El Estado de Florida ha sido demandado por un grupo de ciudadanos de origen chino que, junto a la empresa inmobiliaria Multi-Choice Realty, consideran “discriminatoria” la Ley SB 264, firmada por Ron De Santis, gobernador del Estado, el pasado 8 de mayo, según dijeron en un comunicado.
La ley en cuestión, extensiva a otros seis países, limita a personas originarias de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte la posibilidad de comprar propiedades inmuebles en áreas consideradas de riesgo como centrales eléctricas, puertos y aeropuertos, entre otros, y entraría en vigor el próximo 1º de julio, precisa un reporte de EFE.
“La ley prohíbe que las personas "domiciliadas" en China que no sean ciudadanos estadounidenses o titulares de una tarjeta de residencia posean edificios o terrenos en Florida”, y en lo referente a los otros seis países, limita, según Reuters, “poseer propiedades a menos de 16 km de cualquier instalación militar o instalación de ‘infraestructura crítica’, como una central eléctrica, un aeropuerto o una refinería”, apuntó, por su parte, la agencia de noticias Reuters.
La demanda se basa en que “la SB 264 ampliará la discriminación respecto a la compra de vivienda contra las personas de ascendencia asiática en violación de la Constitución y la Ley de Vivienda Justa”, detalla el comunicado.
El gobernador De Santis justificó dicha Ley como “un intento por reducir la influencia en EE.UU. y Florida de esos países”, recordó EFE.
Los demandantes están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el despacho de abogados De Heng Law Offices PC y el Fondo de Educación y Defensa Legal Asiático-Estadounidense (Aaldef, en inglés), en coordinación con la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (Calda).
La ACLU declaró que la ley viola las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos que garantizan la igualdad de protección y el debido proceso. El grupo dijo que la ley estatal también viola la Ley Federal de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la vivienda basada en la raza y el origen nacional, explicó Reuters.
Desde el punto de vista de ACLU, “la ley viola las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos que garantizan la igualdad de protección y el debido proceso". El grupo dijo que la ley estatal también viola la Ley Federal de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la vivienda basada en la raza y el origen nacional.
La demanda compara la ley de Florida con una serie de "leyes de extranjería" que los estados de EE.UU. adoptaron a principios del siglo XX y que prohibían a los inmigrantes chinos y japoneses poseer tierras. Los tribunales anularon la mayoría de esas leyes en la década de 1950, aunque una ley en Florida se mantuvo en los libros hasta 2018, cuando los votantes aprobaron una medida electoral para derogarla", concluyó Reuters.