El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó este martes la represión ejercida por el gobierno cubano contra los activistas, periodistas independientes y miembros de la sociedad civil durante la jornada cívica del 15N en Cuba, y pidió a la Unión Europea que aplique los mecanismos contemplados en el acuerdo bilateral de diálogo y cooperación con la isla.
En un reporte preliminar, el OCDH documentó más de 300 acciones represivas en la isla entre el 12 y el 15 de noviembre, entre las más frecuentes: retención domiciliaria con vigilancia policial (104) , citaciones a estaciones policiales (55), amenazas (37), detenciones, actos de repudio (12) y cortes de los servicios de internet (28).
"Todavía estamos recibiendo información desde Cuba acerca de esta represión meticulosa, y las acciones reiteradas y habituales del régimen cubano ante la decisión de ciudadanos pacíficos de ejercer sus derechos. Solamente en la jornada de ayer día 15 de noviembre, documentamos más de un centenar de acciones represivas, 29 detenciones, 7 actos de repudio, 37 casos de retenciones en domicilios con vigilancia policial", detalló la organización en un comunicado.
Según el Observatorio, desde el 12 de noviembre unas 30 personas permanecen detenidas en la isla en relación con el #15NCuba, y otras en condición de desaparecidas, como los casos de Daniela Rojo, moderadora del grupo Archipiélago, y Yanilys Sariego, activista y defensora de los derechos humanos.
Lee también Fórmula para frustrar la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba: Arrestos, vigilancia y actos de repudioLa organización advirtió que las actuaciones del régimen cubano "deben tener consecuencias políticas en la Unión Europea (UE)", y reiteró el llamado a que se activen los mecanismos contemplados en el Acuerdo de Diálogo Político del bloque continental con Cuba.
El OCDH exigió, además, que los recursos destinados a reprimir a las voces disidentes sean invertidos en obras públicas que beneficien al pueblo, como la construcción de hospitales, la compra de medicamentos y el mejoramiento de las infraestructuras de agua potable y electricidad, situaciones denunciadas en sus informes periódicos sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba.
"Tanto las protestas populares de julio, como las exigencias de estos días de una parte importante de la sociedad civil, son una clara evidencia de los profundos cambios que el país necesita, y que deben ser políticos, económicos y sociales (...). El gobierno tiene en sus manos la alta responsabilidad de comenzar estos necesarios cambios de manera pacífica.", concluyó.