Controles de precios en Cuba: propaganda estatal se ensaña con los negocios privados

La policía registra el cargamento de un vendedor de piñas / Foto: Desmond Boylan (Reuters)

El Gobierno cubano ha endurecido la persecución contra los negocios privados para controlar los precios. Las autoridades publican informes y muestran en redes sociales las medidas punitivas.

El Gobierno cubano ha multado a cientos de negocios privados en las últimas semanas por violar las medidas de topes de precios que impuso a inicios del mes pasado, y las autoridades se han asegurado de mostrar los controles y las medidas punitivas en redes sociales y la prensa oficial.

Imágenes compartidas en redes sociales por el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) dan cuenta de la ofensiva contra mipymes y pequeños negocios por vender a sobreprecio productos de alta demanda, como el pollo. El organismo estatal informa además sobre el cierre de puntos de venta a cuentapropistas que no tributaron en 2023.

Solo en La Habana, las autoridades informaron que impusieron en un día 422 multas, 259 de ellas asociadas a violaciones de precios. Además, obligaron a realizar 77 ventas forzosas de productos y cerraron cuatro locales por incumplir con una resolución sobre bancarización, que obliga a los negocios a disponer de todas las formas de pago (efectivo y tarjetas).

En medio de su peor crisis económica, el Gobierno cubano ha endurecido la persecución contra los negocios privados y otras formas de gestión no estatal con la excusa de proteger a la población de los “precios abusivos”. Las autoridades publican informes de las multas que han impuesto, así como fotos de los negocios penalizados, en Facebook y otras redes sociales con el objetivo de visibilizar la ofensiva, según dijeron expertos consultados.

El economista Pedro Monreal calificó la normativa como una “medida populista de dudoso resultado” que podría limitar aún más la capacidad de oferta en el país.

La nueva ofensiva gubernamental arrancó el pasado 8 de julio con la entrada en vigor de la Resolución 225 del 2024, que busca “contener los niveles de precios de determinados productos de alto impacto en la población”.

Desde entonces, el Gobierno y la prensa estatal no han dejado de publicitar que están llevando a cabo esos controles y castigando a quienes violen las reglas.

En Ciego de Ávila, las autoridades han impuesto más de 800 multas durante el último mes, la mayoría asociadas a violaciones de precios en las ventas de pollo troceado y leche, según un reporte del periódico Invasor.

Algo similar ocurrió en Villa Clara, donde 87 negocios privados fueron sancionados la semana pasada.

“Después dónde busca el pueblo los productos, porque el Estado y las empresas estatales no tienen de nada”, comentó en una publicación en Facebook sobre los controles un cuentapropista radicado en esa ciudad.

Para hacer cumplir las medidas, las autoridades no solo han movilizado a miles de inspectores, sino que han llamado a la ciudadanía a denunciar.

El Gobierno asegura que el tope de precios es fundamental para frenar la inflación, algo que no comparten la mayoría de los expertos.

Lee también Una cruzada contra el sector privado y su clientela, así se percibe en Cuba el tope de precios

“Aunque los precios bajasen en cierta proporción, difícilmente pasarían a ser asequibles para la población sin acceso a divisas. Casi todos los productos que se comercializan en Cuba son importados, por tanto, resulta muy improbable que el mercado de las mipymes sea para la demanda sustentada en salarios y pensiones, aun cuando sus precios bajen”, indicó el economista Omar Everleny en un artículo publicado por la agencia Inter Press Service (IPS).

Además de topar los precios del pollo y la leche en polvo, la Resolución 225 del 2024 también regula la venta de varios aceites comestibles, las salchichas, las pastas alimenticias y el detergente en polvo.