Orlando Ramírez, padrastro y tutor de Jonathan Torres Farrat, uno de los menores de edad sancionados por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, fue agredido en la vía pública el 29 de diciembre, en Luyanó, La Habana.
Ramírez dijo a Martí Noticias que fue llevado a la unidad de la policía de Aguilera, mientras que los agresores, una mujer y su hijo quienes, supuestamente, lo confundieron con tres personas diferentes, quedaron libres, pendientes a enfrentar una denuncia.
Ramírez relató que, al salir de su casa el día 29 de diciembre, una mujer acompañada por su hijo, quien andaba armado con un bate, lo detuvo preguntándole: “¿Tú no eres el cobrador de la luz? ¿Tú no fuiste el que fuiste a cobrar el agua?, a lo que Ramírez respondió que no, advirtiendo a la mujer que estaba “equivocada”.
Pese a la negativa, la mujer insistió, pero esta vez, lo confundió con “el muchacho de la campaña”, (refiriéndose a la campaña contra el mosquito Aedes Aegipty), y le aseguró a Ramírez que él había estado en su casa momentos antes y, además, lo acusó de haberle robado el teléfono, hecho que Ramírez negó rotundamente.
Por más que el activista negó haber estado en la casa de la mujer y mucho menos, haberle robado el teléfono, la mujer mantuvo las acusaciones sin atender el pedido de Ramírez de ir, carné de identidad en mano, a la estación de Policía más cercana para resolver allí “la situación”.
Ramírez explicó que la señora, sin entrar en razones, continuó acusándole de haber entrado a su casa, describiendo al supuesto ladrón con ropas que no eran las que Ramírez llevaba puestas. Viendo la obstinación de la mujer, Ramírez le advirtió que no le “vayan a dar un golpe, que me van a dar un mal golpe y, al final, no soy yo”.
Según Ramírez, el muchacho que acompañaba a la mujer le “tiró un piñazo” que el le devolvió. En medio de los golpes, Ramírez dijo haber “caído al suelo” y donde el joven le dio "un batazo en la cabeza", además de lesionarle una rodilla con el bate.
Al llegar la policía minutos después, Ramírez fue conducido a la unidad policial de Aguilera, donde lo “bajaron directo para el calabozos”, y uno de los policías aseguró que él “se había tobado un teléfono”.
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Ramírez, quien explica haber tenido suerte con los “calaboceros”, porque no eran como “ellos”, el resto de los represores, porque lo trataron “muy bien “ y estuvieron de acuerdo en que él no había cometido el delito.
Cuando los policías propusieron hacerle el “acta de detención”, Ramírez respondió que él no la firmaría.
“A mí no me atiende ningún policía normal, a mí me atiende directamente la Seguridad del Estado. Llamen a Villa Marista y que sean ellos los que se encarguen de investigar”, reclamó Ramírez, apuntando que, en ese momento, serían las “diez y tanto de la mañana”.
Horas más tarde, un instructor le preguntó a Ramírez por qué era atendido por la Seguridad del Estado, a lo que el detenido respondió ser padre de un preso político. "Soy procesado político también, soy activista político por los derechos humanos y yo no pertenezco a este gobierno”, les dijo. Los oficiales le ordenaron recoger sus pertenencias y le pidieron que se sentara a esperar.
Esperando estuvo hasta que bajó otro inspector y le ordenó recoger sus cosas, alegando que “se iba porque él no tenía nada que ver con eso (la acusación de robo). No obstante, Ramírez insistió en acusar formalmente a la mujer y su hijo, por lo cual tuvo que sacar un certificado de lesiones.
La Seguridad del Estado afirmó a Ramírez que ellos “no tenían nada que ver con la agresión y las acusaciones”, y que “ellos lo conocían bien”, alegando que “podía estar contra el país”, pero no era un delincuente.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)