El jefe de sector del barrio El Venero, del poblado de Manatí en Las Tunas, en contubernio con un agente de la Seguridad del Estado decomisaron una ayuda monetaria a la esposa del preso político Yasmani Ovalle León.
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Reportaje de Yolanda Huerga
Yanelis Vega Espinosa, esposa del prisionero político en cuestión relató a Radio Televisión Martí que el pasado lunes recibió el aviso de la sucursal de su localidad de la compañía Western Union para que pasara a cobrar 45 CUC que le enviaron desde el exterior como una ayuda humanitaria.
“El Jefe de Sector Armando Cedeño y el de la Seguridad del Estado, que se hace llamar Luis Ángel, me estaban esperando a la salida de la tienda donde yo cobro el dinero. Me llevaron para la unidad policial y allí me exigieron que entregarael dinero y el comprobante de haberlo cobrado”.
La mujer aseguró que luego le hicieron firmar un documento que rezaba que ese dinero había sido requisado porque procedía de una entidad extranjera, para apoyar el bloqueo yquebrantar el orden interno.
Su esposo, Yasmani Ovalle León, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, fue condenado en noviembre de 2018 a tres años y medios de privación de libertad por el presunto delito de “atentado”.
El hostigamiento a las familias de presos políticos es común en la Isla. Las fuerzas represivas, frecuentemente, incautan el dinero olos alimentos que organizaciones radicadas en Estados Unidos, América Latina o Europa les envían para mitigar las dificultades económicas que sufren tras quedar desamparadas.
Al respecto, dijo a nuestra redacción José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba:
“Lo de rendir a los presos políticos y a sus familiares por hambre, por necesidades, es algo ya bastante viejo de parte del régimen castrocomunista.
Tenemos muchos casos a los que les ha sucedido lo mismo que a la esposa de Yasmany Ovalle León”, apuntó el líder opositor.
Destacó el dirigente de UNPACU casos similares, pues “la policía política embarga el dinero cobrado a través de giros postales a familiares de presos políticos. Tal es el caso de Hilda Rosa Reyes Almaguer, madre de Adriel Hernández Reyes y suegra de Mayté Hernández Guerra. También deYolanda Carmenate Fernández, madre de Cristian Pérez.
“A decenas de familiares de presos políticos los han detenido a su regresoa sus localidades y les han expropiado el dinero, alimentos y medicinasque se les ha proporcionado en la sede principal de la UNPACU en Santiago de Cuba”.
Ya en plena pandemia la policía política despojó, en dos ocasiones, a dos activistas de la provincia tunera de los alimentos que llevaban a la prisión para Aimara Nieto Muñoz.
Nieto Muñoz fue trasladada a una cárcel de Las Tunas a más de 650 kilómetros de su hogar en La Habana, en un momento en que estaba suspendido el transporte interprovincial.
“En los últimos meses hemos visto otra modalidad que consiste en que empleados de las dependencias de Western Union dicen al destinatario que hay un error en el número de cuenta y que no pueden pagar el dinero. Entonces quien lo envió tiene que recuperarlo en el exterior. Igualmente, a varios opositores y activistas, como yo mismo, la Western Union no nos brinda servicio. Estamos en una especie de lista negra”, continuó Ferrer.
Las sucursales en Cuba de la empresa de paquetería mundial DHL no escapan a esta práctica.
“Aquí en Santiago de Cuba, la Seguridad del Estado notifica a los funcionarios de DHL, los nombres de familiares de los prisioneros políticos. Cuando la persona va a la entidad a buscar su paquete, afuera la esperan agentes policialesy le ocupan los alimentos y medicinas”, concluyó.