centro penitenciario en Guanajay, Artemisa. Está siendo acusado por tres delitos: desórdenes públicos, desacato y atentado”, explicó el jurista a Radio Televisión Martí.
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“Lo cierto es que él no es más que otra víctima de la abominable represión que desató el señor Díaz-Canel, con su arenga cargada de odio el pasado 11 de julio, cuando estimuló que las fuerzas represivas enfrentaran de manera violenta a los manifestantes a lo largo del país”, recalcó el también presidente de la organización Inteligencia Ciudadana.
El gobernante Miguel Díaz-Canel dio una "orden de combate" para salir a acallar a los manifestantes, muchos de los cuales, según los videos y fotografías que circulan en las redes, fueron apresados.
Lee también En prisión preventiva dos hermanos que protestaron el 11J en San Antonio de los BañosGutiérrez Alonso, de 23 años, trabajador de la Fábrica de Cemento de la localidad, fue detenido el 15 de julio en su vivienda por efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y conducido a la estación policial, desde donde lo trasladaron a la Unidad de Procesamiento Penal del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) y, con posterioridad, enviado bajo la medida cautelar de prisión preventiva hacia el penal de Guanajay.
“Eddy, por circunstancias no atribuibles a él, se vio presente en la manifestación pacífica que estaba teniendo lugar en el Boulevard de Artemisa, cuando un presunto agente de la policía política apareció conduciendo un camión color verde olivo del Ministerio del Interior (MININT) con número 1460”.
“Los manifestantes gritaron “no tenemos miedo y la reacción del irresponsable chofer fue acelerar el vehículo contra la multitud, ocasionando un verdadero caos, desórdenes públicos y por supuesto, desató la ira popular por esos hechos”, relató el abogado.
“De ese chófer del MININT el régimen dictatorial no ha dicho ni una palabra. Sin embargo, los ciudadanos que intentaron detenerlo en su conducta peligrosa” están presos a la espera de juicio, aseguró Fernández Palacios en un post en Facebook.