La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobernante Frente Sandinista, aprobó el martes una reforma al Código Penal que permite enjuiciar y confiscar los bienes de personas u organismos nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos contra el Estado aún cuando se encuentren fuera del territorio nacional.
La iniciativa, enviada al Congreso unicameral por el presidente Daniel Ortega, fue aprobada en el plenario de forma unánime por 88 votos.
Estos cambios permitirán al gobierno de Ortega enjuiciar a nicaragüenses que no se encuentren en el país, incluyendo opositores exiliados o desterrados, y sentenciarlos con multas, confiscación de bienes y penas que van de seis meses a 30 años de cárcel, así como con la prisión perpetua en caso de delitos considerados graves.
Para el abogado nicaragüense Uriel Pineda, consultado por AP, el gobierno de Daniel Ortega busca con esta medida “legalizar las arbitrariedades que ya venía cometiendo, como la confiscación de propiedades” y, a la vez, “reforzar la estructura de represión, dándole un marco jurídico”.
En cambio, la diputada sandinista María Auxiliadora Martínez defendió que con la reforma “se está garantizando un sistema de normas coherentes” mediante “nuevos tipos penales que permitirán robustecer el sistema jurídico del país”.
Su colega del mismo partido, Edwin Castro, señaló que a partir de ahora “se autoriza el decomiso de los bienes de personas naturales o jurídicas”, nacionales o extranjeras, para “resarcir a la sociedad por el delito cometido”.
Con la reforma se modifican 27 artículos del Código Penal vigente, siendo el primero el referido al “principio de universalidad”, que establece que las leyes penales locales serán también aplicables a los nacionales o extranjeros que hayan cometido delitos fuera del territorio nicaragüense.
Al incluir a extranjeros como sujetos de juicio y cárcel, el gobierno podría procesar a más de 300 opositores nicaragüenses que en 2023 fueron despojados de su nacionalidad y han adoptado otras como la española, entre ellos, líderes políticos, conocidos intelectuales, artistas y defensores de derechos humanos.
Entre las 23 figuras penales establecidas figuran delitos contra el Estado, lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento, tráfico de drogas, de armas, de migrantes y de órganos humanos, así como delitos contra la administración pública, comercio de esclavos, falsificación de moneda, crimen organizado, delitos sexuales y ciberdelitos.
Según la reforma, las penas por esos delitos van desde multas, decomiso de bienes o activos y encarcelamiento.
La reforma sanciona también a quien en Nicaragua o desde el exterior “promueva, solicite o gestione sanciones o bloqueos económicos, comerciales y financieros” contra el Estado, sus negocios o sus funcionarios, para lo cual se impondrán penas de 10 a 15 años de prisión.
Este delito se castigará además con “la inhabilitación y la confiscación de bienes o activos delictivos o bienes de valor equivalentes”. Las penas aumentan hasta 30 años de cárcel para quien “incite, promueva, induzca, facilite o realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua”, delito por el que ya han sido juzgados cientos de opositores.
El mismo martes, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó en un informe sobre “el grave deterioro” de las libertades fundamentales en Nicaragua, donde el gobierno sigue “persiguiendo no solo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”.
Indicó que, en mayo pasado, 131 personas “consideradas como opositoras se encontraban bajo detención arbitraria” y que, de ellas, al menos 12 han sufrido “tortura y malos tratos en detención”. Entre los detenidos figuraban 27 sacerdotes católicos, que fueron posteriormente expulsados al Vaticano.
Durante la presentación del informe en Ginebra, el portavoz de ese organismo, Thameen Al-Kheetan, se refirió a la reforma al Código Penal y dijo que esta “agravará la situación” de miles de nicaragüenses exiliados. “Si esta ley se adopta se criminalizará más la disidencia, incluso en el caso de los que están exiliados y que enfrentan grandes dificultades”, advirtió horas antes de que la reforma fuese aprobada en Managua.
Con el nuevo texto penal, también se autoriza la intervención judicial y financiera de las empresas que hayan incurrido en delitos, así como el congelamiento de sus cuentas bancarias y la disolución total del negocio.
La reforma establece penas de uno a tres años de cárcel para el delito de “entorpecimiento de servicios públicos” y de tres a seis años en casos de “alteración del orden público”, como realización de protestas y manifestaciones, prohibidas en el país desde 2018.
El abogado Pineda consideró además que el cambio legislativo pretende “intimidar y disuadir de cualquier acción contra el régimen dentro o fuera de Nicaragua”, a fin de evitar “un posible estallido social” similar al ocurrido en 2018.
Pineda, quien también está exiliado y fue uno de los 316 nicaragüenses despojados de su nacionalidad en 2023, planteó que la reforma es “una reacción al proceso penal” que un grupo de abogados argentinos impulsan contra Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y varios funcionarios de su círculo más cercano, a quienes pretenden juzgar por crímenes de lesa humanidad y para quienes días atrás solicitaron que se emita una orden de captura internacional.
Nicaragua atraviesa una grave crisis sociopolítica a raíz de las protestas sociales que estallaron en 2018 y que fueron sofocadas con violencia por policías y paramilitares. La represión dejó al menos 355 muertos, 2.000 heridos, más de 1.600 detenidos y unos 100.000 exiliados.