Las autoridades panameñas reafirmaron este lunes su decisión de devolver a la isla al centenar de cubanos recluidos en un campamento de Chiriquí, y de mantener esta política con cualquier otro migrante cubano que ingrese a su territorio sin los documentos pertinentes.
“Panamá no les está cerrando el paso a los cubanos. Panamá le está cerrando el paso a la migración irregular, sea de quien sea. No hay distinción”, dijo en entrevista al diario floridano el Nuevo Herald, Javier Carrillo Silvestri, director de Migración Panamá.
“El cubano que quiera venir es bienvenido, pero les pedimos que sea de una manera ordenada, de una manera regular, para evitar la trata y el tráfico de personas”, agregó Carrillo, quien el diario apunta es conocido como “el policía malo” entre los migrantes por exigir su deportación a la isla.
El viceministro panameño de Seguridad, Jonathan del Rosario, visitó el viernes a los 126 cubanos en Chiriquí para anunciarles que disponen de 15 días para regresar voluntariamente a Cuba y a cambio, les entregarán una visa de entrada múltiple y ayuda económica para emprender un negocio en su país de origen.
Los cubanos recibieron la noticia con profunda desesperación, según contactos de Martí Noticias con los migrantes. Desde el anuncio oficial, varios de ellos comenzaron a considerar la fuga de las instalaciones donde les mantienen encerrados, para seguir camino a países adyacentes.
El Nuevo Herald reportó este lunes que casi una decena ha partido del albergue. El resto tiene hasta el 31 de julio para decidir si regresan a la isla o si continúan viaje como indocumentados.
El funcionario explicó que actualmente Panamá otorga 500 visas mensuales en su consulado en La Habana y, en pocas semanas, la cifra ascenderá a 1.000, un privilegio del que no gozan otros países caribeños.
El director de Migración reiteró las concesiones que ha tenido el gobierno de Panamá con los migrantes cubanos desde el principio de la reciente crisis migratoria cubana, en noviembre de 2015, cuando Nicaragua cerró su frontera. En este periodo han pasado por el país istmeño de 40,000 cubanos indocumentados.
El gobierno proveyó techo, comida y atención médica a miles de cubanos que quedaron varados allí y incluso pagó los pasajes aéreos de casi 300 migrantes que no disponían de la cantidad para tomar los vuelos hasta la frontera entre México y Estados Unidos.
‘Panamá tomó parte en dos puentes aéreos que trasladaron a más de 4.400 cubanos hacia México, Con estas acciones, Carrillo considera que su país “cumplió la cuota” que le tocaba. “Decidimos hacer una contribución humanitaria y eso se hizo con mucho orden, pero vimos que a los pocos días había más cubanos”, dijo.
“A partir del segundo puente aéreo se decidió que nosotros no podíamos ser el agente viajero de los migrantes irregulares cubanos, porque ese no es el papel de un Estado. Cerramos la frontera y comenzamos a negociar con el gobierno de Cuba un acuerdo de deportación porque en ese momento no lo teníamos”, agregó.
Panamá y Cuba firmaron el acuerdo de deportación el 1 de marzo en La Habana, durante la IV Ronda de Conversaciones Migratorias entre ambos países, pero Carrillo asegura que el gobierno cubano no pidió nada.
“Ese acuerdo de deportación fue iniciativa absoluta del gobierno panameño para aliviar una crisis que estábamos viviendo por el paso de migrantes irregulares”.
El funcionario apuntó que las autoridades cubanas les dijeron que no tomaban represalias contra los deportados. De hecho, cuando nosotros hemos mandado a los cubanos siempre van con dos custodios y se les pregunta si hubo algún tipo problema, y ellos siempre contestan que no ocurrió nada”, explicó.
Carrillo también aseguró que la embajada panameña en La Habana no ha recibido ninguna denuncia de maltrato o violación de derechos humanos a estas personas. “Muchos han retornado voluntariamente y no ha pasado absolutamente nada”, añadió.
(Redactado por Lizandra Díaz Blanco, con información de El Nuevo Herald y Archivo de Martí Noticias)