El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó este miércoles las “escandalosas sentencias” de cárcel contra manifestantes del 11 de julio en La Habana, Cuba, y denunció la campaña de criminalización emprendida por medios de prensa e instituciones estales con el fin de despretigiar a los condenados.
Según el OCDH, el 77% de los condenados por su participación en las protestas populares que sacudieron la isla el verano pasado no tenían antecedentes penales.
“Las informaciones recogidas en estas cinco sentencias desmienten la campaña de difamación del gobierno cubano sobre que los manifestantes son, en su gran mayoría, delincuentes comunes. Aunque, incluso en los casos con antecedentes penales, hay que respetar el derecho a la libre manifestación, y durante los procesos judiciales, la presunción de inocencia", señaló Alejandro González Raga, director ejecutivo de la organización, con sede en Madrid, España.
Según el reporte del OCDH, la mayoría de los encarcelados por el 11J, 61%, son personas de entre 16 y 30 años. En un desglose por edades, el 26% son menores de 21 años, el 35% tiene entre 21 y 30 años, el 21% entre 31 y 40 años, el 10% entre 41 y 50, el 6% entre 51 y 60 años, y casi el 2% tiene más de 61 años.
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Declaraciones de Yaxis Cires, director de Estrategia del OCDH
La organización destaca, además, que el 9% de los condenados son mujeres, y el 25%, emprendedores.
Los datos corresponden a las sentencias 8/2022, 6/2022, 10/2022, 5/2022 y 9/2022, todas del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que involucran a 110 ciudadanos cuyas condenas suman, al menos, 1.678 años de cárcel, dijo el OCDH.
“Pedimos urgentemente la aplicación de las sanciones individuales contra los violadores de derechos humanos en Cuba, tal y como aprobó el Parlamento Europeo en septiembre de 2021. Instamos a los Estados miembros de la UE a solicitar dichas sanciones al Consejo. La situación es grave”, declaró González Raga.
El Observatorio recuerda que en febrero pasado, el régimen cubano cometió al menos 416 acciones represivas contra la población, de las cuales 149 fueron algún tipo de detención y 267 abusos de otro tipo, entre ellos el sitio de viviendas (87), los hostigamientos (69), multas (36), citaciones (30) y amenazas (28).