La jueza cubana Melody González Pedraza, actualmente detenida por las autoridades de inmigración en el sur de la Florida tras pedir asilo, afirmó en una entrevista reciente haber sido coaccionada por las autoridades de la isla para condenar a cuatro jóvenes a penas de prisión, a pesar de la falta de pruebas en su contra.
Estas declaraciones han generado un intenso debate en las redes sociales sobre la justicia y la independencia judicial en Cuba.
El abogado cubano basado en Miami Santiago Alpizar, de la organización Cuba Demanda, quien ha seguido de cerca el caso y ha asesorado a las familias de los jóvenes condenados en la isla, dijo que las declaraciones de González podrían complicar su solicitud de asilo político en Estados Unidos.
“La confesión de haber actuado bajo coacción muestra claramente su rol como agente del Partido Comunista, lo que podría perjudicar su solicitud de asilo”, señaló Alpizar.
La confesión de la jueza también podría ser utilizada como prueba en apelaciones futuras para los jóvenes encarcelados, agregó, y podrían influir en el proceso judicial en Cuba.
Alpizar ha recomendado a las familias y abogados de los jóvenes encarcelados que utilicen estas declaraciones como evidencia en sus apelaciones.
El abogado de inmigración basado en Miami Wilfredo Allen dijo por su parte a Martí Noticias que con la asesoría de un abogado experimentado, la jueza González Pedraza tendría grandes posibilidades de quedarse en EEUU.
"Si ella puede probar que su vida corre peligro al ser retornada al país en el que sería perseguida, puede obtener protección bajo la convención contra la tortura", dijo Allen.
La retención de expulsión, según la convención en contra de la Tortura, es un tipo de protección legal que algunas personas pueden obtener "si demuestran que existe una gran probabilidad de que sean torturadas por el gobierno o por personas que trabajen para o con el consentimiento del gobierno", explicó Allen.
Los jóvenes, tres de ellos condenados a cuatro años de prisión y uno a tres años, fueron acusados de delitos de atentado.
González Pedraza indicó en sus declaraciones que el juicio fue una farsa y que actuó bajo presión, y que habían suficientes pruebas de descargo para absolver a los acusados, pero que fue obligada a emitir una sentencia condenatoria.
González Pedraza viajó a EEUU por parole humanitario, y pudo salir del país, algo inusual para jueces y fiscales en Cuba debido a las restricciones que impone el régimen, y ahora enfrenta un proceso de deportación.
El abogado dijo que aquellos que se consideran víctimas de González pueden presentar sus quejas ante las autoridades estadounidenses, "explicando sus situaciones y proporcionando pruebas".