Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el lunes el plan del presidente Barack Obama para proteger de la deportación a millones de inmigrantes indocumentados, un tema que probablemente será abordado en la campaña presidencial de 2016.
El juez de distrito Andrew Hanen, de Brownsville, Texas, dictaminó a favor de más de dos decenas de estados que se oponen al plan y afirmó que el Gobierno no ha cumplido con los procedimientos.
La Casa Blanca afirmó que el Departamento de Justicia apelará la decisión, que fue publicada en el sitio en Internet del diario Los Angeles Times.
Haciendo uso de su autoridad ejecutiva, Obama anunció en noviembre de 2014 un programa para disipar la amenaza de deportación sobre cerca de 4.7 millones de inmigrantes ilegales. La medida no pasó por el Congreso, que no ha aprobado una reforma a la legislación inmigratoria pese a varios intentos.
Ese programa permitiría que permanezcan temporalmente en Estados Unidos cerca de 4.4 millones de personas cuyos hijos son ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes. Otras 270.000 personas serían autorizadas a quedarse y obtener permiso para trabajar debido a la expansión de un programa de 2012 conocido como "Acción Diferida para los Llegados en la Infancia" (DACA, sigla en inglés), un alivio ante la deportación para personas llevadas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.
Estaba previsto que la expansión comenzara el miércoles. Alrededor de 26 estados, encabezados por Texas y su gobernador republicano, Greg Abbott, demandaron al Gobierno para que detenga los programas con el argumento de que las órdenes de Obama violan los límites constitucionales sobre sus poderes.
Además, solicitaron una orden judicial para evitar que los programas entren en vigor mientras se desarrolle el proceso legal. Los republicanos han dicho que el plan de Obama equivale a una amnistía esencial para personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.
En respuesta al dictamen, la Casa Blanca dijo que la Corte Suprema y el Congreso han dejado en claro que el Gobierno federal puede fijar prioridades al hacer cumplir las leyes de inmigración, "que es exactamente lo que hizo el Presidente cuando anunció políticas de sentido común para ayudar a reparar nuestro quebrado sistema inmigratorio".