En respuesta a los actos agresivos cometidos por las autoridades policiales en las últimas semanas contra activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en huelga de hambre; las golpizas y los arrestos a integrantes del Movimiento San Isidro; el exilio forzado impuesto a los ciudadanos cubanos, convirtiéndolos en apátridas; los arrestos domiciliarios permanentes; y las campañas de desprestigio contra periodistas, artistas y disidentes, las 7 organizaciones abajo firmantes emiten la siguiente declaración:
“Estamos profundamente preocupados por el patrón continuo de represión contra las voces críticas que se expresan libremente sobre el actual status quo del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a poner foco con urgencia en la Isla. Las organizaciones internacionales, la prensa extranjera, los gobiernos democráticos y las embajadas presentes en La Habana deben monitorear rigurosamente las violaciones sistemáticas de derechos humanos, brindar asistencia a las y los defensores de derechos humanos que sufren abusos, y exigir respuestas fehacientes al Gobierno de Cuba. Existe una necesidad urgente de solidaridad con las víctimas y una posición internacional común frente a los abusos perpetrados por la Seguridad del Estado. Estos actos no pueden normalizarse ante los ojos de la opinión pública mundial.
El Gobierno cubano debe actuar de inmediato con responsabilidad y poner fin al asedio policial y a los ataques físicos dirigidos contra miembros de la UNPACU, quienes en respuesta han estado en huelga de hambre durante más de 20 días. Deben cesar las golpizas contra integrantes del Movimiento San Isidro y las aprehensiones de corta duración ejecutadas por agentes vestidos de civil contra estos y otros artistas, periodistas y disidentes. Es inaceptable que el Gobierno cubano haya convertido las casas de los activistas en cárceles permanentes y que continúe intimidando a sus emigrados con la condena a la apatridia. Las campañas de manipulación mediática desplegadas por los medios oficiales de prensa, que constituyen una incitación al odio y la violencia contra quienes disienten del sistema político, deben ser denunciadas con urgencia.”
Antecedentes.
El 20 de marzo, después de años de buscar una respuesta internacional a las graves violaciones de derechos humanos, el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer [1], y casi 50 de sus miembros iniciaron una huelga de hambre como última súplica a la Seguridad del Estado para poner fin al asedio contra la organización. A pesar del delicado estado físico y mental de los 31 activistas que llevaban 15 días de huelga, turbas organizadas por las autoridades cubanas apedrearon a Ferrer y su esposa, Nelva Ortega Tamayo, el 3 de abril. Las autoridades también cortaron el acceso a internet y a las telecomunicaciones e incluso han detenido a los hijos de quienes permanecen en huelga. A medida que el país enfrenta una crisis económica y humanitaria cada vez mayor, la UNPACU se ha convertido en un elemento básico en la comunidad, proporcionando alimentos y medicamentos difíciles de encontrar.
Durante el primer trimestre de 2021, la ola de represión también afectó a miembros del Movimiento San Isidro (MSI), un grupo de artistas que iniciaron su propia huelga de hambre en noviembre de 2020 y que se han manifestado abiertamente contra las restricciones a la libertad de expresión. En los últimos meses, la Seguridad del Estado ha utilizado tácticas que esencialmente han transformado las casas de los activistas en cárceles improvisadas, impidiéndoles abandonar las viviendas. Las detenciones arbitrarias a corto plazo, que implican violencia física y abuso mental, se han utilizado de manera desproporcionada como táctica para silenciar la disidencia. Luis Manuel Otero y Maykel Obsorbo, dos de los principales objetivos, frecuentemente han regresado a casa con hematomas, heridas en la piel y ropa rota.
Hemos visto arrestos que no duran más de unas pocas horas, los cuales son ejecutados por agentes encubiertos que no informan a sus víctimas ni documentan sus acciones en registros oficiales. El 5 de abril fueron detenidos en La Habana los activistas y periodistas Luis Manuel Otero, Héctor Luis Valdés, Esteban Rodríguez, María Matienzo, Kirenia Yailit y Manuel Cruz. En Camagüey, Bárbaro de Céspedes permaneció desaparecido durante varios días, luego de ser detenido en la puerta de una iglesia. Llevaba una cruz de madera con la inscripción "61 años de comunismo" como símbolo de protesta.
En otra instancia en la que el Gobierno cubano dio marcha atrás en sus compromisos de derechos humanos, a la periodista Karla Pérez González se le prohibió el ingreso al país el 18 de marzo. Al graduarse de la Universidad de Costa Rica, Pérez González había solicitado y recibido legalmente la documentación necesaria para regresar a Cuba. Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto de Panamá para realizar su vuelvo de conexión en el los funcionarios estatales informaron a los representantes de las aerolíneas que ella tenía prohibido ingresar a Cuba. Pérez González se vio obligada a retornar a Costa Rica, donde finalmente recibió refugio político. El gobierno cubano continúa intimidando a sus emigrados con la amenaza de prohibir el regreso a casa si ellos se pronuncian en contra de las políticas gubernamentales en el extranjero.
Además de los hechos antes mencionados, el Gobierno cubano ha renovado su estrategia de difamación mediática, la cual es desplegada por los medios estatales contra artistas, periodistas y activistas independientes. Este mecanismo busca frenar las posiciones críticas e intimidar a las víctimas y sus familias, al mismo tiempo que condena el apoyo internacional a las voces de la sociedad civil nacional, que son etiquetadas como "mercenarias" o "enemigas de la patria".
A nivel internacional, Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ni el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, el Gobierno cubano no ha extendido una invitación al Relator Especial de la ONU Sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que visita a los presos políticos, no ha podido ingresar a Cuba desde 1989. Cuba es también el único país de las Américas que Amnistía Internacional no ha podido visitar desde 1990, y es el único país con un espacio cívico cerrado en las Américas según CIVICUS Monitor, una plataforma en línea que registra violaciones de derechos cívicos a nivel mundial. Por último, en el recién publicado informe de 2021 “Libertad en el Mundo” de Freedom House, Cuba recibió la calificación de No libre, obteniendo 13 de 100 puntos posibles, la puntuación más baja de América Latina.
[1] Ferrer es uno de los líderes opositores más destacados de la isla. Sufrió un arduo período en las cárceles cubanas en 2019. Amnistía Internacional también reconoció con anterioridad a Ferrer como preso de conciencia mientras estuvo encarcelado de 2003 a 2011, cuando fue víctima de una ola de represión gubernamental contra los disidentes conocida como la "Primavera Negra"; 75 personas fueron condenadas a largas penas de prisión en virtud de la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.