El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó una denuncia este jueves ante Naciones Unidas en la que responsabiliza al gobierno cubano por 30,786 detenciones arbitrarias, en los últimos cinco años y seis meses, contra opositores, periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil independiente.
La denuncia, que subraya el "cuadro persistente" de reclusiones arbitrarias y detenciones domiciliarias ocurridas en Cuba, fue presentada ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, informó la OCDH en un comunicado.
La mayoría de los detenidos fueron mujeres, con 17.764. El reporte subraya que la mayor incidencia en estos arrestos arbitrarios se produjo en los años del acercamiento diplomático entre Cuba y EEUU, "lo que indica que el gobierno no ha tenido nunca voluntad de cambiar las cosas".
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Yolanda Huerga entrevistó a Yaxis Cires, directivo del OCDH
Según el informe de la OCDH presentando ante ONU, estas detenciones arbitrarias se realizan de forma regular por agentes policiales y miembros de la Seguridad del Estado, "como método de represión y hostigamiento contra personas con un activismo político contrario a los intereses gubernamentales".
El régimen busca con estas aprehensiones "desalentar manifestaciones críticas al gobierno, obstaculizar la libre expresión de opiniones e ideas, de reunión, asociación y otros derechos fundamentales, así como evitar la promoción y defensa de los derechos humanos", afirma la organización con sede en Madrid.
La OCDH denuncia que las autoridades a menudo hacen "uso de fuerza desmedida y los malos tratos", durante los arrestos. El reporte cita el empleo de esposas, las retenciones durante horas bajo el sol, dentro de autos patrulleros cerrados, y agresiones físicas, como agravantes de la arbitrariedad.
Una variante de la detención arbitraria muy utilizada en el último año consiste en retener ilegalmente en sus viviendas a activistas de derechos humanos, periodistas y artistas independientes. "Este tipo de mecanismo es una clara violación a la libre circulación y, sobre todo, una forma de privación de libertad ilegal, para impedir el ejercicio de otros derechos", apunta el informe.
La OCDH concluye que ninguna de estas modalidades de privación de libertad son autorizadas por la propia Constitución cubana, ni el resto de leyes que rigen el país, por lo que "se hallan fuera de las causas y los procedimientos legales establecidos".