Presenta DemoAmLat informe sobre racismo y discriminación en Cuba

El Observatorio Legislativo de Cuba ha lanzado el informe mensual concerniente al mes de agosto relacionado al tema del racismo en Cuba.

Como iniciativa de DemoAmlat, proyecto impulsado por la ONG Transparencia Electoral cuya misión central es el compromiso con el fortalecimiento democrático en la región, el Observatorio ha elaborado este documento, donde reconoce que en el 2017 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó que la región afrontaba grandes retos en ese sentido, partiendo de cuestiones cotidianas como que muchas de sus naciones aún se oponían a usar el término “afrodescendiente”.

Para los que elaboraron el documento, esa es una de las demostraciones más palpables en Cuba, donde a las personas les cuesta identificarse a sí mismas como tales.

Desde 1959 el tema del racismo en la isla no ha estado en la agenda del régimen, se indica en la introducción del material presentado, y se carece de estadísticas exactas sobre porcentajes en la población.

El régimen, destaca la publicación, no desea reconocer la existencia de racismo en la sociedad, ignorando los problemas que esto conlleva, mientras que la sociedad civil ha tomado la defensa en muchas esferas. Se han organizado en grupos o asociaciones como el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y el Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR).

Subraya el informe que aquellas organizaciones que buscan el activismo “en esta temática, al igual que otros, también se ven negados de reconocimiento legal como consecuencia de la ausencia de libertad de asociación y expresión en la isla”.

Informe DemoAmLat

Sobre Cuba, dice el informe de DemoAmlat que “la OEA ha incluido el análisis de la situación del país a lo largo de los años, siendo así que en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que las personas afrodescendientes eran uno de los grupos más perjudicados por las “vulneraciones masivas a los derechos a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la protección contra la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio y circulación de la correspondencia, a la residencia y tránsito, a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial” que limitan los Derechos Humanos de las cubanas y los cubanos.

Por ende, han definido a los cubanos afrodescendientes como grupo “históricamente vulnerable”.

Reconocen en el documento que hay “ciertos avances en contra de la discriminación étnico-racial”, derivadas de las discusiones que surgieron con el proyecto de Constitución de la República que se aprobó en 2018 por la Asamblea Nacional del Poder Popular” con la inclusión de “elementos legales que están de acuerdo con el principio de igualdad para impedir la discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad u origen nacional”.

Al mismo tiempo hacen referencia a que “la CIDH observa con preocupación la negativa del Estado cubano a adoptar y utilizar el término afrodescendiente”, que contradice la Declaración y el Programa de Acción de Durban, principalmente teniendo en cuenta que en Cuba hay una población profundamente caracterizada por el mestizaje.

Prisiones y Estadísticas

Los especialistas de la CIDH reportaron el “déficit de información estadística desagregada en los registros de detención” y notan que la población penal en la isla tiene un alto porcentaje de afrodescendientes, y que esto podría estar ocasionado, entre otras causas, por “actitudes discriminatorias de parte del personal policial”.

Se presentan varias recomendaciones en el informe que ya fueron manifestadas por la CIDH como:

• Adoptar programas encaminados a recopilar estadísticas desagregadas, desglosadas por género, orientación sexual, edad, respecto de su población afrodescendiente, no solamente en encuestas censales, pero en todas las instancias estatales, incluidas aquellas del sistema policial, de justicia, salud y educación.
• Adoptar los mecanismos necesarios para promover la auto-identificación de la población afrodescendiente, en especial, mediante la inclusión de la variable “afrodescendencia” en todos los registros públicos y específicamente en los censos de población y encuestas de hogares.
• Llevar a cabo campañas de sensibilización para la sociedad civil y capacitación para los encuestadores, a efectos de crear las condiciones necesarias que permitan que todos los afrodescendientes puedan identificarse como tal.
• Adoptar medidas eficaces para prevenir y combatir la estigmatización y la criminalización de las y los defensores de derechos humanos, en particular cuando dicha estigmatización o penalización pueda tener un carácter discriminatorio desde el punto de vista étnico-racial.
• Adoptar medidas urgentes, con enfoque de género, orientadas a superar la situación de discriminación estructural que afecta a la población afrodescendiente, así como medidas positivas para eliminar la discriminación étnico-racial y garantizar que las personas afrodescendientes ejerzan sus derechos.

La exigencia de libertad para el preso político Silverio Portal Contreras, que se hicieran en la isla por activistas de la sociedad civil, opositores, disidentes, artistas o desde el extranjero, fue mencionada en el informe.

Citan al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial cuando esta organización informaba que en Cuba la “población afrodescendiente cubana continúa siendo víctima de racismo y discriminación estructural, con una brecha de desigualdad para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, cultuales con relación al resto de la población”.

Termina el documento, de 16 páginas, con unas aseveraciones de la activista María Matienzo quien afirmó que “la situación actual, va de mal en peor. Está el tema de la pandemia y los coleros, son personas que se dedican a hacer colas para después revender los productos que compran. Este es un fenómeno que no creo que sea solamente unidireccional, es un fenómeno que se ha creado por la miseria (…) El punto está en que por lo general las personas que se dedican a hacer colas, a revender los turnos o los productos que compran, son personas negras que tienen niveles de pobreza elevados y se está juzgando a estas personas como si fueran delincuentes”.

Recogen testimonio de la ONG Prisoners Defenders, a través de Javier Larrondo, sobre los métodos del régimen cubano y sus funcionarios que “son obligados a escribir, por mandato político, argumentos que se desmoronan ante el proceso técnico de revisión en cualquier entidad de arbitraje, como es la ONU. El ridículo hecho por los funcionarios de exteriores de Cuba es lamentable hasta para ellos, forzados sin más a defender un abuso y una manipulación procesal, dado que no se les permite otra respuesta posible”.

Ven encomioso el enriquecimiento del movimiento afrocubano y esperan los redactores que “todas estas acciones concluyan en el establecimiento o, al menos, en la posibilidad de establecer un programa de políticas públicas claras, efectivas y consensuadas con la población”.