El Gobierno cubano endurecerá las sanciones al sector privado con la implementación de un nuevo decreto ley que entrará en vigor el 19 de septiembre próximo. La normativa contempla severas multas, cancelación de licencias y cierre de negocios, incluida la cancelación definitiva para ejercer el trabajo por cuenta propia, a quienes violen las regulaciones.
La ley faculta a inspectores provinciales y municipales y a agentes de la Policía para realizar inspecciones y aplicar las sanciones. Asimismo, aclara que las multas "podrían variar en función de la inflación existente en el momento de su imposición".
En casos que consideren "más graves", las autoridades pueden optar por la suspensión temporal o la cancelación definitiva de licencias, permisos y autorizaciones, lo que podría llevar al cierre de negocios y la paralización de equipos.
La nueva normativa incluye entre los casos "muy graves" emplear cuentas bancarias no establecidas en el negocio, incumplir normas higiénico-sanitarias con alimentos que reporten riesgos a la vida de las personas y promocionar en redes sociales o cualquier otro canal de comunicación "el ejercicio de actividades no autorizadas o actos contrarios a la ley, la moral o las normas y valores sociales".
Para el asesor de emprendimiento Marcelo Rodríguez Pita la nueva ley intenta subordinar "el emprendimiento privado al diseño e interpretación de las políticas del Gobierno”.
Como contravenciones graves, el listado incluye el incumplimiento en el uso de energía, violaciones de ciberseguridad, la falta de informes estadísticos, el empleo excesivo de personal, y el no uso de canales electrónicos de pago. También se penaliza el uso de locales no autorizados y la violación de disposiciones laborales.
En el caso de infracciones menores, mencionan la falta de documentos, no informar a las autoridades sobre cualquier modificación en el proyecto de trabajo o cambio de domicilio legal o lugar de ejercicio de la actividad.
En los últimos meses el Gobierno cubano ha endurecido la persecución contra los negocios privados y otras formas de gestión no estatal con la excusa de proteger a la población de los “precios abusivos”. La ofensiva ha traído consigo multas a dueños de mipymes y trabajadores por cuenta propia, el decomiso de mercancía y el cierre de establecimientos.
El Decreto-Ley 91/2024 forma parte de un conjunto de medidas económicas anunciadas por el Gobierno el pasado lunes para reforzar el control sobre el sector privado.
Las medidas contemplan la ampliación de la lista de actividades prohibidas o restringidas para mipymes, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia, así como la subordinación de estos a las pautas de las entidades estatales.
Según expertos consultados por Martí Noticias, el objetivo de las regulaciones no es otro que aumentar el control sobre la economía del país.
“Están convirtiendo el sector privado en Cuba, de por sí limitado, en un homólogo del sector empresarial estatal, en términos de libertad”, dijo a Martí Noticias el economista Miguel Alejandro Hayes.
El sector privado no solo enfrentará más restricciones, sino que también deberá regirse por las directrices de entidades estatales como el Ministerio de Finanzas y Precios. El control sobre el sector se verá reforzado con la creación de un Instituto Nacional de Actores no Estatales, que será dirigido por la exvicepresidenta del régimen cubano Mercedes López Acea.