La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, defendió este martes en el Parlamento Europeo el modelo de diálogo con Cuba desarrollado por el bloque comunitario desde la firma del acuerdo de cooperación con La Habana, pese a que persistan las "preocupaciones" por los derechos humanos.
La jefa de la diplomacia comunitaria dio cuentas al Parlamento Europeo (PE) de su visita a La Habana a principios de año y se mostró optimista sobre poder seguir avanzando en la colaboración con la isla a través del Consejo de Cooperación bilateral previsto en principio para mediados de mayo.
"El Consejo será la ocasión para lanzar nuevos ámbitos de cooperación claves", señaló Mogherini, que dijo que en ese encuentro con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, la UE volverá a mostrar su rechazo al embargo de Estados Unidos y sus "efectos negativos para la población cubana".
Entre otros asuntos a tratar en la cita, apuntó la energía renovable, la agricultura sostenible y la cultura.
Asimismo, señaló que el Consejo de Cooperación será una buena oportunidad para insistir en el diálogo reforzado por los derechos humanos, un asunto, apuntó, que sigue "preocupando" a la UE.
Mogherini consideró que pese a que existen "diferencias" entre las autoridades cubanas y las instituciones europeas "debe seguir aprovechándose la oportunidad del diálogo" y la nueva fase abierta entre la Unión y La Habana tras la firma el año pasado de un acuerdo de cooperación que puso fin a la posición común.
Durante el debate con los eurodiputados, los grupos de la Izquierda de la Eurocámara criticaron que se haya celebrado el intercambio de opiniones en el hemiciclo antes de la celebración del Consejo de Cooperación.
"No entiendo muy bien la insistencia de algunos grupos por celebrar en este pleno este debate", señaló la eurodiputada del PSOE Elena Valenciano, un comentario en el que coincidió su compañero de filas Ramón Jáuregui y el eurodiputado de En Común Podem, Ernest Urtasun.
"La voluntad de la UE sigue por el diálogo constructivo con La Habana. Está claro que no puede cambiar todo tan rápido, pero debemos seguir construyendo la relación para el objetivo más importante que es mejorar la vida de los cubanos", afirmó la eurodiputada socialista Valenciano.
Eurodiputados piden cambios en Cuba para seguir diálogo
Por su parte, los eurodiputados conservadores y liberales, defensores de la celebración del debate antes de nuevos acontecimientos, criticaron que continúe el diálogo sin consecuencias con La Habana pese a la falta de respeto a los derechos humanos que consideran existe en la isla.
En ese sentido, según el eurodiputado del PP (centroderecha) Luis de Grandes, "el régimen cubano sigue utilizando las detenciones arbitrarias y los despidos a funcionarios para silenciar las críticas".
Subrayó además que "a pesar de la supuesta apertura de Cuba al mundo, la isla mantiene la censura en internet, así como restricciones indebidas al acceso a la información y a la libertad de expresión".
Para su compañero de partido Francisco Millán Mon, "los cambios en los altos cargos deberían impulsar cambios políticos y económicos en Cuba", unos cambios que "la aproximen a los principios y estándares que los europeos consideramos universales".
"Me refiero a la democracia pluripartidista, al respeto de los derechos fundamentales, al Estado de Derecho, al Estado social", mencionó, entre otros principios, Millán Mon.
Por su parte la diputada Teresa Jiménez Barbat (Ciudadanos) criticó que Mogherini no se entrevistará con presos políticos durante su viaje a La Habana.
La Unión Europea y Cuba cuentan desde noviembre de 2017 con el primer marco legal para regular sus relaciones en vigor, un acuerdo de diálogo político y cooperación que entró en vigor provisionalmente y que marca el fin del aislamiento de La Habana como el único país de la región con el que la UE no tenía aún un pacto bilateral.
Su firma, el pasado 12 de diciembre por Mogherini y por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, supuso además el punto y final de la "posición común", la política unilateral y restrictiva que imponía la UE a la isla desde 1996 y que vinculaba todo avance en la relación bilateral a que hubiera progresos en democratización y derechos humanos en el país.
(EFE)