Continúa el deterioro de las condiciones carcelarias que enfrentan los presos políticos cubanos, alertaron a Martí Noticias algunos de estos prisioneros y sus familiares.
Esta semana, al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, recluido en el penal Combinado del Este, en La Habana, y con graves padecimientos de salud, le negaron la entrega de medicinas que le envió su familia, según denunció su esposa Eralidis Frómeta.
El director del blog digital y el canal YouTube Delibera, condenado a cinco años por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado, ha perdido la visión.
"Continúa ciego porque todavía el oftalmólogo, que tiene que hacerle un fondo de ojo, no se lo han hecho”, señaló Frómeta.
“Desde el día 20 de mayo envié los medicamentos, justo ayer me los devolvieron para atrás porque no se los hicieron llegar", denunció la esposa del periodista de 61 años.
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En el penal de Kilo-8 en la ciudad de Camagüey, más de 500 presos han estado “11 días sin agua" desde que se rompió la turbina, señaló desde esa prisión Alieski Calderín Acosta, quien cumple 20 años por el delito de atentado.
El miembro del Partido Demócrata Cristiano de Cuba dijo que la respuesta de las autoridades ha sido enviar algunas pipas pero eso es insuficiente. Además denunció que "la alimentación es pésima".
"Esto es terrible, yo nunca pensé que me fuera a coger a mí el periodo especial este aquí en la prisión”, dijo el preso político.
Virgilio Mantilla Arando, fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, cumple tres años y tres meses por el delito de daños a la propiedad, recluido en la prisión de Kilo-7, donde la alimentación es muy mala y tampoco hay medicamentos.
"En menos de 20 días dos veces con catarro y fiebre altísima, dolores musculares, no sé si es Covid-19, y no solamente a mí, casi todo el mundo estamos aquí con eso”, aseguró Virgilio, quien ya ha cumplido varias causas por razones políticas y reclama asistencia médica especializada, por las dolencias que sufre por dos hernias discales.
El opositor denunció que las autoridades penitenciarias usan a reos comunes para agredir a los presos políticos.
“Presos paramilitares que ellos tienen preparados aquí para eso, que le dan pabellones y le refuerzan la comida", agregó en referencia a los beneficios que otorgan a los reclusos que colaboran con las autoridades.
José Rodríguez Herrada, de Caibarién, condenado a cinco años y medio por su participación en el estallido popular del 11 de julio de 2021, por el presunto delito de desórdenes públicos, acaba de ser trasladado desde el penal de Guamajal, donde estuvo plantado, para la prisión de Manacas.
La razón de la protesta consistió en su reiterado reclamo de una revisión de la irregularidades del proceso judicial en su contra, explicó el periodista independiente Guillermo del Sol.
“Me dijo que se siente mejor, que está fortalecido, es un preso que ha mantenido una verticalidad tremenda”, destacó Guillermo.
En las Alambradas de Manacas, donde Rodríguez Herrada inició su protesta, hay otros tres presos polítcos que enfrentan precarias condiciones: Carlos Michael Morales, periodista independiente de Caibarién, cumpliendo dos años y 10 meses de prisión; Leonel Tristá García, de Santa Clara, con ocho años de sentencia, quien ha sido sometido en más de una oportunidad a régimen disciplinario y con restricción de llamadas telefónicas; y Liván Hernández Sosa, también santaclareño, que cumple cuatro años, y que ya ha realizado varias protestas en el penal en reclamo de asistencia médica, reportó Del Sol.
Por ellos, el comunicador conoció que en esa cárcel "hay una situación de hacinamiento grave", que faltan los alimentos, los que les suministran están en mal estado y "lo poco que pueden adquirir de proteína se lo roban los guardias".
Desde la cárcel de Boniato, en la ciudad de Santiago de Cuba, se reporta un brote gripal y la ausencia de medicamentos para enfrentar la enfermedad.
“Aparte de los catarros, la escabiosis ahora están tratándola con medicina verde, y la alimentación es un agua de sopa que le están dando con calabaza, a veces son hasta las ocho de la noche y no han podido ni comer esos pobres presos”, aseguró Daniel García, quien tiene allí a su hermano, Jorge Luis García García, condenado a 13 años de prisión por participar en las protestas en Palma Soriano.